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Full text of "Boletín Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales 2012"

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Peritaje antropológico en México: 
Reflexiones teórico metodológicas y experiencias 


2012 


ISSN 2007 _ 2414 


n 

Colegio de Etnólogos 
y Antropólogos Sociales, A.C. 




Boletín 

Colegio de Etnólogos 
y Antropólogos Sociales, A.C. 



Peritaje antropológico en México: 
Reflexiones teórico metodológicas y experiencias 




Directorio 

Consejo Directivo 2011-2013 
Presidencia 

María Antonieta Gallart Nocetti 
Vicepresidencia 
Ludka de Gortari Krauss 
Secretaría de Organización 
Pedro Bracamonte y Sosa 
Secretaría de Organización Suplente 
Jorge Antonio Andrade 
Coordinación Técnica 
Andrés Latapí Escalante 
Coordinación Técnica Suplente 
Alejandra Toríz de la Rosa 
Tesorera 

Teresa Rojas Rabiela 
Subtesorera 

Ma. Guadalupe Escamilla Hurtado 
Consejo de Vigilancia 
Carmen Bueno Castellanos 
Laura R. Valladares de la Cruz 


Comité Editorial 

Rodrigo Díaz Cruz (UAM- 1.) 

Juan José Pujadas (U Rovira i Virgili-España) 
Gustavo Lins Ribeiro (U Brasilia-Brasil) 

Esteban Krotz K (UAdY, Yucatán) 

Antonio Escobar Ohmstede (CIESAS-DF) 

Ma. Guadalupe Escamilla Hurtado (CGEIB-SEP) 
Juan Luis Sariego (Enah-Chihuahua) 

Hernán Salas Quintal (IIA-UNAM) 

Carmen Bueno Castellanos (UIA) 

Andrew Roth Seneff (COLMICH) 

Laura R. Valladares de la Cruz (UAM-1) 


Este número es publicado gracias al aporte de la Coordi¬ 
nación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, el Departamento de Antropología 
de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, el 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antro¬ 
pología Social (CIESAS) y el Colegio de Etnólogos y Antro¬ 
pólogos Sociales, AC. 


Portada: Valentina Glockner Fagetti, Serie Vida y Muerte 
en la Montaña de Guerrero, ganadora del I concurso de fo¬ 
tografía del Departamento de Antropología de la UAM- E 
Responsables del número: Laura R. Valladares de la Cruz y 
Ana Hilda Ramírez Contreras. 

Fotografías: Valentina Glockner Fagertti (Series Vida y Muerte 
en la Montaña de Guerrero y Proyecto Corazón Nómada con 
niños indígenas migrantes) y Antonio Zirión ( Series India y 
Segundo piso); Archivo fotográfico UAM-1. 

Diseño y Formación: Coordinación Nacional de An- 
tropología-INAH. 

Producción: Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 
Impresa en: México, D.F., por Difusión Empresarial. 
Dirección: Tenorios 298, Edif. Olivo A-104, Colonia Granjas 
Coapa, Del. Tlalpan, México, D.F., CP. 14330. 

Boletín Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales A.C., 
Enero-Diciembre 2012, es una publicación anual editada 
por el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C., 
Juárez 87, Colonia Tlalpan. Delegación Tlalpan, CP 14000, 
México, DF. http://www.ceas.org.mx/, colegioetnologosyan- 
tropologos@gmail.com, Editor Responsable: Laura Raquel 
Valladares de la Cruz. 

Reservas de derecho 04-2011-041411135100-106 
ISSN 2007 _ 2414 

Este número se terminó de imprimir el 1 de abril de 2012, 
con un tiraje de 500 ejemplares. 


Se autoriza la reproducción parcial de los materiales publicados, siempre y cuando se haga con fines estrictamente académicos, 
no comerciales y se cite la fuente. 


Indice 


Presentación 5 

María Antonieta Gallart Nocetti y Laura R. 

Valladares de la Cruz (CEAS) 


La importancia del peritaje cultural: avances, 11 

retos y acciones del Colegio de Etnólogos y 
Antropólogos Sociales AC (CEAS) para la 
certificación de peritos 

Laura R. Valladares de la Cruz (UAM-I) 


Justicia, peritaje antropológico y normatividad 21 

Ana Hilda Ramírez Contreras (ENAH) 

Ética y Verdad. La antropología frente al - u 

positivismo jurídico 

Yuri Escalante Betancourt (To Catía AC) 

Untica al ejercicio del peritaje antropológico T7 

en Chihuahua. ¿Afirmación o negación del 
pluralismo jurídico en nuestras peritaciones? 

Víctor Hugo Villanueva Gutiérrez (ENAH- 
Chihuahua) 


Diplomados en peritaje antropológico, siete 
años de experiencia 

Gloría Santos Ortiz (CNA-INAH) 

57 


Bibliografía básica sobre Peritaje Antropológico 

65 

SECCIÓN DOCUMENTAL 

Peritajes y Tribunal Permanente de los 

Pueblos (TPP) 

Asunto: Violación de una indígena Me’phaa 
por miembros del Ejército Mexicano 

Presentado ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos 

Rosalva Aída Hernández Castillo y Héctor Ortiz 

Elizondo 

67 


Asunto: Sobre la organización comunitaria 82 

de los residentes triquis de la Candelaria en 
la Ciudad de México y el mantenimiento del 
orden 

Presentado ante el Juez Quincuagésimo Sexto 
Penal, DF 

Yuri Escalante Bentancourt 


Asunto: Defensa del pueblo Temacapulín, 87 

Jalisco en contra de la construcción de la Presa 
El Zapotillo, en el estado de Jalisco 
Presentado en el Juicio de Amparo del Pueblo 
Temacapulín. 

Anahí Copitzy Gómez Fuentes 

Asunto: Acusación por delito ambiental en la 101 
modalidad de corte, arranque, tala de árboles 
contra un campesino y un indígena rarámuri 
del estado de Chihuahua 

Presentado ante el Juez de Distrito del Estado de 
Chihuahua 

Víctor Hugo Villanueva 

Asunto: Vigencia del sistema de impartición —m 

de justicia en el ejido Nueva Vida, municipio 
de Calakmul, Campeche, sustentado en su 
Reglamento Interno 

Presentado ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

Ana Hilda Ramírez Contreras 


Nota: Tribunal Permanente de los Pueblos 111 

Indígenas (TPP), Capítulo México, se reúne en 
Chiapas 

Carmen Cariño Trujillo 




Eventos de Antropología en 2012-2013 

114 















































Presentación 


María Antonieta Gallart Nocetti 
Presidenta del CEAS, 2011-2013 

colegioetnologosyantropologos@gniail.com 

Laura R. Valladares de la Cruz 

lauravalladares.delacruz@gmail.com 

(Departamento de Antropología UAM-I) 

Para el Colegio de Etnólogos y Antropólogos es un enorme gusto presentar 
este nuevo número del Boletín, que verá la luz en el año que se celebrará 
el II Congreso Nacional de Antropología Social y Etnología. Con sede en 
Morelia, Michoacán, que reunirá a la comunidad antropológica de todo el 
país a debatir, del 26 al 28 de septiembre de este año 2012, sobre el tema 
Soberanías negociadas en las cotidianidades del siglo XXI. Fue en el marco 
del I Congreso que se acordó que el Colegio de Michoacán, junto con el 
CEAS y la Red Mexicana de Instituciones Formadoras de Antropólogos 
(RedMifa) convocarían al segundo Congreso. Estamos seguras que ten¬ 
dremos un Congreso magnífico tanto por la amplia convocatoria como 
por la diversidad de colegas y temas que se abordarán. Esperamos que los 
Congresos encabezados por el CEAS se constituyan por muchos años más 
como un espacio de encuentro, discusión y reflexión para los estudiosos y 
profesionales de la Antropología Social y la Etnología en nuestro país. 

Como resultado de aquel primer congreso, publicamos el Boletín del CEAS 
correspondiente al año 2011, que estuvo dedicado a difundir algunas de las 
Conferencias magistrales presentadas en esa ocasión, cuando fue convoca¬ 
do bajo el tema de Nuevas Epistemologías en Antropología. 

En esta ocasión, el Boletín está dedicado a la temática del peritaje cultural, 
que en las últimas dos décadas se ha convertido en una actividad signifi¬ 
cativa para los profesionistas de todas las disciplinas de la antropología. 
Aunque para la Arqueología y la Antropología Física, la actividad pericial 
tiene ya una trayectoria muy consolidada, no es así aún para la Lingüística, 
la Etnohistoria y la Antropología Social. En virtud de ello, el CEAS inició, 
desde esas mismas fechas, sus esfuerzos por difundir y acercarse a otras 
experiencias de las antropologías latinoamericanas que tienen una mayor 


Año 2012 • 5 



María Antonieta Gallart Nocetti y Laura R. Valladares de la Cruz 


experiencia en este campo. En nuestro 
caso, los avances han sido modestos si 
consideramos la enorme cantidad de 
procesos jurídicos en donde se hace 
necesaria la participación de los an¬ 
tropólogos. 

Así, con el objetivo de difundir las 
reflexiones y las experiencias que 
en este campo han acumulado los 
antropólogos sociales, etnólogos e 
historiadores, es que convocamos a 
un grupo de especialistas para que 
escribieran artículos que nos permi¬ 
tiera mostrar un panorama que die¬ 
ra cuenta de diferentes experiencias 
disciplinares tanto en sus aspectos 
teóricos y metodológicos como en el 
análisis de casos particulares en donde 
la perspectiva antropológica ha sido 
requerida como parte de los elemen¬ 
tos de juicio. Así, logramos reunir 
cinco artículos y cinco peritajes que 
nos mostrarán el estado del arte de la 
práctica pericial, en el ámbito antro¬ 
pológico en México. 

El primer artículo fue escrito por 
Laura R. Valladares, quien presenta 
una introducción sintética a lo que es 
el peritaje, su pertinencia y los retos 
para formar peritos que enfrentan 
las universidades, institutos de investigación y los colegios profesionales. 
Da cuenta también del papel que tienen los colegios profesionales en la 
capacitación y certificación de peritos ante la Dirección General de Pro¬ 
fesiones de la Secretaría de Educación Pública, y de los avances que en 
esta materia ha logrado el CEAS. En este trabajo, la autora sostiene que 
la práctica del peritaje tiene la potencialidad de emprender un diálogo 
entre sistemas jurídicos coexistentes: el occidental y los indígenas, en un 
horizonte que lleve a construir una sociedad más democrática y respe¬ 
tuosa de los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país. El segun¬ 
do artículo intitulado “Justicia, peritaje antropológico y normatividad”, 
su autora, Ana Hilda Ramírez Contreras, reflexiona sobre las nociones 
de justicia, poder y Estado, señalando la relatividad de la justicia, pues 



V. Glockner. Proyecto Corazón nómada con los niños migrantes. 


6 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Presentación 


ésta depende de los contextos socio históricos particulares y de los siste¬ 
mas normativos existentes. Retoma las reflexiones que desde la Grecia 
antigua hasta filósofos contemporáneos han discutido sobre la justicia. 
Esta introducción le sirve a la autora para afirmar que la justicia como 
valor y como principio que postula “dar a cada quien lo que merece” es 
difícil de alcanzar; es en este contexto que ubica la normatividad existen¬ 
te sobre derechos indígenas y el papel del peritaje como un medio para 
procurar justicia, y si bien afirma su reducido impacto, reconoce que el 
peritaje antropológico podría contribuir a la impartición de justicia en 
contextos pluriculturales. 

El tercer artículo es de Yuri Escalante Betancourt, etnohistoriador, con 
una amplia experiencia en la elaboración de peritajes en el campo de 
la Antropología Jurídica en México. Su texto reflexiona sobre los al¬ 
cances del peritaje y la forma como nuestros saberes antropológicos se 
enfrentan a una estructura de procuración de justicia poco sensible y 
abierta para reconocer prácticas culturales y sistemas de justicia indíge¬ 
nas. Presenta una fuerte crítica a las expectativas positivas que se tienen 
frente a los peritajes, basado en su experiencia como perito y afirma que 
han sido pocos significativos los avances para procurar justicia en clave 
multicultural. 

Un cuarto artículo fue escrito por Víctor Plugo Villanueva, del INAH 
Chihuahua, quien se inició en este campo al lado de Augusto Urtea- 
ga(jj quien, como sabemos, tuvo un papel muy importante en ese estado 
norteño tanto en el estudio, como en la lucha por el reconocimiento de 
los derechos de los pueblos indígenas. En este sendero de estudios sobre 
derechos colectivos, sistemas jurídicos y elaboración de peritajes, Víctor 
Plugo realiza una revisión crítica sobre la práctica pericial en Chihuahua 
y, a partir de ello, construye una tipología atendiendo a las posturas teó¬ 
ricas y metodológicas mostrando también los límites epistemológicos de 
la praxis pericial. 

El quinto artículo del Boletín es el texto de Gloria Santos quien da cuenta 
de los esfuerzos del INAH en materia pericial y, como nos muestra, es la 
institución que ha tenido el trabajo más constante y amplio en materia 
de peritaje antropológico en México, tanto por la elaboración de peri¬ 
tajes como por los Diplomados, Seminarios y Coloquios que promueve 
anualmente. Entre ellos sobresale el Diplomado Peritaje en Ciencias An¬ 
tropológicas, que este año 2012, inicia su VI promoción. Como parte del 
diálogo interinstitucional, vale la pena señalar que el CEAS ha convocado 
a la Coordinación Nacional de Antropología del INAH a formar parte del 
Comité de Peritaje del CEAS, que será la instancia encargada de certificar 
a los antropólogos formados como peritos culturales. 


Año 2012 • 7 



María Antonieta Gallart Nocetti y Laura R. Valladares de la Cruz 


Para cerrar esta sección de artículos sobre peritaje hemos incluido una 
bibliografía básica que consideramos relevante para los interesados en las 
pericias culturales. 

La segunda parte del Boletín está constituida por cinco peritajes elaborados 
en años recientes por diferentes antropólogos. Esta sección es de enorme 
importancia, en tanto que en ellos podemos darnos cuenta de los campos, 
materias, jurisdicciones, etnias y problemáticas en donde los peritajes han 
formado parte de los procesos de procuración de justicia para los pueblos o 
personas de origen indígena. Así, por ejemplo, el primer peritaje fue elabora¬ 
do por Aída Hernández y Héctor Ortiz a solicitud de la Corte Interamerica- 
na de Derechos Humanos (CIDH) sobre la violación de una mujer me’phaa 
por elementos del ejército y, a diez años de la agresión, la Corte obligó al 
Estado Mexicano a ofrecer una disculpa pública a Inés por los agravios y 
la violación de sus derechos humanos fundamentales, y a reconocer la vio¬ 
lencia estructural castrense como parte de las responsabilidades del Estado 
mexicano en estos hechos. Vale la pena recordar que es la tercera ocasión, 
en los últimos seis meses, en que el Estado mexicano es conminado por una 
instancia internacional a reconocer su responsabilidad en las violaciones a los 
derechos de los indígenas. La primera ocurrió en noviembre de 2011 cuando 
también en el estado de Guerrero, el Estado aceptó su responsabilidad en 
la desaparición forzada del activista y líder comunitario Rosendo Radilla, 
desparecido por las fuerzas militares en el año de 1974, en el contexto de la 
llamada “guerra sucia”, periodo en que el gobierno mexicano persiguió a 
movimientos sociales y a sus líderes. Así mismo, en diciembre del año 2011, 
el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré reconoció la responsabili¬ 
dad estatal por la violación tumultuaria por parte de militares, en el año de 
2002, a Valentina Rosendo Cantú, indígena mepha’a también de Guerrero 
a quien, además, le fue negada la asistencia médica y la protección legal. En 
todos estos casos, la defensa de derechos ante instancias nacionales e interna¬ 
cionales ha sido acompañada con la presentación de peritajes antropológicos 
lo que da cuenta de su relevancia. 

El segundo peritaje fue presentado ante el juez quincuagésimo sexto de lo 
penal en el D.F., y fue elaborado por Yuri Escalante en el año 2001, en oca¬ 
sión de un conflicto ocurrido en el predio conocido como La Candelaria, 
localizado en la zona de la Merced de la ciudad de México. En donde, por 
acuerdo de la Mesa Directiva de la vecindad, los moradores triquis detuvie¬ 
ron a un vecino por los problemas que ocasionaba en estado de ebriedad, 
sin embargo, las autoridades policíacas acudieron al lugar y acusaron a los 
habitantes del predio por la detención “arbitraria” de su vecino y paisano. 
En este escenario Yuri Escalante demuestra con su peritaje que los triquis de 
la Candelaria, como en otros asentamientos citadinos, reproducen algunas 
instituciones tradicionales de sus comunidades de origen, en este caso que se 


8 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Presentación 


trata de los sistemas normativos, la organización “comunitaria” y la fonna 
en que resuelven los conflictos que se presentan en su lugar de residencia. 
El peritaje da cuenta al juez de la reproducción de la identidad y de algunas 
formas organizativas, que como indígenas tienen derecho a reproducir, en 
una ciudad que desde hace décadas es su lugar de residencia. 

El tercer peritaje es presentado con el objetivo de fortalecer la defensa del 
pueblo Temacapulín, Jalisco en contra de la construcción de la Presa El 
Zapotillo, en el mismo estado y fue incoiporado como una de las pruebas 
periciales en el Juicio de Amparo que este pueblo inteipuso para detener 
la construcción de la presa y su concomitante desplazamiento. Este peri¬ 
taje fue elaborado por Anahí Copitzy Gómez Fuentes, estudiosa de temas 
hidráulicos en el país, quien en un detallado texto narra, en términos histó¬ 
ricos, étnicos e identitarios, la importancia del territorio para los habitantes 
de este poblado. En el peritaje, la antropóloga da cuenta de los efectos 
sociales, económicos, psicológicos y culturales que tiene la relocalización 
de personas con motivo de la construcción de mega proyectos como éste. 
Señala así mismo, que la Comisión Nacional del Agua (CNA) carece de 
un proyecto integral de restitución de daños, que incluya las afectaciones 
psicológicas, sociales, culturales, históricas, económicas, ambientales, eco¬ 
lógicas y de conservación del patrimonio histórico, colectivo y personal de 
cada uno de los afectados y del pueblo de Temacapulín. Pues, se afirma, 
que todos estos daños serían causados por la eventual construcción de la 
presa y el llenado del embalse, lo que implicaría la inundación de impor¬ 
tantes extensiones de terreno y la desaparición del poblado mismo. 

El cuarto peritaje fue elaborado por Víctor Plugo Villanueva y se presentó 
ante el Juez del VIII Distrito del Estado de Chihuahua y responde a una 
demanda penal por un delito ambiental en contra de un campesino y un 
indígena rarámuri acusados por el delito de corte, arranque y tala de al¬ 
gún a algunos árboles. Este peritaje parte de explicitar a la autoridad la 
importancia que tiene el territorio para los implicados en este proceso, no 
solamente en términos de uso tradicional de los recursos de su entorno, 
sino también como parte de los derechos que los pueblos indígenas tienen 
en sus territorios. Para sustentar su peritaje en términos mucho más am¬ 
plios que los etnográficos, el autor recurre a la legislación que existe a nivel 
internacional y nacional, en esta materia. 

El quinto y último peritaje que se recoge en este Boletín, fue elaborado por 
Ana Hilda Ramírez y se trata de un documento que fue solicitado por la 
Comisión Estatal de Derechos Plumanos del estado de Campeche quien 
investigaba la expulsión de un integrante del ejido Nueva Vida, localizado 
en el municipio de Calakmul, en ese estado. Vale la pena adelantar algu¬ 
nos datos del caso, el conflicto inicia cuando Guillermo Mendoza López, 


Año 2012 • 9 



María Antonieta Gallart Nocetti y Laura R. Valladares de la Cruz 


acusó de su expulsión al Ayuntamiento de Calakmul, específicamente al 
Sr. Rosendo Reyes Rueda, Agente Municipal del Ejido Nueva Vida. El 
caso es interesante porque la C.EDH solicitó a la perito que explicara si den¬ 
tro del ejido existe alguna normatividad interna que prevea la expulsión 
de algunos de sus miembros por faltas mayores. De esta forma, el peritaje 
mostró la importancia que se daba al Reglamento Interno del Ejido y a las 
Asambleas Comunitarias en la construcción de normas que permiten la 
convivencia armónica en este ejido de reciente creación y de composición 
pluriétnica. Resulta de enorme importancia que los cuestionamientos he¬ 
chos a la perito no partieran del hecho de que se vulneraba un derecho 
individual a un implicado, sino que discurrieron sobre la importancia de la 
colectividad, la identidad y los acuerdos colectivos de ese asentamiento, lo 
cual nos parece un avance enorme en términos de lo que las autoridades 
podrían cuestionar a un antropólogos desde la lógica de una comunidad y 
su cultura y no desde la lógica del derecho positivo. 

Cierra este dossier con una nota preparada por Carmen Cariño Trujillo 
sobre la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que se reunió 
en México, en el estado de Chiapas, los días 7 y 8 de marzo de 2012, para 
llevar a cabo una Audiencia temática sobre feminicidios y violencia contra 
las mujeres. Se trató de una reunión de enorme importancia, pues desde el 
año 2009 diversas organizaciones sociales, civiles, defensores y defensoras 
de derechos humanos, académicos (as) y personas en lo individual impul¬ 
saron la sesión en México en colaboración con la Fundación Lelio Basso 
de Italia, quien tiene a su cargo la continuidad del TPP en cualquier parte 
del mundo. Para el caso del capítulo México, el TPP tiene como finalidad 
visibilizar la situación de violencia estructural imperante nuestro país, así 
como sus múltiples expresiones. 

Como se podrá leer, las solicitudes de pruebas periciales en antropología 
están siendo requeridas por instancias internacionales, jueces o abogados 
en juicios de amparo y comisiones de Derechos Humanos, por lo que di¬ 
fundir estas experiencias seguramente estimulará a la academia, a las uni¬ 
versidades y a todos los interesados en construir escenarios de pluralismo 
jurídico a tomar acciones desde sus respectivos nichos para fortalecer la 
práctica del peritaje cultural, pues estamos convencidas de que las pruebas 
periciales pueden contribuir a la construcción de una nación y un Estado 
en donde el respeto de los derechos humanos fundamentales y de los dere¬ 
chos colectivos sean la regla y no la excepción. 

Sirva este número del Boletín del CEAS como un granito de arena para 
el debate entre todos los interesados en construir un mejor país, que con 
enormes dificultades exige y merece vivir en democracia y con pleno res¬ 
peto a sus derechos fundamentales. 


10 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



La importancia del peritaje cultural: avances, 
retos y acciones del Colegio de Etnólogos y 
Antropólogos Sociales, A.C. (CEAS) para la 
certiñcación de peritos 

Laura R. Valladares de la Cruz 

lauravalladares.delacruz@gmail.com 
(Departamento de Antropología, UAM-I) 


Introducción 

En este trabajo me interesa reflexionar sobre el 
papel que tiene el peritaje cultural como herra¬ 
mienta que permite entablar una relación dialó¬ 
gica entre el derecho positivo y los sistemas nor¬ 
mativos indígenas, así como en la construcción 
de una sociedad respetuosa de la diversidad cul¬ 
tural. 1 Argumentaré que si bien el peritaje es una 
de las pruebas que se incorpora en el expediente 
del o los inculpados indígenas cuando están suje¬ 
tos a un proceso judicial, su objetivo fundamen¬ 
tal es brindar información al juzgador sobre la 
importancia que tiene la diferencia cultural en el 
entendimiento de un caso específico. 

El peritaje cultural tiene, además, otro papel rele¬ 
vante en tanto que coadyuva a la construcción de 
procesos de procuración de justicia en condiciones 
de mayor equidad para los pueblos indígenas y sus 
miembros, y contribuye de igual manera a crear 
escenarios de pluralismo jurídico. Con el objetivo 
de desarrollar esta argumentación iniciaré presen- 


1 En el sentido de que busca una nueva construcción de la rea¬ 
lidad y de las relaciones sociales. Partimos de considerar que la 
realidad es una construcción humana. Los significados dependen 
de las interacciones humanas y, por tanto, construir una nueva 
realidad basada en el entendimiento entre culturas diferentes, 
debe partir de la voluntad de entablar relaciones dialógicas. 


tando de manera muy breve en qué consiste el pe¬ 
ritaje cultural, cuál es el marco jurídico que lo re¬ 
conoce, cuándo es pertinente elaborar un peritaje 
y apuntaré algunos de los retos a que se enfrentan 
los especialistas cuando elaboran peritajes cultu¬ 
rales. Por último, daré cuenta de cuáles son los 
avances que el CEAS tiene en el proceso de capaci¬ 
tación, nombramiento y certificación de peritos en 
tanto que el artículo 50 de la Ley Reglamentada 
del Artículo 5 o Constitucional, relativo al ejercicio 
del las profesiones en el DF, otorga a los Colegios 
Profesionales dicha competencia. 

Del peritaje y cómo se aborda en la 
antropología 

Iniciaré señalando que la figura de perito en an¬ 
tropología tiene referentes desde hace, por lo me¬ 
nos, década y media en diferentes países y se le 
conoce con diferentes denominaciones: expertaje 
en Guatemala, peritazgo en Colombia, pericia en 
Argentina, laudo en Uruguay y expert testimony 
en Estados Unidos. Independientemente de su 
nombre, la labor del especialista que interviene 
en un proceso judicial es proporcionar un medio 
de prueba que permita hacer patente un hecho 
o circunstancia que se considera obscuro , 2 en 


2 Los peritajes tienen como una de sus potencialidades entablar 


Año 2012 • 11 



Laura R. Valladares de la Cruz 


este caso la relevancia de la cultura o los sis¬ 
temas jurídicos indígenas para entender con 
mayor amplitud una acción presuntamente 
delictiva. Hernando Devis nos dice: 

Es decir, el peiitaje es una actividad proce¬ 
sal desarrollada en \irtud de encargo judi¬ 
cial, por personas distintas de las partes del 
juicio, especialmente caliñcadas por sus co¬ 
nocimientos técnicos, artísticos o cientíñcos, 
mediante la cual se suministra al juez argu¬ 
mentos o razones para la formación de su 
convencimiento respecto de ciertos hechos 
cuya percepción o cuyo entendimiento esca¬ 
pa a las aptitudes de las gentes, ('citado por 
Ortiz, 2000:13). 

El peritaje tiene varias funciones: como “medio” 
(entre un objeto desconocido y quien pretende en¬ 
tenderlo) y como “prueba” que supone mecanis¬ 
mos, técnicas o métodos concretos aplicados a un 
hecho o suceso específico, por un especialista en 
alguna ciencia, arte u oficio, mediante los cuales se 
busca demostrar una hipótesis propuesta y se tra¬ 
duce en “prueba plena” cuando, en la sentencia, 
el juez así lo considera. (Ortiz, 2000). 

Además de estas funciones, se puede señalar que 
el peritaje antropológico puede constituirse, y 
de hecho en algunos casos lo ha logrado, como 
un saber situado en la frontera entre la jurici- 
dad positiva y las tradiciones indígenas, lo que 
sin duda allana el camino para un entendimiento 
intercultural inteligible y, por lo menos, menos 
injusto entre los pueblos indígenas y la sociedad 
nacional. 

Podemos enmarcar al peritaje en el campo de la 
antropología aplicada, con la particularidad de 


y abrir espacios al entendimiento intercultural, de diálogo entre 
dos sistemas de derecho y por supuesto la defensa de los indígenas 
por su condición de subordinación frente a los aparatos de justicia 
y ante la ley. 


que esa especialidad no tiene como objetivo “di¬ 
señar proyectos de cambio cultural dirigido” a los 
pueblos indígenas, como tradicionalmente lo ha 
hecho esta subdisciplina sino, como diría Héctor 
Ortiz, se trata de cambiar nuestra propia socie¬ 
dad. Se estaría intentando sensibilizar y dialogar 
con los impartidores de justicia, jueces, magistra¬ 
dos, ministerios públicos y abogados, sobre la im¬ 
portancia de la diferencia cultural en los procesos 
penales y en la vida cotidiana de las comunidades 
y pueblos indios. Se busca pues que el discurso 
de pluralidad presente en las últimas administra¬ 
ciones gubernamentales mexicanas se traduzca en 
una práctica no de “tolerancia” sino de relaciones 
interculturales basadas en el respeto y la equidad. 

Ahora bien, la discusión acerca del peritaje an¬ 
tropológico es muy reciente en el ámbito de la 
antropología social en México y ha estado muy 
vinculada al proceso de reconocimiento de dere¬ 
chos colectivos a los pueblos indígenas, así como 
a las modificaciones en las reglamentaciones rela¬ 
cionadas con los procesos de procuración y admi¬ 
nistración de justicia institucional tanto a nivel fe¬ 
deral como local. En éste último ámbito podemos 
mencionar entre los más relevantes la firma del 
Convenio 169 de la OIT, en 1990; la reforma al 
párrafo primero del artículo cuarto constitucional 
en 1992; la reforma al artículo 2 o de la Constitu¬ 
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
agosto de 2001 y la aprobación de la Declaración 
de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indíge¬ 
nas, en septiembre del 2007. 

Quisiéramos recordar que desde el año 1989 se 
inició en México un abundante proceso de modi¬ 
ficaciones a las constituciones locales, a diversos 
códigos y leyes, en materia indígena. Las que nos 
interesa destacar aquí son aquellas que se promo¬ 
vieron a partir de las reformas realizadas al Có¬ 
digo Federal de Procedimientos Penales y al de 
Procedimientos Penales para el Distrito Federal 
el 8 de enero de 1991, que establecieron la obli¬ 
gatoriedad de contar con un traductor en el pro- 


12 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



La importancia del peritaje cultural 



ceso jurídico cuando el indígena sea monolingüe 
o “no entienda suficientemente el castellano”, la 
facultad de solicitar reposición de procedimiento 
en caso de incumplimiento a este requisito y la 
de ofrecer dictámenes periciales sobre los factores 
culturales que inciden en los hechos constitutivos 
del presunto delito. Con esta reforma se abrió la 
posibilidad de terminar con la práctica de proce¬ 
sar a los indígenas en un idioma que no entienden 
y sobre hechos que en su comunidad suelen tener 
otra valoración. (Gómez, 2004) Entre éstos están 
por ejemplo, los conocidos casos de homicidios por 
brujería, la caza y consumo de especies 
en peligro de extinción, como ocurre 
con la tortuga golfina entre los Seris, 
o el consumo de plantas alucinógenas, 
como el peyote entre los Wixáricas, o 
las distintas prácticas de impartición 
de justicia entre los pueblos indígenas, 
tales como las existentes entre la poli¬ 
cía comunitaria de Guerrero o en los 
municipios (Caracoles) zapatistas en el 
estado de Chiapas. Sin la reforma, di¬ 
chas prácticas tradicionales estarían en 
contradicción con los preceptos legales 
nacionales. 


Es decir, los conflictos culturales y normativos 
que se presentan en una nación multicultural 
como lo es México, no son exclusivamente ex¬ 
plicables y comprensibles desde la óptica del 
derecho positivo o la cultura occidental. Con 
frecuencia, aunque las prácticas tradicionales 
indígenas sean parte de un uso o de una costum¬ 
bre ampliamente compartida por una sociedad, 
hay pocos individuos internos o externos al pue¬ 
blo que conozcan las razones y justificaciones 
de estas prácticas y puedan explicarlas. Dichas 
tradiciones manifiestas en usos y costumbres, 


Es importante señalar que el peritaje 
cultural no se acota en el ámbito pe¬ 
nal, sino que es pertinente también 
en otros procesos. Por ejemplo en el 
ámbito agrario, tema que hoy en día 
tiene una enorme importancia, pues 
estamos siendo testigos de nuevas for¬ 
mas de invasión a los territorios indí¬ 
genas, a su posible explotación con fi¬ 
nes comerciales por parte de empresas 
transnacionales, como las mineras, a 
la continuidad de los desplazamientos 
de poblaciones por la construcción 
de mega proyectos hidráulicos y a la 
tala indiscriminada, legal o no, de los 
bosques pertenecientes a los pueblos 
indígenas. 


V. Glockner. Proyecto Corazón nómada con los niños migrantes. 




Laura R. Valladares de la Cruz 


muchas veces son cuestionadas cuando entran 
en contacto con otra sociedad, por ejemplo, a 
partir de un caso administrativo o judicializa- 
do. En el caso recién mencionado de la caza y 
consumo de la tortuga golfina, no debiera san¬ 
cionarse por el “hecho en sí”, sino que debe 
considerarse como una práctica cultural que 
forma parte del proceso de reproducción de la 
cultura de un pueblo, lo que frecuentemente no 
es considerado por un juzgador. De esta mane¬ 
ra, se trata de “prácticas” o “señales” que deben 
ser examinadas y definidas como judicialmente 
aceptables, o no, por parte de autoridades ju¬ 
risdiccionales distintas, que no necesariamente 
comulgan con las buenas razones o justificacio¬ 
nes que asumen dentro de una sociedad local 
específica. Por ello requieren “traducirse” bajo 
los esquemas y referentes cognitivos de la pro¬ 
pia cultura de donde emergen, con el objeto 
de significar lo que ellas mismas expresan, y 
ello puede lograrse con las pericias o peritajes 
culturales, puesto que un peritaje brindaría ar¬ 
gumentos significativos al juzgador para tomar 
una resolución respetando tanto las prácticas 
culturales de los pueblos indígenas, como los 
derechos reconocidos en las legislaciones loca¬ 
les y federales. (Sánchez, 2006). 

En este contexto, tenemos que el derecho estatal, 
como ordenamiento jurídico que regula, median¬ 
te sanciones, las violaciones a la Constitución y 
a la ley, no puede desarrollarse ni ir más allá 
de sus propios límites para interactuar con otros 
derechos si no es con la concurrencia de otras 
ciencias y de otros conocimientos que trascien¬ 
den los referentes propios de ese derecho, para 
analizar, estudiar, evaluar y explicar la conducta 
social de un individuo o de un grupo, con base 
en el saber generalizable que ese conocimiento 
ofrece para el análisis de un hecho como parte 
de una cultura específica. Estas explicaciones 
culturales se pueden traducir e interpretar a tra¬ 
vés de los peritajes culturales. Es en este sentido, 
que afirmamos que los peritajes se constituyen 


en un conocimiento fundamental que permite 
confrontar al otro derecho, al positivo, pero no 
sólo esto, sino que, en ocasiones, las reflexiones 
sobre las prácticas tradicionales generan que el 
derecho indígena también pueda ser confronta¬ 
do, en este último sentido estarían por ejemplo, 
las discusiones sobre los derechos de las mujeres 
al interior de los pueblos indígenas. 

Ahora bien, sabemos que frecuentemente cuan¬ 
do alguna persona es juzgada por personal espe¬ 
cializado, con competencia jurisdiccional, pero 
que no participa de los mismos valores culturales 
y sistemas simbólicos de los implicados, el trato 
que reciben frecuentemente es discriminatorio 
y atentatorio de los derechos colectivos recono¬ 
cidos por la propia legislación nacional. Con la 
presentación de los peritajes antropológicos o 
culturales, se buscaría influir en las decisiones 
de estos administradores de justicia y jueces para 
que se considere la diferencia cultural y los dere¬ 
chos colectivos de los implicados. Por tanto, un 
perito es un sujeto capaz de explicar lo que no es 
necesariamente obvio o simplemente sintomáti¬ 
co, es decir, el perito dispone de criterios especí¬ 
ficos para adentrarse en estructuras no manifies¬ 
tas, para poderlas traducir y explicar.(Sánchez, 
2006:69). 

Ahora bien, el peritaje antropológico no bus¬ 
ca simplemente traducir, enseñar o equiparar 
el funcionamiento de una cultura y que ello se 
conduzca a la comprensión de la situación; su 
verdadera cualidad es contraponer dos saberes: 
el del juez y el del perito, que en ocasiones, en 
abierta disidencia, discurren los pasos en la bús¬ 
queda de un conocimiento que, al hacer par¬ 
te de la “formación de ciertos y determinados 
dominios del saber, a partir de relaciones de 
fuerza y relaciones políticas en la sociedad, se 
presentan antagónicos”. (Escalante,2000). 

La estrategia de poder que el peritaje contrapone 
es, metodológicamente, la posibilidad de cues- 


14 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



La importancia del peritaje cultural 


tionar, desde otro saber, a ese conocimiento he- 
gemónico que busca imponerse, por desconoci¬ 
miento o por desprecio y subvaloración del otro. 
Sin embargo, la prueba judicial antropológica no 
busca la inocencia como demostración para la 
no-sanción; ni afirma la involuntariedad frente 
al daño causado, ni la inexperiencia del sujeto, 
ni mucho menos, la equiparación de objetos de 
sanción y represión de una sociedad con los de 
la sociedad a la que pertenece el cuestionado in¬ 
dígena. 

El perito, frente a las diferentes realidades, busca 
explicar a la autoridad el significado que el hecho 
implica en la integralidad de una cultura que le 
es ajena. Un sujeto que va a ser juzgado como 
transgresor de las normas de cultura de una so¬ 
ciedad puede conseguir que su acción le sea o 
no imputada. Sin embargo, para poder llegar a 
una conclusión intercultural desde la jurisdicción 
ordinaria, se hace necesaria la confrontación con 
otros saberes, mediante evidencias fundadas en 
criterios diferentes, que permitan estudiar las 
conductas y profundizar en los distintos campos 
complejos e interrelacionados que pueden con¬ 
ducir a una distinta explicación de la juzgada 
contravención cometida contra las normas de 
convivencia de la sociedad (si ello puede demos¬ 
trarse), pero desde el marco de la propia cultura 
a la que pertenece el acusado. 

En síntesis, el reconocimiento judicial de la di¬ 
versidad étnica y cultural responde a una visión 
de Estado, en la que ya no se concibe a la per¬ 
sona humana como un individuo abstracto, sino 
como un sujeto con características particulares, 
que reivindica para sí su propia conciencia étni¬ 
ca. Valores como tolerancia y el respeto por lo 
diferente, se convierten en imperativos dentro de 
una sociedad que busca fortalecerse en la diver¬ 
sidad, en el reconocimiento de que en su interior 
cada individuo es un sujeto único y singular que 
puede hacer posible su propio proyecto de vida. 
(Ortiz, Escalante, Martínez y Sánchez 2000). 


Del atraso cultural a la defensa de la 
pluralidad 

Me gustaría iniciar este apartado comentando 
que en México, hasta 1991, cuando un indígena 
se encontraba vinculado a un proceso penal, los 
defensores o peritos del hoy extinto Instituto Na¬ 
cional Indigenista (INI), para poder defenderlo o 
intentar obtener una pena menor, o para liberar a 
un indígena preso acudieron a apelar al ya dero¬ 
gado artículo 49 bis del Código Federal de Proce¬ 
dimientos Penales que consideraba una reducción 
de la pena a quienes estuvieran en condiciones de 
un “extremo atraso cultural” es decir, se apelaba a 
un artículo con un fuerte rasgo racista, discrimina¬ 
torio y desconocedor de la diversidad. 

Con las últimas reformas a los Códigos Penales 
de casi todos los estados de la república se toma 
en consideración la diversidad cultural, pero sola¬ 
mente para que el juez lo incoipore al expediente 
y cumpla con la normatividad, pero de ninguna 
manera para reconocer la existencia de sistemas 
jurídicos alternos y su contenido. Es decir, si bien 
existen avances importantes en materia de reco¬ 
nocimiento de la diversidad, falta todavía mucho 
para que los jueces mexicanos contribuyan, des¬ 
de el derecho positivo, a construir una realidad 
en donde el pluralismo jurídico forme parte del 
sistema de procuración de justicia. 

Existen muchos casos en los que los abogados 
defensores de algún indígena, se han encontrado 
ante el dilema de luchar por la reducción de la 
pena o la liberación a los indígenas basados en el 
argumento de su extremo atraso cultural o bien, 
mantenerlos presos reconociendo su diversidad 
cultural. Desde mi perspectiva, si se centra el es¬ 
fuerzo en este tipo de defensa, nada se avanza en 
el reconocimiento de la diversidad cultural y lo 
que eso significa sino que, por el contrario, se 
continúa legitimando y perpetuando un sistema 
jurídico que mantiene a los indígenas como me¬ 
nores de edad. 


Año 2012 • 15 



Laura R. Valladares de la Cruz 


Este es el reto más urgente y complejo para todos 
aquellos que participan desde el rol de peritos 
culturales: salir de la lógica de la liberación o 
reducción de penas a los indígenas y construir 
desde el mismo sistema de justicia hegemónico 
nuevas sistemas de procuración e impartición 
de justicia plurales, sensibles y respetuosos de las 
culturas indígenas, como se espera de un país que 
ha reconocido su composición pluricultural. 

Finalmente, un rubro de enorme importancia 
es el relacionado con la posibilidad de presentar 
peritajes (arqueológicos, etnohistóricos o antro¬ 
pológicos) en las recientes controversias frente 
a las empresas nacionales y transnacionales que 


buscan concesiones en territorios indígenas. En 
este ámbito los antropólogos podemos contribuir 
enormemente a la defensa de los derechos co¬ 
lectivos de los pueblos indígenas que continúan 
enfrentando embates colonizadores y despojos 
con fines comerciales, sin la más mínima consi¬ 
deración. 

La antropología en el campo de la justicia: 
acciones desde el Colegio de Etnólogos y 
Antropólogos Sociales, A.C. 

Iniciaré señalando que los antropólogos y científi¬ 
cos sociales comprometidos con la defensa de los 
derechos colectivos e individuales de los pueblos 
indígenas, cuando se encuentran involucrados 
en una controversia o conflicto jurídico, de¬ 
berán tener presente que su papel es profun¬ 
damente relevante en la construcción de un 
sistema de justicia plural, en un horizonte que 
busca construir una nueva relación del Esta¬ 
do con los pueblos indígenas. Deberán ser 
conscientes de que con este rol coadyuvan 
a una procuración de justicia que respete las 
diferencias culturales y a que las legislaciones 
nacionales e internacionales, que han recono¬ 
cido derechos a los pueblos indígenas, se cum¬ 
plan cabalmente en México. En términos de 
escenario de acción, se deberá tener claro lo 
que significa dialogar con el derecho positivo 
desde la lógica de las instituciones de procura¬ 
ción de justicia. 

Otra de las grandes tareas a enfrentar como an¬ 
tropólogos y en nuestras escuelas, es la necesi¬ 
dad de crear nuevas estrategias que modifiquen 
lo que fue el centro de atención del quehacer 
profesional por décadas, centrado en la investi¬ 
gación y, en el mejor de los casos, en la docen¬ 
cia universitaria. En este momento es necesario 
ampliar y actualizar nuestros conocimientos y 
metodologías de tal suerte que el antropólogo 
interesado en el peritaje cultural pueda em¬ 
plear un lenguaje no académico, comprensi- 



V. Glockner. Proyecto Corazón nómada con los niños migrantes. 


16 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



La importancia del peritaje cultural 


ble para las autoridades judiciales, quienes serán 
sus interlocutores. Deberá también tener pre¬ 
sente que un peritaje es siempre solicitado para 
ser entregado en un lapso cuya temporalidad 
está sujeta a un proceso judicial, no a un interés 
académico o de investigación, por lo que deberá 
capacitarse en metodologías para elaborar etno¬ 
grafías adecuadas en cortos periodos de tiempo. 
En este sentido es deseable que en su preparación 
se incluya también información sobre derechos 
indígenas y sobre los principios generales del de¬ 
recho positivo para poder realizar esta labor con 
mayores herramientas. Afortunadamente existe 
ya una vasta bibliografía aportada por tres dé¬ 
cadas de investigaciones en antropología jurídica 
tanto mexicana como latinoamericana. 

De igual manera, el antropólogo que fungirá 
como perito deberá partir del entendido de 
que el texto que se le solicita deberá ser breve 
y conciso, es decir, que no se trata de redactar 
etnografías extensas, resultado de largas tempo¬ 
radas de trabajo de campo, sino que se trata de 
un encargo judicial en el que se tiene un mes, o 
menos, para presentar la pericia sobre los pun¬ 
tos o preguntas concretas que ha planteado la 
defensa o el juez en cuestión. Además, también 
deberemos tener claro que el juzgador tendrá 
varias pruebas para dictar la sentencia, una de 
las cuales será el peritaje cultural, por lo que se 
debe procurar que sea claro y contundente para 
responder las preguntas que se le han planteado 
como perito. 

De esta manera, tenemos un campo del ejercicio 
profesional novedoso y con amplias potenciali¬ 
dades, para el cual debemos preparar a las nue¬ 
vas generaciones lo más adecuadamente posible. 
También es muy importante recuperar las expe¬ 
riencias que en esta materia existen en América 
Latina, analizarlas y aprender de ellas para pro¬ 
fesionalizarnos como antropólogos en esta activi¬ 
dad, elaborar listados de peritos expertos en dis¬ 
tintos temas y distribuirlos entre las instancias de 


procuración de justicia del país, para contribuir a 
que los peritajes sean solicitados y considerados 
como prueba plena en todos los procesos que así 
lo requieran. 

Hasta el día de hoy, los antropólogos que han 
fungido como peritos han tenido que formarse en 
la práctica, con asesorías de otros colegas o bus¬ 
cando referentes en experiencias de otros países, 
de tal suerte que es necesario avanzar colegiada¬ 
mente para lograr la formación, profesionaliza- 
ción y la certificación correspondiente. Para ello, 
se requieren diversas tareas, una que me parece 
fundamental es que desde las escuelas y faculta¬ 
des en donde se forman antropólogos se inclu¬ 
yan cursos sobre nuevas metodologías, como por 
ejemplo la “etnografía rápida”, así como cursos 
de antropología jurídica, y cursos específicos so¬ 
bre peritajes culturales o peritajes en antropolo¬ 
gía. Hasta ahora las experiencias en este sentido 
son aisladas, ya que si bien en algunas escuelas de 
antropología se han impartido cursos sobre estos 
temas, en general son cursos optativos, es decir, 
no forman parte aún de los cursos obligatorios. 
Asimismo, todavía son muy pocas las universi¬ 
dades o centros de investigación que ofrecen la 
especialidad de antropología jurídica y ninguna, 
hasta ahora, que brinde la posibilidad de formar¬ 
se como perito. 

Es importante reconocer que sí existen iniciati¬ 
vas importantes que buscan reconocer y difun¬ 
dir lo que es el peritaje, como han sido la or¬ 
ganización de seminarios y coloquios a los que 
se ha convocado a los antropólogos y abogados 
que han realizado peritajes. Podemos mencio¬ 
nar como ejemplos recientes el Seminario Au¬ 
gusto Urteaga convocado por el INAH en 2010 
y varios diplomados sobre peritaje antropológi¬ 
co, por ejemplo, los realizados en Yucatán o en 
el Estado de Guerrero (ambos en 2011), que ya 
suman dos ediciones, en las que representan¬ 
tes del poder judicial del Estado se han reunido 
con líderes indígenas, abogados y antropólogos 


Año 2012 • 17 



Laura R. Valladares de la Cruz 


a discutir sobre la importancia de emprender 
diálogos interdisciplinarios en el campo de la 
justicia; lo mismo podemos decir de algunas ini¬ 
ciativas emprendidas por el INAH en el estado 
de Chihuahua. 

Mención especial merece el Diplomado en Pe¬ 
ritaje en Ciencias Antropológicas, que ha orga¬ 
nizado anualmente la Coordinación Nacional 
de Antropología del INAH y que tendrá su sexta 
edición en este 2012. Se trata de un Diplomado 
que ha tenido una importante convocatoria a 
la que concurren antropólogos, abogados e in¬ 
tegrantes de ONG, así como investigadores del 
propio INAH. 3 

Después de este recuento, si bien parece que 
hemos acumulado ya cierta experiencia en el 
campo del peritaje en la antropología mexicana, 
estoy convencida de que aún nos queda un largo 
camino por recorrer y para lograr profesionali¬ 
zar esta importante práctica. Una de las acciones 
que considero fundamental es que desde las uni¬ 
versidades se apoye la formación de futuros an¬ 
tropólogos en esta praxis profesional, tanto teóri¬ 
ca como metodológicamente. Otra de las tareas 
urgentes es lograr que los colegios profesionales 
avancen en las tareas de capacitación y certifica¬ 
ción de peritos, así como en brindar la constante 
actualización que todo perito profesional debe 
tener para ejercer como tal. 4 


3 Sobre este tema remitimos a los lectores al artículo de Gloria 
Santos, en este Boletín, quien ha tenido la responsabilidad de 
coordinar dichos eventos. 

4 Es importante señalar que para ser perito no necesariamente 
se debe contar con una profesión, ya que existe en algunos 
Códigos Penales la figura de peritos prácticos, que son todos 
aquellos que tienen conocimiento de la materia o sobre la 
cultura de los implicados en un proceso judicial y, por es¬ 
tos conocimientos, pueden fungir como tal. Sin embargo, he 
hecho énfasis en los antropólogos a partir de mi papel como 
formadora de antropólogos e investigadora y como miembro 
que soy de un colegio profesional. 


El papel de los Colegios Profesionales en el 
nombramiento de peritos 

El primer acercamiento sobre el peritaje cultu¬ 
ral en México se remonta al año 1995 cuando, 
encabezado por el Antropólogo Elio Masferrer, 
se realizó un curso sobre peritaje, en el que es¬ 
tuvieron como invitados los colegas que ya tra¬ 
bajaban, desde varios años atrás, el tema de los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas y 
sobre peritaje. Entre los invitados podemos se¬ 
ñalar a los colombianos Esther Sánchez Botero 
y Elerinaldy Gómez, quienes desde entonces han 
realizado aportes teóricos y metodológicos muy 
relevantes en el ámbito del pluralismo jurídico 
y el peritaje cultural. Elabrá que señalar que, 
hasta hoy en día, Colombia es el país en el que 
el diálogo entre sistemas jurídicos -el positivo y 
el indígena- tiene mayores avances y, por tanto, 
también el trabajo Ínter disciplinario entre aboga¬ 
dos y antropólogos. 

En ese primer acercamiento al peritazgo nos en¬ 
contrábamos Eléctor Ortiz, Sandra Chávez, Ar- 
temia Fabré y yo, quienes hasta ahora, hemos 
seguido interesados en el tema. Tal vez Eléctor 
Ortiz fue de los primeros antropólogos mexica¬ 
nos en realizar peritajes, en el marco de su traba¬ 
jo en la Subdirección de Derechos Indígenas del 
entonces Instituto Nacional Indigenista (INI). Allí 
también se formaron en derechos indígenas Yuri 
Escalante, Teresa Valdivia, Romeo Molina, Ale¬ 
jandro González, Gabriela Rangel y Francisco 
López Bárcenas, entre otros colegas, encabeza¬ 
dos por Magda Gómez, quienes han hecho apor¬ 
tes importantes a la antropología jurídica, tanto 
en la generación de conocimientos, como en la 
defensa de derechos de los pueblos indígenas des¬ 
de diferentes trincheras, a veces institucionales, 
otras desde consultorías o en organizaciones de 
la sociedad civil. 

Centrándome ahora en los esfuerzos empren¬ 
didos desde el CEAS, fue unos años después del 


18 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



La importancia del peritaje cultural 


curso arriba mencionado que, en septiembre de 
1998, se constituyó una comisión de peritaje que 
estuvo integrada por Guadalupe Escantilla, Fran- 
cois Lartigue, Artemia Fabré, Elio Masferrer y 
quien esto escribe, cuyo cometido fue iniciar la 
discusión entre los antropólogos mexicanos so¬ 
bre el peritaje y sobre las experiencias que ya 
existían en América Fatina. (CEAS, 2006). Como 
parte de esta agenda, el CEAS organizó en junio 
de 1988 el Seminario-Curso “Derechos indíge¬ 
nas y peritaje antropológico”, cuyo objetivo fue 
convocar a los interesados de diversas institu¬ 
ciones y organizaciones a discutir y reflexionar 
sobre la importancia del peritaje antropológico 
en el contexto de la defensa de los derechos co¬ 
lectivos de los pueblos indígenas. En esa ocasión 
asistieron 25 personas de diferentes organiza¬ 
ciones sociales e instituciones gubernamentales 
y educativas, quienes discutieron, durante cinco 
días, los avances en materia de reconocimiento 
de los derechos indígenas y sobre la importancia de 
fortalecer el conocimiento del peritaje antropo¬ 
lógico en nuestro país. 

En noviembre del año 2000, el CEAS convocó 
el “Seminario Experiencias de Peritaje Antro¬ 
pológico en México”, en donde se buscó inter¬ 
cambiar información con los expertos de otras 
disciplinas antropológicas que tenían una mayor 
trayectoria en este campo, como la arqueología, 
que a lo largo de su historia, ha realizado perita¬ 
jes para fechar, autentificar, certificar o evaluar 
piezas arqueológicas, o la antropología física que 
ha acumulado una vasta experiencia en el cam¬ 
po de la antropología forense, la ergonomía y en 
el campo de la salud. En etnohistoria, los peri¬ 
tajes sobre cuestiones agrarias, sobre derechos y 
conflictos territoriales han contribuido a dirimir 
conflictos tanto entre entidades estatales, como 
en los relacionados con los derechos territoriales 
de los pueblos indígenas, aunque hay que hacer 
notar que su experiencia pericial es más reciente 
que la desarrollada por la arqueología o la antro¬ 
pología física. 


Ahora bien, en el marco del VI Congreso de la 
Red Latinoamericana de Antropología Jurídi¬ 
ca (RELAJU) realizado en Colombia en el año 
2008, se realizó un curso pre-congreso sobre 
peritaje antropológico. Este curso fue organi¬ 
zado por Esther Sánchez y varios antropólogos 
mexicanos participaron en el. Afortunadamen¬ 
te, es cada vez más frecuente que dentro del 
programa de los Congreso Internacionales de la 
RELAJU, existan mesas sobre peritaje en donde 
se debaten abordajes, metodologías, casos para¬ 
digmáticos y los avances en materia de pluralis¬ 
mo jurídico. 

Por último, desde el año 2005, el CEAS, participa 
como invitado en el Diplomado que sobre Peri¬ 
taje Antropológico que organiza anualmente la 
Coordinación Nacional de Antropología. 

Desde mi perspectiva, el paso más importante 
que ha dado el CEAS, con miras a avanzar en el 
camino de la certificación de peritos y en cumpli¬ 
miento de sus estatutos, es que el Consejo Direc¬ 
tivo actual ha invitado a cuatro de sus socios a 
integrar el Comité Dictaminador de Peritaje que 
es la figura que, de acuerdo con el Prototipo de 
Lincamientos para la designación de Peritos, 
de la Dirección de Profesiones de la SEP, será la 
encargada de diseñar un programa dirigido a 
la formación, capacitación, evaluación y certifi¬ 
cación de peritos, así como de realizar todos los 
trámites pertinentes para elaborar un registro de 
peritos culturales en el país. Esperamos que en 
corto tiempo, podamos informar sobre los avan¬ 
ces tanto de la constitución de este Comité como 
de sus tareas. 5 


5 En la Ley Reglamentaria del Alt. 5 o Constitucional, en su ar¬ 
tículo 50, inciso o) relativo a los Colegios Profesionales se señala 
que entre los propósitos de los Colegios está el “formar listas de 
peritos profesionales, por especialidad, que serán las únicas que 
sirvan oficialmente. Dicha Ley puede consultarse en la siguiente 
dirección: http://www.sep.gob.mx/work/models/sepl/Resource/ 
f7 4e29b 1 -4965-4454-b31 a-9575a302e5dd/ley_reglam_art5_ 
ejerc_prof_df.htm 


Año 2012 • 19 



Laura R. Valladares de la Cruz 


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20 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



JusticiaPeritaje Antropológico y Normadvidad 

Ana Hilda Ramírez Contreras 

haxxida@gmail.com 

(Posgrado en Antropología Social. ENAH) 


A manera de presentación 

El presente artículo reflexiona sobre temas funda¬ 
mentales que tienen que ver con el peritaje antro¬ 
pológico. A diferencia de los demás artículos que 
conforman el presente volumen, que dan cuenta 
del peritaje en sí, yo me he permito reflexionar 
acerca de la justicia y ¿por qué habría de analizar¬ 
se a la “justicia”?, de manera previa al desarrollo 
del fundamento legal del peritaje antropológico. 
Por la razón que de no sería útil bajo ninguna cir¬ 
cunstancia, conocer el mecanismo legal al amparo 
del cual podría encuadrarse al peritaje antropoló¬ 
gico, si no se parte de la esencia misma del derecho 
que pretende garantizarse, que es el de acceso a la 
justicia. La reflexión que realizo es, entonces, res¬ 
pecto a la justicia y normadvidad, como elementos 
fundamentales y presentes en la construcción de 
los Estados y la ciudadanía. 

Justicia y normatividad 

De acuerdo con Max Weber, lo específicamente 
jurídico surge cuando una o más personas cons¬ 
tituyen un aparato coactivo, cuya misión es im¬ 


poner el cumplimiento de una norma. Si acep¬ 
tamos esta definición de lo jurídico, podríamos 
preguntaros en qué clase de sociedades existen 
estos grupos de personas. Es obvio que no todas 
las sociedades asignan a algunos de sus miembros 
dicha misión. Sin pretender un examen exhaus¬ 
tivo, sí podemos decir que deben existir ciertas 
características para la existencia de un aparato 
coactivo: una división en el trabajo en donde 
haya una mínima diferenciación de funciones 
incluidas las políticas, ideológicas y militares, 
separadas de las productivas (estructura social 
determinada). De lo que estamos hablando aquí 
es de socieOdades en las que existen grandes or¬ 
ganizaciones y urbanizaciones, o sea, de Estado. 
Independientemente de que se esté de acuerdo o 
no con la definición de Weber, es claro que existe 
una relación entre el Estado y lo jurídico. Los 
grandes sistemas del derecho surgieron todos en 
sociedades en las que ya existía el Estado: Roma, 
China, o los modernos Estados europeos. 

Como lo jurídico implica especialización, en so¬ 
ciedades con un grado demasiado bajo de ésta, 
no se puede hablar de la existencia de lo jurídico 


Año 2012 • 21 



Ana Hilda Ramírez Contreras 


sin volver demasiado ambivalentes nuestros tér¬ 
minos, con lo que se correría el riesgo de vaciar¬ 
los de su contenido. 

Sin embargo la noción de lo jurídico no sólo se 
relaciona con el Estado, sino también con otros 
fenómenos. En primer lugar y más importante 
que cualquier otra cosa, lo jurídico es normati- 
vidad. De cualquier manera que entendamos el 
término, sabemos que se habla de un código o 
cuerpo de ideas que indican el deber ser. Tam¬ 
poco la simple existencia de una norma nos in¬ 
troduce en nuestro campo: sabemos que la teoría 
del derecho diferencia a las normas jurídicas de 
aquellas que no lo son. Lo jurídico es siempre 
un orden, lo que quiere decir que existe una 
relación explícita y consciente entre las normas 
que han sido ordenadas conforme a éste u otro 
criterio. Lo jurídico, o por lo menos el derecho, 
se relaciona asimismo con códigos escritos; con 


la idea de generalidad, o de una cobertura social 
amplia; con autoridades legítimas; con castigo y 
represión y, muy importante también, con la exis¬ 
tencia de normas más o menos estables y sanciones 
previsibles. Por último, lo jurídico se relaciona con 
códigos éticos, con valores socialmente aceptados 
y con la noción de justicia. 

Aquí me voy a permitir hacer un alto y reparar 
en lo que nos dice el Profesor Karl-EIeinz Góssel, 
quien en el texto introductorio de su obra “ En 
búsqueda de la verdad y la justicia. Fundamen¬ 
tos del procedimiento penal estatal con especial 
referencia a aspectos jurídico-constitucionales y 
político criminales ” nos dice: 

“La justicia no existe en este mundo: esta 
dolorosa experiencia aún existe a pesar de 
todos los esfuerzos legales. 

Jamás lograremos crear la sociedad justa, el 



V. Glockner. Proyecto Vida y muerte en la Montaña de Guerrero 


22 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 





Justicia, Peritaje Antropológico y Normatividad 


orden jurídico correcto, simplemente porque 
la justicia no existe, realmente ni siquiera la 
conocemos, ¿cómo puede osarse entonces 
elegir a la justicia como el tema medular de 
nuestro ensayo, si ni siquiera podemos orga¬ 
nizar nuestra propia vida? 

Nadie conoce la verdad, nadie conoce la be¬ 
lleza, sin embargo de manera directa, algo 
puede impresionarnos de la excelsa belleza 
de la cultura precolombina mexicana o de 
las creaciones de Bach o Beethoven, de la 
verdadera representación de las relaciones 
humanas a través de Proust o Joyce, así 
como la conñanza y justicia que habremos 
de experimentar en múltiples relaciones con 
el prójimo. 

Conceptos generales como verdad, belleza y 
justicia existen, por ende, a través de nues¬ 
tro mundo, aunque éste ni perfecto, ni bello 
y mucho menos justo sea. Estos conceptos 
existen, en realidad, solo como realización de 
las ideas designadas bajo tales concepciones 
de ahí que posean en sí mismas únicamente 
una existencia ideal. El hecho de que el ser 
humano no pueda vivir sin estos ideales, no 
es un argumento comprobable ni refutable, 
sin embargo evidente. 

Ello nos obliga a aspirar, en la medida de lo 
posible, a una realización extensa, trascenden¬ 
te de dichos ideales en el mundo, para así tor¬ 
narlos más humanos”. (Góssel, 2002: XIII). 

La situación se presenta, por lo tanto, de la si¬ 
guiente manera: por un lado hay una estrecha 
relación entre lo jurídico y el Estado, por eso 
no se puede hablar, en términos estrictos, de lo 
primero sin lo segundo. Sin embargo, lo jurídi¬ 
co se relaciona con otros ámbitos importantes 
de la vida social y quizás es posible buscar algo 
semejante en las sociedades simples. 

Es necesario precisar que el derecho a la justicia, 
como parte de un conjunto de garantías que el 
Estado otorga a los individuos para garantizar 


el Estado de Derecho, emerge de la concepción 
de un sistema único de impartición de justicia y 
es en la Constitución Política de los Estados Uni¬ 
dos Mexicanos (CPEUM), donde se señala desde 
el 17 de marzo de 1987 en el artículo 17, párrafo 
segundo, el derecho de toda persona a que se ad¬ 
ministre justicia por tribunales que estarán expe¬ 
ditos para impartirla en los plazos y términos que 
fijen las leyes, lo que constituye propiamente el 
derecho de acceso a la justicia. 

Ahora bien, y haciendo un poco de historia, so¬ 
bre la Justicia podemos decir que la utilización 
del término se remonta a la antigua Grecia; un 
claro ejemplo de ello es cuando Elesíodo dentro 
de la confronta sostenida con Perses, su herma¬ 
no, por la herencia de su padre, le dice: 

“Atiende a la justicia y olvida la violencia. 
Tal es el uso que ha ordenado Zeus a los 
hombres, los peces y los animales salvajes 
y los pájaros alados pueden comerse unos 
a otros, puesto que entre ellos no existe el 
derecho. Pero a los hombres les conñrió la 
justicia, el más alto de los bienes” (Xirau; 
2005: 21). 

Después de la caída del imperio romano y con 
la llegada del cristianismo, San Agustín al inten¬ 
tar la conceptualización del “alma” así como de 
la “el bien y el mal”, usa por analogía a la enfer¬ 
medad, señala que todos consideramos que la 
enfermedad es un mal y, de la misma manera, 
que la enfermedad es una falta de salud; el in¬ 
sulto o la violencia pueden ser falta de caridad, 
y el crimen falta del sentido de la justicia (Xi¬ 
rau, 2005: 139). 

Se trata de algunas de las aportaciones a lo largo 
de la historia, que han intentado conceptualizar 
lo que es “justicia”. 

Hoy en día, una de las concepciones generales de 
justicia es la que señala que se trata de “Una de 


Año 2012 • 23 



Ana H¡Ida Ramírez Contreras 


las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar 
a cada uno lo que le corresponde o pertenece” 
(Real Academia Española, 2010). 

Hans Kelsen en su intento por definir a la justicia, 
señala que tal se da en aquel orden social bajo 
cuya protección puede progresar la búsqueda de 
la verdad. “Mi Justicia, en definitiva, es la de la 
libertad, la de la paz; la justicia de la democracia, 
la de la tolerancia” (Kelsen, 2008:63). 

Por su parte, Ramón Xirau señala que la justicia 
consiste en la virtud moral o social que está en 
la base de la equidad. La justicia puede ser po¬ 
sitiva (basada en las costumbres) y construir el 
derecho positivo, o puede ser natural (derecho 
natural) y construir la base ideal y moral del de¬ 
recho de gentes. (Xirau, 2005: 537). Benito Me¬ 
dina Limón, considera que, hoy en día, la justicia 
representa un fin del Estado de derecho (Medina 
Limón, 2001:327). 

Difícilmente, en este ejercicio, se podrá pre¬ 
cisar con toda certeza lo que por siglos no ha 
podido ser generalizado, sin embargo es posi¬ 
ble denotar que desde la aportación de Hesío- 
do hasta la de Benito Medina, el orden social, 
pasando por la felicidad, las costumbres, la 
tolerancia, el derecho y el Estado de derecho, 
la justicia representa en sí la finalidad última 
de guardar la convivencia, el orden dentro 
de una sociedad, entiendo ésta como una "... 
agrupación natural o pactada de personas, que 
constituyen unidad distinta de cada uno de sus 
individuos, con el fin de cumplir, mediante la 
mutua cooperación, todos o alguno de los fines 
de la vida” (Real Academia Española, 2010). 

Justicia y Estado de Derecho 

Desde el surgimiento del Estado moderno, mu¬ 
cho se ha dicho del origen del derecho como 
una forma de guardar el orden en una socie¬ 
dad, o en un país. Como parte del origen de la 


concepción de Estado y, en consecuencia el de 
“Estado de Derecho”, es necesario mencionar 
las aportaciones y argumentos que le cimenta¬ 
ron de inicio. En el ámbito internacional ac¬ 
tual, el Estado de Derecho es concebido como 
la sujeción de la actividad estatal a la Constitu¬ 
ción y a las normas aprobadas conforme a los 
procedimientos que ella establezca, que garan¬ 
tizan el funcionamiento responsable y contro¬ 
lado de los órganos de poder, el ejercicio de la 
autoridad conforme a las disposiciones conoci¬ 
das y no retroactivas en términos perjudiciales, 
y la observancia de los derechos individuales, 
colectivos, culturales y políticos (Instituto Inte- 
ramericano de Derechos Humanos, 2010). 

Una conceptualización del Estado de Derecho, 
desde el Poder Ejecutivo Federal, consiste en la 
“Sujeción de los órganos de la autoridad pública 
y de los gobernados al orden jurídico de un Es¬ 
tado. En el Estado de derecho, el ejercicio de la 
autoridad se lleva a cabo conforme a disposicio¬ 
nes definidas y no con base en un poder político 
discrecional.” (Sistema de Información Legislati¬ 
va, 2010). 

Hasta este momento, la concepción de Estado 
y del Estado de Derecho, se ubican en un con¬ 
texto completamente homogéneo, en donde 
no se considera, bajo ninguna circunstancia, 
la composición plural y, mucho menos, plu- 
ricultural del país. No obstante, con el marco 
formal que tenemos, es posible abundar sobre 
el cumplimiento y observancia de las disposi¬ 
ciones legales que rigen a sus instituciones, la 
observancia y garantía de los derechos funda¬ 
mentales reconocidos a los gobernados y, por 
supuesto, la efectividad de los mecanismos 
para hacer cumplir las disposiciones que impe¬ 
ran en todo el Estado, ello no implica que no 
haya nada por evolucionar, sino que represen¬ 
ta la posibilidad de avanzar con los elementos 
presentes. 


24 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Justicia, Peritaje Antropológico y Normatividad 


La reforma y los derechos 

Algunos consideran que las reformas legales a la 
ley son un avance, para otros, sólo discurso y una 
muestra de que no se han tomado a fondo las 
demandas indígenas. Esta es la crítica que se le 
hace a las transformaciones constitucionales de 
2001 sobre derechos y cultura indígena en Méxi¬ 
co, creen que se trata sólo de discurso con un 
cambio de forma más no de fondo. 

El principio de igualdad ante la ley ha sido cues¬ 
tionado, pues la realidad muestra que dicha igual¬ 
dad es más una aspiración que una realidad. La 
igualdad ante la ley, contiene una contradicción 
pues supone que todos somos iguales, que hasta 
cierto punto es verdad, no obstante, deja de re¬ 
conocer derechos grupales diferenciados como es 
el caso de los derechos de los pueblos indígenas 
y otros grupos. 

La categoría indígena es considerada como 
atraso y pobreza, por lo que se debe reivindicar 
por los propios indígenas y revisar esta catego- 
rización que hacen otros. La experiencia nos 
enseña que en la medida en que los indígenas se 
organicen y se conviertan en actores sociales y 
políticos y luchen por su reconocimiento y rei¬ 
vindicación, podrían mejorar sustancialmente 
sus derechos, formas de vida y concretar pro¬ 
yectos políticos. 

Tal cuestión plantea problemas para los Estados 
y determinados grupos de la sociedad que ven 
con desconfianza tales demandas; existe un de¬ 
bate en torno a lo anterior que busca clarificar la 
forma de participación y que las sociedades pue¬ 
dan desenvolverse sin temor a la fragmentación. 

El problema consiste en si el reconocimiento 
debe ser sólo moral o si se va más allá y se plan¬ 
tean transformaciones en el ámbito normativo 
que regule la convivencia social, las relaciones 
de poder, gestión de recursos, participación y 


toma de decisiones. En este debate existen dos 
corrientes de discusión: una que busca mantener 
los equilibrios sociales y alcanzar las igualdades 
de las personas en lo social, económico, político y 
cultural, donde se niegan las diferencias, pero al 
mismo tiempo se crean desigualdades sociales y 
económicas, echando mano incluso a la discrimi¬ 
nación, al racismo y a la opresión de otros. 

La otra posición señala que se deben revisar los 
términos excluyentes bajo los cuales se han cons¬ 
truido las sociedades, para buscar Estados y socie¬ 
dades que reconozcan la heterogeneidad, lo que 
debe repercutir en el mejoramiento de la calidad 
de vida, el respeto a los derechos y formas de vida 
de personas y comunidades excluidas, puesto que 
la negación de las diferencias, la exclusión y discri¬ 
minación, inciden negativamente en el disfrute de 
los derechos básicos de las personas. 

Para algunos autores esta crisis del Estado apun¬ 
ta hacia la fragmentación. La evidencia es la des¬ 
igualdad social, por lo tanto, se trata de crear un 
nuevo tipo de organización social, que defienda 
el ideal consistente en que todos los seres huma¬ 
nos tengan el mismo derecho a participar en el 
diálogo social y político, para determinar princi¬ 
pios de inclusión en la política global. 

Este diálogo debe estar enmarcado en una ne¬ 
gociación política entre las partes en conflicto 
y para que se dé en estas condiciones, se debe 
contar necesariamente con la fuerza política 
de los grupos étnicos. En el centro del debate 
se encuentra la igualdad, la diferencia y la in¬ 
clusión del otro ¿es posible la igualdad en una 
sociedad diversa? Los individuos y los grupos 
desean ser reconocidos pero bajo sus propios 
términos “verdaderamente reconocidos” no fal¬ 
samente reconocidos, de forma digna con base 
en el reconocimiento de su autenticidad y de 
su diferencia. El falso reconocimiento implica 
una simulación, un agravio y la base de las in¬ 
justicias. 


Año 2012 • 25 



Ana H¡Ida Ramírez Contreras 


La demanda indígena es la satisfacción de necesi¬ 
dades materiales y también la de ser reconocidos, 
legitimados dentro de espacios públicos y en la 
vida cotidiana o sea, buscan un reconocimiento 
bajo sus propios términos y condiciones. ¿Cómo 
resolver entonces el problema de los derechos de 
los pueblos indígenas que no vulnere los dere¬ 
chos humanos universales en el marco de una 
sociedad multicultural? 

Existe una propuesta que busca compatibilizar los 
derechos colectivos e individuales, sin afectar las 
libertades y derechos individuales, bajo un mo¬ 
delo que se denomina ciudadanía diferenciada, 
mismo que funciona en base a un sistema de res¬ 
tricciones internas y protecciones externas, esta 
propuesta protege tanto a los pueblos indígenas 
como a los no indígenas. Will Kymlicka (1996) es 
un autor que ha ensanchando los límites teóricos 
de la concepción liberal, aunque dentro de ella 
y propone el principio de las ciudadanías dife¬ 
renciadas, distinguiendo varios tipos de derechos 
que el Estado democrático liberal debe proteger 
y que representan tres modos de articulación de 
la ciudadanía, diferenciados entre sí. A saber: 

1) Los derechos especiales de representación 
para un grupo dentro de las instituciones 
políticas del conjunto de la sociedad hacen 
menos probable que una minoría étnica sea 
ignorada en decisiones que afectan global¬ 
mente al país; 

2) Los derechos de autogobierno conñeren 
poderes a unidades políticas más pequeñas, 
de manera que una minoría nacional no pue¬ 
de ser desestimada o sobreestimada por la 
mayoría en decisiones que son de particular 
importancia para su cultura, como las cues¬ 
tiones de educación, inmigración, desarrollo 
de recursos, lengua y derecho familiar; 

3) Los derechos poliétnicos protegen prác¬ 
ticas religiosas y culturales especíñcas que 
podrían no estar adecuadamente apoyadas 
mediante el mercado, que están en desven¬ 


taja en la legislación \igente (Kymlicka, 
1996:61). 

La ciudadanía no debe ser entendida simplemen¬ 
te como status legal definido por un conjunto de 
derechos y responsabilidades. Es también una 
identidad, la expresión de la pertenencia a una 
comunidad, pueblo o nacionalidad. 

Con el desarrollo del tema, ha resultado claro, sin 
embargo, que muchos grupos, pueblos indígenas, 
mujeres, religiosos, homosexuales y lesbianas, por 
su condición de tales, han sido y son excluidos 
de la cultura ciudadana, pese a poseer los dere¬ 
chos propios y comunes de la ciudadanía: “Los 
miembros de tales grupos se sienten excluidos no 
solo a causa de su situación socioeconómica sino 
también como consecuencia de su identidad so- 
ciocultural: su diferencia”, (Kymlicka: 1997: 27). 

En lo futuro, si queremos que impere una ciuda¬ 
danía plena, los conceptos, las formas de concep¬ 
ción y las prácticas deben tener en cuenta estas 
diferencias: “Los pluralistas culturales creen que 
los derechos de ciudadanía, originalmente deñni- 
dos por y para los hombres blancos, no pueden 
dar respuesta a las necesidades especíñcas de los 
grupos minoritarios. Estos grupos solo pueden 
ser integrados a la cultura común si adoptamos 
lo que Iris Marión Youn llama una concepción 
de “ciudadanía diferenciada” ”(cit. por Kymlic¬ 
ka, 1997: 27). 

El modelo busca la coexistencia de formas distin¬ 
tas de convivencia, de reglas y derechos así como 
compatibilizar los derechos humanos universales 
con los derechos humanos específicos de un gru¬ 
po, por lo tanto, parece adecuado para tratar de 
acercar los derechos a la sociedad multicultural, 
puesto que permite el derecho de las minorías y 
grupos étnicos, pero con apego a reglas naciona¬ 
les, cuyo componente básico es el respeto a los 
derechos humanos de las personas. Así se consti¬ 
tuiría un modelo ampliado de ciudadanos. 


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Justicia, Peritaje Antropológico y Normatividad 


Según Villoro (1998:73), la idea de ciudadanía 
diferenciada implica el peligro de separación o 
antagonismo dentro de un estado nacional. 

Como se ha referido con anterioridad, el origen 
del orden jurídico mexicano, supone la existencia 
de una población homogénea, al grado de que 
ni siquiera menciona la existencia de población 
indígena, cuando en 1921 ascendía a 4'179,449 
personas, lo que representaba el 29.16% de la 
población total en ese año, al existir en total 
14'334,780 habitantes en el territorio mexicano 
(INEGI, 2010), y que sin más, no obstante consti¬ 
tuir un poco menos de un tercio de la población 
total, se han soslayado. 

Bajo la premisa de la construcción positiva, es de 
precisarse que la existencia del derecho de ac¬ 
ceso a la justicia para la población indígena, de 
ninguna manera representa la creación de nue¬ 


vos derechos, por el contrario representa, con 
el reconocimiento, la existencia de un derecho 
fundamental pero de aplicación específica ante 
la diversidad cultural que se manifiesta entre los 
diversos pueblos que sustentan a la nación mexi¬ 
cana, como puede ser el uso de una lengua indí¬ 
gena, por solo citar un ejemplo. 

Fundamento legal del Peritaje 
Antropológico 

Antes de identificar el marco jurídico que da na¬ 
cimiento al peritaje antropológico, se debe cono¬ 
cer la naturaleza misma del peritaje como medio 
probatorio en un procedimiento jurisdiccional. 
Desde el punto de vista de la doctrina jurídica, el 
peritaje es el “examen de personas, hechos u ob¬ 
jetos, realizado por un experto en alguna ciencia, 
técnica o arte, con el objeto de ilustrar al juez o 
magistrado que conozca de una causa civil, crimi- 



V. Glockner. Proyecto Vida y muerte en la Montaña de Guerrero 



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Ana H¡Ida Ramírez Contreras 


nal, mercantil o de trabajo, sobre cuestiones que 
por su naturaleza requieran de conocimientos es¬ 
pecializados que sean del dominio cultural de ta¬ 
les expertos, cuya opinión resulte necesaria en la 
resolución de una controversia jurídica” (Nuevo 
Diccionario Jurídico Mexicano, 2001:2835). 

Por su parte, el Poder Judicial de la Federación a 
través de los Tribunales Colegiados de Circuito, 
ha emitido la Tesis Aislada V. 4 o .4K (2005:2745), 
con el rubro “Prueba Pericial. Su naturaleza jurí¬ 
dica y alcance” en ella, detalla que la peritación 
es el “conjunto de actividades, experimentos, ob¬ 
servaciones y técnicas desplegadas por los peritos 
para emitir su dictamen”, y que representa una 
actividad procesal desarrollada en virtud de encar¬ 
go judicial e incluso ministerial, “...por personas 
distintas de las partes en el proceso, tales personas 
se encuentran calificadas por sus conocimientos 
técnicos, clínicos, artísticos, prácticos o científicos, 
mediante la cual se suministran al juez argumen¬ 
tos o razones para la formación de su convicción 
respecto de ciertos hechos cuya percepción, en¬ 
tendimiento o alcance, escapa a las aptitudes del 
común de la gente,...”. (SCJN; 2010). 

La prueba pericial suele ser calificada de “prue¬ 
ba colegiada” ya que el tribunal aprecia respecto 
de cada cuestión controvertida, dictámenes de 
peritos que son nombrados por cada una de las 
partes, de llegar a coincidir los dictámenes, la au¬ 
toridad contará con los elementos para conocer 
la verdad respecto del punto que se ha contro¬ 
vertido y del cual deriva el ofrecimiento de las 
pruebas periciales, de lo contrario tendría que 
nombrar un “perito tercero en discordia”; en la 
práctica, difícilmente los dictámenes de la partes 
en conflicto pueden llegar a coincidir (Gómez 
Lara, 1996:277). 

Ahora bien, es prudente en este momento deter¬ 
minar el fundamento legal que regula la existen¬ 
cia de la prueba pericial de manera general, en el 
marco jurídico mexicano. 


El texto vigente del Código Federal de Procedi¬ 
mientos Civiles, reconoce en el artículo 93 diver¬ 
sos medios de prueba, entre ellos se encuentran 
los dictámenes periciales; en el artículo 143 se 
señala que la prueba pericial tendrá lugar “... en 
las cuestiones de un negocio relativas a alguna 
ciencia o arte, y en los casos en que expresamen¬ 
te lo prevenga la ley.” 

Por su parte el Código Federal de Procedimien¬ 
tos Penales, en el artículo 206 admite como 
medio de prueba todo aquello que se ofrezca 
como tal, siempre que pueda ser conducente, 
y no vaya contra el derecho, ajuicio del juez o 
tribunal. En el artículo 220 se estable que para 
el examen de personas, hechos u objetos, se re¬ 
querirán conocimientos especiales, ante lo cual 
se procederá con la intervención de peritos. De 
manera expresa señala en el artículo 220 Bis, lo 
siguiente: 

“Cuando el inculpado pertenezca a algún 
grupo étnico indígena, se procurará alle¬ 
garse dictámenes periciales, a fín de que el 
juzgador ahonde en el conocimiento de su 
personalidad y capte su diferencia cultural 
respecto a la cultura media nacional”. 

Por su parte, la Ley Agraria en el artículo 186, 
señala que en el procedimiento agrario serán ad¬ 
misibles toda clase de pruebas, mientras no sean 
contrarias a la Ley. En este artículo sólo se han 
considerado tres ramas del derecho, particular¬ 
mente la penal y la agraria, en el sentido de que 
es donde, con mayor frecuencia, es necesario el 
peritaje antropológico. 

Resulta insoslayable obviar que, dentro de los 
fundamentos legales que se han descrito, en nin¬ 
gún momento es expresa la mención del “peri¬ 
taje antropológico”, ello obedece a que como 
se ha señalado tanto por la doctrina como por 
el Poder Judicial de la Federación, dicho medio 
probatorio, implica el dominio y expertis de téc- 


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Justicia, Peritaje Antropológico y Normatividad 


nicas, artes o ciencias, en las cuales la autoridad 
no puede abundar por no conocerle, por lo tanto 
habrá tantos peritos como ciencias, artes y técni¬ 
cas existan. 

Pese a las deficiencias que los fundamentos legales 
expuestos, guardan en relación con el texto cons¬ 
titucional, permiten el avance en la construcción 
de la pluriculturalidad en el aspecto jurídico y, en 
consecuencia, acercarse a una efectiva garantía de 
acceso a la justicia a través de la jurisdicción del 
Estado. 

Pluriculturalidad y Peritaje Antropológico 

De manera general pareciera que los temas que 
se han abordado, no acaban de desenmarañar 
el complejo camino que se dilucida para el pe¬ 
ritaje antropológico ante la pluriculturalidad, en 
las instancias de procuración y administración de 
justicia en México. 

Ante el reconocimiento de la composición plu- 
ricultural del país, y la expresión jurídica de la 
existencia de pueblos y comunidades indígenas 
como sustento original de tal, la impartición de 
justicia encuentra serios y complicados retos. 

El primero de ellos, es que el reconocimien¬ 
to no sólo es declarativo, sino que reconoce 
derechos, particularmente el de libre deter¬ 
minación y autonomía para aplicar sistemas 
normativos internos y elegir autoridades o re¬ 
presentantes de acuerdo con tales sistemas, lo 
que desde el rango constitucional representa 
el reconocimiento de una pluralidad jurídica 
pues, a pesar de que en el mismo texto refiere 
que la Ley establecerá los casos de validación 
por los tribunales y jueces de las resoluciones 
que se emitan en la aplicación de los sistemas 
normativos, no puede soslayarse que en sí, se 
reconoce la aplicación de un sistema de nor¬ 
mas y la aplicación de sanciones, por autorida¬ 
des distintas a las establecidas constitucional¬ 


mente, hasta antes de la reforma de 2001. Es 
decir, se rompe con el monopolio del Estado 
para la emisión de normas dentro de una so¬ 
ciedad, pero si representan un “...conjunto de 
principios y normas, expresivos de una idea y 
de orden, que regulan las relaciones humanas 
en toda sociedad y cuya observancia puede ser 
impuesta de manera coactiva” (Real Academia 
Española, 2010), lo que es el derecho en la más 
general de sus acepciones. 

El segundo de tales retos, se presenta al instante 
en el que no sólo se reconoce la pluralidad de sis¬ 
temas jurídicos, sino también se habrán de com- 
patibilizar los sistemas de impartición de justicia 
de los pueblos y comunidades indígenas con el 
sistema que, hasta 2001 era único, el establecido 
por el Estado. 

El peritaje antropológico se presenta aquí, como 
la oportunidad para compatibilizar, no definiti¬ 
va ni perentoriamente, pero sí de manera idó¬ 
nea bajo el contexto del marco jurídico actual 
mexicano, como la herramienta que permite la 
confluencia de dos sistemas jurídicos en un solo 
caso a dirimir por alguna de las instituciones del 
Estado, al ampliar los conocimientos respecto 
del sistema normativo del pueblo o comunidad 
indígena, los sujetos, las normas, las sanciones, la 
aplicación, la efectividad y el contexto social en 
el que se ha perpetuado, desde el estudio efectua¬ 
do por un profesional experto, dirigido a la auto¬ 
ridad jurisdiccional que le necesite o ante quien 
se ofrezca, con la primordial finalidad de que sea 
conocida la verdad en el fondo del asunto que se 
trate, y se creen las condiciones para la emisión 
de una resolución congruente con las circunstan¬ 
cias de dicho caso, es decir, para que se imparta 
justicia. 

La democracia como forma de vida y la pluri¬ 
culturalidad como sustento de la Nación, son 
premisas que aun se encuentran lejos de una 
efectiva materialización, probablemente porque 


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Ana H¡Ida Ramírez Contreras 


no cuentan con las estructuras sólidas que les 
soporten. Las causas indefectiblemente son mu¬ 
chas, algunas se han perpetuado desde la géne¬ 
sis del Estado, algunas se han originado en el 
recorrido de estos casi primeros cien años de 
la instauración del actual Estado Mexicano y, 
algunas más, ni siquiera figuran como tales ante 
el grave desinterés que día con día se expande 
incluso a la población más joven, situación que 
pareciera nadie dimensionar, en prospectiva 
para el país. El ánimo no es generar un ambien¬ 
te de negatividad sino de imaginar que existe 
la oportunidad de que con acciones en campos 
específicos, en este caso en la antropología y el 
derecho, sea posible consolidar las instituciones 
sociales que deben soportar el marco jurídico, 
como lo es la pluralidad de sistemas jurídicos, 
que no representarán más que el pedestal de la 
democracia como forma de vida y no sólo como 
régimen de Estado. 

El peritaje antropológico como herramienta 
que propicia el espacio de confluencia entre 
dos sistemas normativos diferentes, debe¬ 
rá tener la fuerza suficiente para abarcar los 
ámbitos en los que haya sistemas normativos 
diversos. Si bien surge en casos muy concre¬ 
tos en donde, individual o colectivamente, la 
población indígena se ve involucrada en pro¬ 
cedimientos jurisdiccionales, ello no constituye 
que el conocimiento de sistemas normativos 
sólo demuestre la compatibilidad del sistema 
normativo con las disposiciones jurídicas ema¬ 
nadas de la actividad legislativa. Al respecto 
no debe extraviarse que la composición pluri- 
cultural referida en el artículo 2 o de la CPEUM 
señala que tal se sustenta “originalmente en la 
población indígena”, y que ello jamás implica 
una exclusividad, pues recuérdese que la ma¬ 
yor parte de la población mexicana es de ori¬ 
gen mestizo. Ciertamente la desigualdad y los 
profundos prejuicios que hoy en día laceran la 
convivencia entre culturas, bajo la confusión 
perpetrada por la asimilación como política 


de estado, de que la existencia de indígenas es 
sinónimo de retraso, impiden en este momen¬ 
to siquiera la consideración a un cambio de 
rumbo, pero es precisamente en donde el pe¬ 
ritaje antropológico encuentra un inexplorado 
campo de acción: el convencimiento de que 
la pluriculturalidad no se sustenta únicamente 
sino originalmente en los pueblos indígenas, 
permitirá el descubrimiento de las fortalezas 
normativas para la consolidación de la demo¬ 
cracia como forma de vida, pues el problema 
no está en las instituciones, sino en quienes les 
forjan, pues son éstos quienes les dan la vida. 

Conclusiones 

La justicia, como derecho y como valor humano, 
representa un enorme compromiso para el peri¬ 
taje antropológico, con ello no se debe compren¬ 
der la parcialidad o sesgo, sino la firme convic¬ 
ción de conocer la verdad, término que al igual 
que la justicia, ha protagonizado debates aun in¬ 
conclusos, sin que se obstaculice su búsqueda. A 
pesar de compartir escenarios para su definición, 
no implica que el peritaje en su búsqueda de la 
verdad se oriente hacia alguna posición dentro 
de las controvertidas, pues de así suceder, no per¬ 
mitiría a la autoridad emitir una determinación 
de acuerdo con imparcialidad. 

Sin lugar a dudas, pese a que aun no se ha al¬ 
canzado de forma considerable la materializa¬ 
ción de la reforma constitucional de 2001 en 
el ámbito de los derechos indígenas, los retos 
cada día crecen sin que pareciera haber avan¬ 
ces suficientes; Por su parte, la dinámica de las 
sociedades mexicanas son cambiantes y el in¬ 
cremento de las comunicaciones y, por ende de 
la información, demandan espacios incluyentes, 
tolerantes. Ahora las poblaciones indígenas no 
sólo se encuentran en las comunidades alejadas, 
ahora se encuentran en las ciudades, sean és¬ 
tas grandes o pequeñas, pueblos enteros se han 
asentado en territorios de entidades federativas 


30 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Justicia, Peritaje Antropológico y Normatividad 


diversas a las del origen, y no por ese hecho 
dejarán de tener los derechos que les han sido 
reconocidos. 

Ante el escenario descrito y ante la ausencia de 
una política institucional coherente y congruen¬ 
te con la realidad social y las normas legales, es 
urgente la adopción de medidas institucionales 
para orientar, en esta materia, las acciones perti¬ 
nentes, que posibiliten trascender de los reportes 
cuantitativos a productos cualitativos de mayor 
impacto. 

De acuerdo a la experiencia, se puede observar 
que la redacción de las disposiciones legales y 
la práctica ordinaria propician que se manten¬ 
ga un escenario de exclusión y por tanto dis¬ 
criminatorio para los inculpados (procesados) 
indígenas. 

Este y muchos otros de los factores sociales y po¬ 
líticos que aquejan a toda la población mexica¬ 
na, no deben ser esquivados en la impartición de 
justicia y, mucho menos, por el peritaje antropo¬ 
lógico, como herramienta probatoria, ya que es 
precisamente a través de concurrencia de diver¬ 
sas áreas del conocimiento, como la antropología 
y el derecho, que podría garantizarse el acceso a 
la justicia a través de los tribunales y jueces, de 
manera efectiva. 

La concurrencia de disciplinas y ciencias, debe 
dar la pauta para que la justicia como valor hu¬ 
mano encuentre nuevos caminos, en donde apele 
al origen del sentido del orden en una sociedad, 
más que una visión de imposición de orden en 
esa sociedad. 

El peritaje antropológico se enfrenta ahora al 
enorme compromiso de no sólo identificar los 
elementos y características de los sistemas nor¬ 
mativos de los pueblos indígenas, o de las socie¬ 
dades en general con especificidades culturales, 
ante los tribunales y jueces, sino también de evi¬ 


denciar la existencia de formas plurales en que 
se norman las sociedades. Existe un reconoci¬ 
miento de pluriculturalidad en la Carta Magna, 
así como de sistemas normativos, pero ¿en qué 
sería útil un reconocimiento estático?, es preciso 
que en la medida en que tal sea vigente, se com- 
patibilice con los diversos fenómenos sociales, 
es indispensable la complementariedad entre 
saberes, en este caso entre la antropología y el 
derecho. 

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32 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Etica y verdad. 

La antropología frente al positivismo jurídico 


Yuri Alex Escalante Betancourt 

yuriescala@yahoo.com.mx 
(To Caltía A.C.) 


Introducción 

Este trabajo explora algunos dilemas éticos que 
enfrenta el antropólogo cuando incursiona como 
perito en los procesos judiciales. Los jueces re¬ 
quieren dictámenes periciales del antropólogo 
a raíz de las reformas legislativas que obligan 
a tomar en cuenta la diferencia cultural cuan¬ 
do el indiciado es indígena. Aquí tratamos de 
indagar las implicaciones que conlleva aportar 
argumentos inteipretativos de la disciplina a los 
ámbitos procesales en donde amerita una ex¬ 
plicación de la realidad etnográfica o histórica. 
Discutimos el alcance del concepto de verdad y 
las premisas de objetividad e imparcialidad que 
exige la justicia. Nos cuestionamos también si el 
antropólogo es capaz de generar una informa¬ 
ción de dicha calidad cuando su mundo etno¬ 
gráfico se caracteriza por la diversidad frente al 
imperativo categórico de la norma positiva que 
exige el derecho. 


Por otro lado, independientemente del conteni¬ 
do o metodología que aporte el estudio pericial, 
también resulta pertinente reflexionar sobre el 
lugar y el alcance del peritaje en la maquinaria 
de la impartición de justicia. Es decir creemos 
que no es suficiente con debatir el posiciona- 
miento del antropólogo como productor del co¬ 
nocimiento sino también visualizar el papel de la 
antropología como ciencia desde una perspectiva 
externalista y estructural. En concreto debemos 
preguntarnos qué impacto tiene el peritaje al ser 
absorbido por los razonamientos del juez y la 
lógica jurídica. ¿El peritaje se convierte en una 
pieza más del aparato judicial justificando con 
ello la limpieza del debido proceso o el estudio 
se constituye en un portavoz del diálogo cultural 
y del cambio en la formas de impartir justicia? 
¿Representa un vehículo en el cual se escucha la 
voz del otro? O ¿es sólo un artilugio del ventrílo¬ 
cuo que disfraza un monólogo positivista? ¿Qué 
actitud adoptar ante estas disyuntivas? 


Año 2012 • 33 



Yuri Alex Escalante Betancourt 


La invención de la verdad 

Cuando el antropólogo protesta como perito 
dentro de un proceso judicial y promete decir la 
verdad y nada más que la verdad, no sólo realiza 
un juramento para hacer más solemne el proce¬ 
dimiento. Protestar la verdad es también la ri- 
tualización de un modo de hacer justicia que ne¬ 
cesita ser mostrada y consagrada, no tanto para 
otorgarle sacralidad como para dotarla de senti¬ 
do y significar lo que Geertz llama la sensibilidad 
jurídica de cada cultura (Geertz, 1994: 204). 

Parecería raro afirmar que el engorroso y rutinario 
procedimiento judicial, celebrado en una insípida 
oficina con hieráticos operadores del derecho, 
pudiera contener un mínimo de ritualización. 
Mucho más cuando Foucault dejó plenamente 
descrito el paso de la justicia pública y teatral de 
la antigüedad a la racionalidad administrativa 
de la justicia moderna Foucault, 2003: 41). 

Pero la ilusión de que se trata de un procedi¬ 
miento burocrático y vacío de significado es sólo 
producto de la rutinización y enclaustración de la 
justicia. Sin negar la frialdad e incluso insensibili¬ 
dad del procedimiento judicial, vale la pena des¬ 
tacar aquellas representaciones y simbolizaciones 
que se derivan de estos actos repetitivos y al pa¬ 
recer carentes de significado. Algo de provecho 
abríamos de hacer después de tener que esperar 
dos o tres horas cada vez que se acude a cumplir 
las diligencias que requiere la presentación de un 
dictamen. 

Pero si protestar decir la verdad como perito 
toma tan solo unos segundos, la ritualización de 
la verdad es una historia de larga duración. Re¬ 
pasemos brevemente qué significados y nociones 
se condensan en este rito de pasaje obligado para 
todos los peritos. 

En primer lugar, la justicia moderna se distingue 
de otras por haber nulificado el poder absoluto 


de los reyes soberanos. Para que la justicia no 
recayera en la arbitrariedad del gobernante, se 
estableció la división de poderes. Desde entonces 
surge la máxima de que no se puede ser juez y 
parte de la misma causa. La separación de pode¬ 
res no sólo terminó con el absolutismo del sobe¬ 
rano. También creó un poder especializado para 
administrar la justicia. Es decir, no se cambió un 
poder por otro, sino que nace un poder que se es¬ 
pecializa en la legalidad procesal para garantizar 
la equidad y la justicia entre las partes. 

En segundo lugar, no se transfiere el poder de 
juzgar de una persona a otra. Aunque el juez 
puede determinar la sentencia (en otros es el 
jurado), el juzgador representa una especie de 
arbitro que permite que las partes se confron¬ 
ten en buena lid. De ahí la imagen de la justicia 
como una musa ciega y con el fiel de la balanza 
equilibrada. En otras palabras, la justicia moder¬ 
na rompe con la volubilidad del soberano pero 
también con el absolutismo del procedimiento. 
Siguiendo a Foucault, se pasa de la representación 
teatral a la representación de la técnica procesal, 
de la exaltación de la sed de justicia a la ecuani¬ 
midad racional de la lógica jurídica. 

En tercer lugar, a diferencia de la forma de “co¬ 
nocer” lo justo mediante las antiguas ordalías, 
duelos, linchamientos y poderes unipersonales, 
se procede a eliminar los factores subjetivos y 
viscerales inherentes al ser humano para conver¬ 
tirlo en una economía procesal lo más alejada 
de supersticiones y voliciones. La nueva justicia 
es aquella que impone normas claras, métodos 
transparentes y saberes especializados. 

El procedimiento judicial presume por ello ser 
una técnica procesal administrada por el juez y 
no por un ritual de encantamientos y adivina¬ 
ciones. El principio que lo rige tiene que ver con 
un discernimiento de los hechos, ciertas premisas 
sobre cómo valorar las pruebas e inteipretar la 
norma correctamente, de manera que el proceso 


34 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Ética y verdad 


sea una ciencia de los justo y no un arreglo entre 
humanos. 

Constatamos por eso, en cuarto lugar, que la 
esencia de esta economía procesal tiene que ver 
con la objetividad del procedimiento y de la car¬ 
ga de las pruebas, no con las buenas intenciones 
del juez. En pocas palabras, la justicia moderna 
basa su legitimidad en la técnica y en los saberes 
puestos al servicio del juez, no en la magnanimi¬ 
dad o misericordia del ejecutor. En este sentido, 
la justicia moderna es definitivamente una hija 
de la ilustración, de la fe en el conocimiento y 
en la certeza de que la verdad se puede alcanzar 
mediante el método científico. 

En este sentido, es una justicia positiva que con¬ 
fia en la ciencia como el camino para eliminar 
la incertidumbre y el error humano. El saber del 
científico se constituye entonces en el fundamen¬ 
to de la justicia, como verdad libre de las im¬ 
perfecciones humanas. El saber se legitima tam¬ 
bién de manera recíproca por la validez que le 
otorgan las propias instituciones del Estado y se 
apropia del conocimiento verdadero. El sentido 
común, ya no puede ser más el fundamento de 
la justicia. Sólo el conocimiento objetivo de las 
ciencias puede llevarnos a la verdad jurídica. La 
verdad os hará libres. 

En resumen, la verdad es la columna que sostie¬ 
ne el andamiaje de la justicia moderna porque a 
través de ella se eliminan tanto los rastros de ab¬ 
solutismo, autoritarismo e individualismo de los 
anteriores métodos. No hablamos de una verdad 
moral que deba caracterizar al individuo sino de 
la verdad del método que borre el error median¬ 
te el saber de la ciencia. Elablanros de la verdad 
que producen el experto con su metodología y 
técnicas de conocimiento. 

Si el perito en alguna ciencia jura decir la ver¬ 
dad, lo hace no solamente en nombre propio. En 
especial protesta decir la verdad para hacer efi¬ 


caz y oportuna la impartición de justicia. Luego 
entonces, el juramento no es un acto rutinario 
de compromiso individual sino la manifestación 
ritualizada del especialista mediante el cual par¬ 
ticipa en la reafirmación del modo particular y 
legítimo a través del cual nuestras instituciones 
culturales predican la justicia. 

Ya vemos la trascendencia de la verdad dentro 
de la justicia moderna, verdad que se constitu¬ 
ye en el estandarte del científico y en la esen¬ 
cia que otorga validez al fallo judicial. Por ello 
traicionarla no sólo compromete la calidad del 
propio científico y con ello su título profesional. 
Compromete a la propia disciplina por la cali¬ 
dad de su saber, pero sobre todo compromete 
a la misma justicia al dejarla desprotegida de su 
principal valor: la objetividad y la imparcialidad 
de su conocimiento. 

Ahora bien ¿cómo puede el antropólogo estar se¬ 
guro de que se apega a estos cánones de la justicia? 
¿Es suficiente aplicar un método ad hoc correcta¬ 
mente para cubrir con el mandato de la objetivi¬ 
dad y la neutralidad y desentenderse en los prejui¬ 
cios personales? ¿Existen teorías que estén exentas 
de determinaciones contextualizadas? 

Etnografía de la verdad 

En este apartado vamos a detenernos a evaluar 
qué tipo de verdad puede elaborar el antropó¬ 
logo al responder el requerimiento de un juzga¬ 
do. Asumimos que esta verdad depende en gran 
parte de la postura metódica e ideológica con la 
que se aborda el problema. De ahí que sea válido 
preguntarse qué tipo de metodología debe seguir 
el antropólogo para poder ofrecer la mejor res¬ 
puesta al juzgador. 

Reiteramos que no estamos refiriéndonos a la 
verdad que califica la honradez de una persona 
sino a la verdad que, como ciencia, construye el 
antropólogo. Verdad que emana de los cánones 


Año 2012 • 35 



Yuri Alex Escalante Betancourt 


metodológicos de la disciplina, de sus principios 
teóricos y de sus técnicas de investigación obvia¬ 
mente seleccionados por un sujeto particular ubi¬ 
cado en momentos sociales y políticos concretos. 


Con ello estamos diciendo que el antropólogo 
debe recurrir inevitablemente a un enfoque de¬ 
terminado emanado de la propia disciplina (sin 
juzgar su valor) o de otra forma sería cualquier 
cosa menos un estudio antropológico. Lo com¬ 
plicado surge cuando 
tenemos que decidir 
entre varias orienta¬ 
ciones metodológicas, 
pues a riesgo de caer 
en un relativismo me¬ 
todológico, no se pue¬ 
de afirmar que el enfo¬ 
que teórico dependerá 
de cada caso. Si aún 
creemos que nuestra 
especialidad es una 
manera concreta de 
acercarse a la realidad, 
no podemos remitir 
ese conocimiento a la 
casuística, a riesgo de 
volverla utilitarista e 
incluso oportunista, es 
decir sin orientación 
ética. 

Tampoco podemos 
elegir la perspectiva 
teórica sin conocer 
el problema general 
que el antropólogo 
intentará resolver. La 
verdad estará estre¬ 
chamente ligada a los 
objetos que analiza no 
a un mundo en abs¬ 
tracto. En este senti¬ 
do hay que recordar 
que la participación 
del antropólogo en 
los procesos penales 
se debe a que los jue¬ 
ces están obligados a 



36 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 


Ética y verdad 


conocer la diferencia cultural a fin de ahondar 
en la personalidad del inculpado respecto a la 
cultura media nacional (artículo 220 bis del Có¬ 
digo Federal de Procedimientos Penales). Esta 
es la pregunta teórica que invoca y hace com¬ 
petente a la disciplina antropológica. 

Pero dilucidar la diferencia cultural respecto a 
la llamada cultura media nacional contempla un 
conjunto de dilemas éticos difíciles de enfrentar. 
Por un lado, antropológicamente resulta descon¬ 
certante que nuestra ciencia pueda descubrir una 
cultura media nacional cuando ha sido forjada 
como una disciplina que no sólo estudia la va¬ 
riabilidad cultural, sino que trata de encontrar 
la singularidad de cada una de ellas mediante el 
método comparativo (es decir, en la diversidad y 
no en la media estandarizadora). 

Sin embargo, querámoslo o no, ese es un im¬ 
perativo de la norma que el juez tomará como 
referente al emitir su sentencia. De entrada pa¬ 
rece que no podemos descalificar esta disposición 
pues al ser de carácter normativo, contravenirla 
nos conduciría legalmente a una desautorización 
y éticamente a un relativismo legal. 

Para evitar entrar en estos vericuetos ético-nor¬ 
mativos, en los peritajes que hemos elaborado no 
se aborda el punto de manera explícita, sino que 
más bien nos dirigimos a determinar si existen 
factores culturalmente diferentes en la comisión 
del delito. O sea que nos limitamos a explorar 
qué diferencias normativas existen entre la cultu¬ 
ra indígena y la nacional, de manera que enten¬ 
damos la distancia o cercanía entre ambas y no a 
desentrañar su relación con la quimérica media 
nacional. 

Esta se convierte en una decisión ética conscien¬ 
temente asumida que trata, al mismo tiempo, de 
ser fiel a ciertos postulados de la disciplina sin 
contravenir la norma. En el fondo, se trata de 
que el estudio no sea absorbido por las pregun¬ 


tas etnocéntricas que se ligan con presunciones 
evolutivas y desarrollistas de la cultura y que 
pretenden reducir al otro a una condición mar¬ 
ginal, basada fundamentalmente en elementos 
materiales y accesorios, que reflejan su aleja¬ 
miento o compatibilidad con la “media” ideal 
del derecho construido por el Estado Nación 
hegemónico. 

Asumimos en este sentido que parte de la res¬ 
ponsabilidad del antropólogo está en no co- 
sificar la cultura y, en cambio, resaltar el as¬ 
pecto normativo y performativo implicado en 
la controversia legal para que los jueces estén 
en la capacidad de valorar la presencia de la 
diferencia y no confundir a ésta con pobreza, 
nrarginalidad, aislamiento, o peor, con atraso, 
ignorancia, incapacidad mental, inconsciencia 
y vicios sicológicos que estereotipan la cultura 
del otro. 

Pero la justa valoración de las diferencias cultu¬ 
rales no termina únicamente con la presentación 
de un buen dictamen antropológico. Elay otras 
implicaciones éticas que sobresalen al narrar la 
verdad etnográfica. Tenemos la situación de que 
en un gran número de casos, los abogados de¬ 
fensores solicitan estudios cuya pregunta central 
gira alrededor de si el indígena conoce la ley o 
si tenía conciencia de que su actuar era contra 
derecho. Es decir, la estrategia del abogado se 
enfoca principalmente a alegar ignorancia y falta 
de dolo para lograr atenuantes o excluyentes de 
responsabilidad. 

Sin embargo, la verdad etnográfica no siempre 
permite llegar a estas conclusiones. Tal es el 
caso, por ejemplo, de autoridades indígenas que 
en cumplimiento de sus funciones de vigilancia y 
mantenimiento del orden portan armas o man¬ 
tienen encarceladas a los delincuentes mientras 
se resuelve la controversia. Para el derecho posi¬ 
tivo esto significa violar la ley de armas de fuego 
o las garantías individuales, respectivamente. En 


Año 2012 • 37 



Yuri Alex Escalante Betancourt 


cambio la autoridad indígena, pese a que pueda 
estar consciente de la antijuricidad de la conduc¬ 
ta, obedece el mandato de la comunidad que lo 
elige. 

¿Qué hacer en estos casos? La verdad histórica 
o etnográfica claramente nos dice que la co¬ 
munidad tiene sus propias formas de regular y 
sancionar las conductas. Es producto de la exis¬ 
tencia del pluralismo jurídico no de un oscuran¬ 
tismo sicótico. No obstante ello, justificar una 
conducta bajo tales premisas significa confron¬ 
tar el principio del positivismo de que no acepta 
uso o costumbre contraria a derecho. En este 
sentido sostener los postulados de la diversidad 
y la diferencia, independientemente de la ino¬ 
cencia o culpabilidad del sujeto, chocan inva¬ 
riablemente con los postulados del positivismo 
jurídico para el cual la norma escrita es un 
imperativo categórico. 

No quisiéramos que estas reflexiones se entendie¬ 
ran como una postura que intenta discutir sobre 
la culpabilidad o inocencia del indiciado, terreno 
exclusivo del juez. Más bien discutimos cuál es 
el enfoque teórico que permita al juez tener los 
mejores elementos para valorar su sentencia sin 
romper con ciertos principios antropológicos ni 
con ciertos valores éticos. Uno puede optar por 
afirmar que el indígena es ignorante de la ley y 
que es inconsciente de sus actos para inclinar el 
fiel de la balanza, pero no seríamos congruentes 
con la antropología ni con la propia justicia ni 
con el propio indígena, pues si terminamos co¬ 
locando a alguien debajo de la media nacional o 
magnificando su ignorancia, estaríamos aceptan¬ 
do los estigmas racistas que inferiorizan un modo 
de vida. El dilema es entonces mentir y ayudar o 
narrar la verdad y condenar. 

Otra manera de decirlo es que para que la reali¬ 
dad cultural pueda transitar exitosamente dentro 
de la lógica del positivismo, es necesario alegar 
que la otredad está equivocada, que vive (para 


hablar en términos procesales) en un error de 
tipo penal, pues aunque existe la conducta de¬ 
lictiva, el sujeto ignoraba que fuera prohibida y 
cuando actuaba pensaba que hacía lo correcto. 
En resumen, significa aceptar que la cultura está 
en el error para que el positivismo pueda com¬ 
prender una “verdad” jurídica sin romper su 
dogmatismo monológico. Todo ello implica que 
aunque el antropólogo no emite sentencias, sus 
conclusiones sí pueden condenar a una cultura 
estigmatizándola a través de una errónea percep¬ 
ción de su mundo. 

En este caso, como en el anterior, la salida que 
hemos encontrado a la disyuntiva de unlver¬ 
salizar versus relativizar, ha sido la de buscar 
conceptos y explicaciones alternas que eviten 
tales extremos. Por ejemplo, el concepto de 
ignorancia, tan fácil de aceptar por la justicia 
pese a que el inculpado muestre ostensible¬ 
mente una conocimiento amplio de su entor¬ 
no, como hablar dos o más lenguas, conocer 
el mundo urbano y rural, ocupar cargos de 
prestigio en la comunidad o ser médico tradi¬ 
cional, se puede transfigurar por un concepto 
más adecuado como por ejemplo, desconoci¬ 
miento de la ley. Pero decimos desconocimien¬ 
to de la ley en el sentido de no estar inmersos 
en el mundo conceptual del derecho positivo 
más que en el sentido abyecto de ignorancia. 
Desconocimiento de la ley porque no es re¬ 
conocido como imperativo dentro del mundo 
normativo propio y no tanto porque desprecie 
o niegue su validez. 

Esta posición implica sostener que pudiendo co¬ 
nocer la existencia de una ley que regula el uso 
de armas o las garantías de las personas, se des¬ 
conoce su aplicación real pero no por pereza o 
ignorancia supina, sino porque los sujetos actua¬ 
ron bajo concepciones culturalmente aprendidas 
y socialmente compartidas. Luego entonces, se 
da más énfasis al contexto en el cual se consti¬ 
tuye esa diferencia más que al submundo de la 


38 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Ética y verdad 


marginalidad, aislamiento o atraso cultural que 
imagina el positivismo. 

Lo que en esta sección hemos querido subra¬ 
yar es que pese a que el antropólogo se inscriba 
en el supuesto de la verdad, la neutralidad y la 
objetividad, los conceptos e imperativos que le 
pone ante sí el positivismo jurídico no siempre 
son compatibles con su propia mirada y mucho 
menos con la verdad etnográñca que conoce. 
Reiteramos de nuevo que no estamos hablando 
del problema de mentir o de hacer el trabajo a 
satisfacción del cliente, sino de cómo realizar un 
trabajo que sea congruente con el aprendizaje y 
con los fundamentos del enfoque antropológico. 
Decir la verdad no es, en este sentido, decir lo 
que se encontró fácticamente, sino aportar los 
mejores elementos científicamente construidos 
bajo bases argumentativas e interpretativas para 
que puedan ser entendidas por la justicia. 


Autoridad o autoritarismo 

Otro dilema no menos problemático es el estatus 
de autoridad que se le atribuye al saber del an¬ 
tropólogo en este tipo de controversias culturales. 
Como sabemos, la ley otorga al perito el carácter 
de experto en el arte o conocimiento de su ma¬ 
teria y, por ende, como sublimación de la cien¬ 
cia en oposición al sentido común. Lo coloca, en 
resumidas cuentas, como intermediario entre la 
realidad y la justicia o, dicho de otra manera, 
la justicia sólo puede certificar la verdad histó¬ 
rica a través del experto. 

Es justo decir aquí que el positivismo jurídico, 
como producto de la ilustración y las luces del 
cientificismo, considera obviamente que los más 
aptos para ser peritos son aquellos facultados por 
haber obtenido un título profesional. Sin em¬ 
bargo, la propia ley señala que cuando no los 



V. Glockner. Proyecto Vida y muerte en la Montaña de Guerrero 



Año 2012 • 39 




Yuri Alex Escalante Betancourt 


hubiera, se puede recurrir a los peritos oficiales 
(aquellos que trabajan en un organismo oficial) y, 
en caso necesario, a los peritos prácticos (aquellos 
que por sus conocimientos empíricos se convier¬ 
ten en expertos de un arte, oficio o ciencia). 

En los casos en donde los jueces requieren las pe¬ 
riciales, se ha recurrido no tanto a la antropología 
(ciencia que presume el estudio de la cultura) sino 
más bien a instituciones que han estado ligadas 
a la atención y estudio de los pueblos indígenas, 
como es la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (antes INI), el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia o a otras 
instituciones académicas. 

Pero también en otras ocasiones, aunque muy ex¬ 
cepcionales, los jueces han aceptado que se pre¬ 
senten autoridades indígenas que actúen como 
peritos prácticos. En otros trabajos (Escalante, 
2002: 42) hemos abordado el problema de quién 
es el experto más competente para dilucidar la 
diferencia cultural que buscan los jueces, es de¬ 
cir, cuál puede ser el mejor experto que lleve la 
verdad ante la justicia en cuestiones de análisis 
cultural ¿Un antropólogo formado bajo las teo¬ 
rías occidentales o un nativo de la comunidad 
donde surge la controversia legal? ¿La autoridad 
del antropólogo no se convierte en autoritarismo 
al pretender saber lo que un nativo conoce de 
antemano? 

Bajo una óptica dialógica se podría pensar que 
ciertamente un principio de justicia sería que el 
positivismo jurídico abriera los espacios para un 
diálogo intercultural verdadero facilitando que 
los peritos (profesionales, oficiales o prácticos) 
fueran indígenas que explicaran las diferencias 
culturales ante los jueces. Un antropólogo que 
asumiera esta premisa como un principio éti¬ 
co, tendría que abstenerse en lo subsecuente a 
participar en la elaboración y presentación de 
peritajes, por usurpar una labor que no le co¬ 
rresponde. 


Pero luego de pensar bajo varios aspectos ese di¬ 
lema, hemos llegado a la conclusión de que la 
respuesta no es tan sencilla. Una cuestión que 
dimana de la propia naturaleza de la justicia es 
que el perito práctico se contempla como una ex¬ 
cepción en dado caso de no encontrar a los otros 
y, en consecuencia, los jueces (que tienen plena 
potestad para designar a los peritos) primero bus¬ 
can a los oficiales. Adicionalmente, el servicio de 
una institución no tendría costo, mientras que 
encontrar, trasladar y pagar a un perito práctico 
complica las diligencias y solvencia del aparato 
judicial. 

Pese a todo, esta es una cuestión que no está en 
manos ni le compete al antropólogo resolver. La 
cuestión ética radica en si se justifica su partici¬ 
pación en un juicio donde aparentemente puede 
existir otro que tenga una verdad, no mejor, pero 
si más legítima para aportar los referentes dife¬ 
renciales que necesita la justicia. 

Dos circunstancias pueden ayudar a resolver tan 
complicada disyuntiva. En cuanto a la presunción 
de autoridad que puede tener un antropólogo no 
indígena sobre uno que es nativo, ya en un texto 
pionero de Delmosjones (1988) discutió los por¬ 
menores de esta polémica posmoderna. Aunque 
es indiscutible que el antropólogo occidental no 
puede estar libre de prejuicios sobre otra cultura, 
Jones también analizó las debilidades que una 
antropología nativa puede alcanzar cuando pre¬ 
tende hacerse un autoanálisis. ¿Cómo puede, por 
ejemplo, un nativo varón abrogarse el derecho 
de hablar de las mujeres semejantes o como clase 
privilegiada hablar de la clase excluida, o como 
creyente o no creyente hablar de otros creyentes 
que son sus vecinos? 

Jones concluye, tras estos razonamientos, que 
lo fundamental no radica en el origen o per¬ 
tenencia cultural del antropólogo, pues resulta 
imposible participar en todos los niveles sub¬ 
culturales. Lo fundamental proviene de las pre- 


40 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Ética y verdad 


guntas y formulaciones teóricas que se plantee 
para resolver los problemas de la cultura ajena 
o propia. Dicho de otra manera, la ciencia no 
depende tanto del antecedente del sujeto como 
de su acercamiento metódico. Esto es cierto, so¬ 
bre todo, para la justicia positiva, que opone ra¬ 
dicalmente el sentido común de los declarantes 
y testigos, a la sapiencia del método utilizado 
por el perito. 

Un tema final que merece discutirse desde el 
punto de vista de la ética parte de un supues¬ 
to, muchas veces dicho entre antropólogos, 
acerca de que el peritazgo representa una po¬ 
sibilidad de diálogo entre las culturas, y más 
exactamente, entre una forma de justicia local 
y otra estatal. Esta sería una de las razones por 
la cual podría insistirse en que los indígenas 
serían los más indicados para hablar sobre su 
propia cultura. 

Sin embargo, reconocer que el derecho posi¬ 
tivo está modificando sus procedimientos para 
incorporar la diferencia cultural, no debe lle¬ 
varnos a idealizar las reformas que han sufrido 
los códigos penales. En estricto sentido hay que 
recordar que la pericial antropológica, cuando 
se presenta, es sólo una más de las pruebas que 
ofrecen las partes en litigio. En otras palabras, 
no se trata de un diálogo frente a frente con 
el juez o de la justicia positiva con el perito ni 
mucho menos con la cultura del otro, porque 
la pericial únicamente se suma a un conjunto 
de elementos procesales sin ninguna pretensión 
de soberanía. De hecho el juez tiene la potestad 
para desecharlo, considerarla sólo un indicio o 
también con valor de prueba plena. 

El peritaje antropológico es solamente una pieza 
dentro de la normalidad del procedimiento judi¬ 
cial, y esta pieza, en caso de ajustarse, lo tendrá 
que hacer dentro del estricto marco de la norma 
positiva, es decir, en el imperativo categórico del 
positivismo que no acepta uso o costumbre, ins¬ 


tituciones o convenciones contrarias a la norma 
positivada. En este sentido el dictamen cultural 
no es una innovación en los procesos judiciales 
sino un ingrediente más que ayudará a compren¬ 
der que tan alejada estaba una conducta de la 
norma permitida, más no es útil para justificar 
la validez de normas diferentes. 

Dicho de otra manera, la verdad antropológi¬ 
ca se incorpora a la justicia penal siguiendo sus 
propias reglas del juego. No cambian las nor¬ 
mas y criterios del juez para valorar pruebas, 
sino que únicamente se añaden opiniones ca¬ 
lificadas para que el juez pueda ahondar en el 
conocimiento de la personalidad, al momento 
de dictar sentencia. 

Esto significaría que aún presentándose un indí¬ 
gena como perito práctico, oficial o calificado, 
sus aportaciones se someterían a la razón del 
juez y las normas que la rigen, de ahí que no 
creamos que se esté dando un diálogo intercul¬ 
tural, pues el perito (fuere cual fuere) se inserta 
en una especie de círculo cerrado que sólo pue¬ 
de visualizar lo que las propias reglas del positi¬ 
vismo determinan. 

En este sentido, el supuesto diálogo sólo es un 
disfraz oculto tras la cara del monólogo positi¬ 
vista que en el fondo lo que hace es subordinar 
las diferencias al imperativo categórico de la ley 
positiva. Ante la circunstancia, el antropólogo 
tiene que tener muy claro el papel que juega 
pues, si bien legalmente y éticamente se torna 
indispensable su participación, eso no implica 
que se estén generando nuevas formas de im¬ 
partir justicia. 

Conclusiones 

De lo dicho a lo largo de estas líneas se extraen 
varias conclusiones que implican la toma de 
decisiones éticas bastante problemáticas para el 
antropólogo. 


Año 2012 • 41 



Yuri Alex Escalante Betancourt 


La principal de ellas es que la verdad antropoló¬ 
gica es una verdad que se extrae de un contexto 
etnográfico plural y diverso. Cuando la verdad 
antropológica se expone ante la justicia positiva, 
el diálogo intercultural lejos de ampliarse se en¬ 
torpece ya que, mientras el mundo legal habla a 
través del monismo de la norma, el mundo etno¬ 
gráfico se caracteriza por la pluralidad y alter¬ 
nancia normativa. 

Un concepto paradigmático en este distanciamien- 
to entre verdad antropológica y razón judicial es la 
cultura media nacional. El antropólogo se encuen¬ 
tra incapacitado para abordar dicho constructo ya 
que mientras la ley se basa en un deber ser, ideal 
y positivado, la antropología obtiene su saber me¬ 
diante el punto de vista del actor y del sentido co¬ 
mún normado por una cultura diferente. 

La media nacional no puede ser el referente para 
mirar a las culturas que se rigen por formas de 
vida distintas, pues no sólo estaríamos aceptando 
categorizaciones racializadas que terminan in- 
feriorizando y estigmatizando la diferencia. Sin 


embargo, el antropólogo debe tener la capacidad 
de exponer una verdad que muestre la diferencia 
sin contravenir flagrantemente la norma. 

Bibliografía 

ESCALANTE, Yuri, (2002), La experiencia del 
peritaje antropológico, Instituto Nacional Indi¬ 
genista, primera edición, México. 

FOUCAULT, Michel, (2003), Vigilar y casti¬ 
gar. Nacimiento déla prisión. Siglo XXI editores, 
Nueva criminología y derecho, trigesimosegunda 
edición, México. 

GEERTZ, Cliíford, (1994), Conocimiento local. 
Ensayos sobre la interpretación de las culturas, 
Ediciones Paidós, Paidós Básica 66, I a edición, 
España. 

JONES, Delmos, (1988), “Towards a Native An- 
thropology”, en Johnnetta COLE, Anthropology 
For The Nineties. Introductory Readings, The 
Free Press, New York. 


42 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Crítica al ejercicio del peritaje antropológico en 

Chihuahua. 

¿Añrmación o negación del pluralismo jurídico en 

nuestras peritaciones? 


Víctor Hugo Villanueva Gutiérrez 

victorvillanueva79@gmail.com 
(Maestría ENAH Chihuahua-CIESAS) 


I. 

No ha sido fortuito el hecho de que en el estado 
de Chihuahua la pericial en materia de Antropo¬ 
logía haya encontrado un nicho de aplicabilidad 
consustancial al de otros estados de la República 
mexicana. 

Las condiciones de marginalidad económica, ex¬ 
clusión política e invasión cultural en las que el 
contexto social se desenvuelve en el norte mexi¬ 
cano, se encuentran justificadas por una ideolo¬ 
gía hegemónica que, a la fecha, entoipece todo 
esfuerzo por romper con la negación del plura¬ 
lismo jurídico. 

Los intentos por abrir el campo de la administra¬ 
ción de justicia en relación a la diferencia cultu¬ 
ral y las controversias entre formas de valoración 
de las relaciones interculturales, han evidenciado 
la amalgama permanente entre las condiciones 
objetivas de marginación y la subjetividad que 
les encubre. 


En este orden de ideas, al tratar el tema del peri¬ 
taje antropológico me parece necesario plantear 
que éste se da en un contexto de negación del 
pluralismo jurídico es por ello, que, aventurán¬ 
dome a ser demasiado concreto al respecto en 
esta ocasión, tomo como punto de partida la rup¬ 
tura epistemológica que, por método, el perito en 
antropología debe sostener frente a tal situación, 
ya que, de no ser así, se corre el riesgo de dudar 
de la concreción de la cultura “del otro” diver¬ 
so y entonces posicionarse sobre la cultura del 
otro, y así incurrir en una actitud colonial. En 
ese sentido, el papel del perito es objetivar con 
rigor metodológico la subjetividad que recubre 
la práctica de ese otro diverso y los sistemas nor¬ 
mativos que valoran la juridicidad de la misma y 
no la de imponer prenociones “objetivistas” que 
encubran dicha diversidad. 

Para reconocer el contexto de pluralismo jurídico 
existente, cuando el aparato de procuración de 
justicia del Estado solicite la participación de un 


Año 2012 • 43 



Víctor Hugo Villanueva Gutiérrez 


especialista antropólogo, estoy convencido que el 
perito debe identificar la pertinencia de su inter¬ 
vención aludiendo a dos condiciones específicas: 
en primer lugar, la existencia de una controversia 
entre sistemas normativos diversos. Esta cuestión 
implica la superposición de una forma de juridi¬ 
cidad por sobre otra, generalmente la nacional 
sobre la étnica, en la que es evidente que la serie 
de normas -o una parte de ellas- que integran a 
dichos sistemas se encuentran en contradicción 
y, por ello, plantear que el especialista en el cam¬ 
po de la cultura debe exponer por medio de la 
peritación, la adscripción que el o los sujetos en 
juicio reconocen como jurisdicciones diversas en 
un mismo territorio. En segundo lugar, la contro¬ 
versia entre valores particulares en que los sujetos 
formados en distintas culturas reivindican como 
aquellos valores que guían su práctica y justifi¬ 
can su acción en contextos de invasión cultural y 
discriminación de clase, de género o reemplazo 
lingüístico; situaciones en las que la dinámica so- 
ciocultural se vuelve aun más problemática, pero 
que, en el mismo tenor, a la peritación le permite 
afirmar la existencia de una pluralidad jurídica. 
En ambos casos se está ante controversias por di¬ 
ferencias culturales en el campo del Derecho, ya 
que lo que justifica una pericial antropológica es 
precisamente la contradicción entre valores di¬ 
versos, sistemáticamente posicionados, colectiva 
o individualmente. Ese es el contexto local en el 
que se desenvuelve este tipo de experticia, donde, 
para el caso de Chihuahua, el componente étni¬ 
co sigue siendo la directriz. 

Empero, a la fecha, la migración a los núcleos ur¬ 
banos que integrantes de grupos étnico-religiosos 
como los Menonitas están llevando a cabo, y la 
creciente expansión de la cultura de la violencia 
en el ámbito rural, plantea otros tipos de esce¬ 
narios para la elaboración de los mismos. Por 
ejemplo, en fechas recientes el Departamento de 
Denuncias de la Fiscalía Zona Occidente, en el 
estado, registró el ataque a colonos del Campo 
14-A por parte de sujetos de una banda integra¬ 


da por menonitas. De dicho evento se denuncia¬ 
ron agresiones físicas y el intento de secuestro de 
un joven de apenas 19 años de edad, también 
de origen nrenonita, lo cual constituye ejemplo de 
lo que, desde hace un par de años, he planteado 
sobre la relación que se puede generar entre mi¬ 
gración, diferencia cultural y delincuencia orga¬ 
nizada, como nuevos campos en un escenario de 
enorme complejidad. 

Otra de las situaciones que provocará la partici¬ 
pación de peritos antropólogos en la procuración 
de justicia será la que toque aquellas relaciones de 
explotación en torno a los saberes tradicionales 
que la población nativa de la Sierra de Chihu¬ 
ahua posee respecto al trabajo agrícola, es decir, 
a la fecha, se observa cómo el narcotráfico en 
su cadena de producción, distribución y consu¬ 
mo se apropia de manera violenta de ese tipo 
de saberes. Así, los jóvenes y los adultos-jóvenes 
indígenas y mestizos serranos, al ser participes en 
la primera fase de producción de enervantes, son 
subsumidos por la dinámica de mercado del nar¬ 
co y, con ello, están siendo sujetos a la jurisdic¬ 
ción del Estado por su participación en hechos 
constitutivos de un delito federal, pero cabrá pre¬ 
cisar que en este tipo de situaciones, por paradóji¬ 
co que parezca, los saberes tradicionales pueden 
quedar sujetos también a escenarios ilícitos. 

Para observar de manera crítica dicha situación, 
creo que el perito deberá considerar el grado de 
profundidad que nos están planteando esos esce¬ 
narios y cómo ello le permite arribar a un tipo 
de análisis epistemológico sobre la construcción 
que sigue la conceptualización de lo considerado 
como transgresión a la norma del Estado, sobre 
la aplicación de los saberes propios de las comu¬ 
nidades. En este caso, el hecho de participar en 
una actividad agrícola que, además, permite el 
sostenimiento del núcleo familiar, se deberá com¬ 
prender con sensibilidad para observar que el tipo 
de explotación a la que están siendo empujados 
los integrantes de las comunidades serranas es un 


44 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Crítica al ejercicio del peritaje antropológico en Chihuahua 


modelo de subsunción basado en la explotación, 
que más allá de enfocarse en la fuerza de trabajo, 
implica la explotación de las fuerzas vivas. 

II. 

Como resultado del Proyecto de investigación 
“El ejercicio del peritaje antropológico en Chi¬ 
huahua”, para la Maestría en antropología social 
de la ENAH Chihuahua y el CIESAS, es que he 
conseguido hacer un recuento crítico y sistemáti¬ 
co sobre la aplicación del saber antropológico en 
la elaboración de peritajes, mismo que atraviesa 
las etapas de recopilación de periciales elabora¬ 
das por distintos colegas adscritos igualmente a 
distintas instituciones públicas, la revisión crítica 
de las mismas, y la conceptuación de su ejercicio 
como experiencia concreta de la antropología ju¬ 
rídica. 

En esta ocasión me interesa compartir algunas 
de las reflexiones que he expuesto en los distintos 
foros que se han llevado a cabo, posteriores al 1er 
Coloquio sobre peritaje antropológico Augusto 
Urteaga Castro-Pozo, en distintas ciudades y se¬ 
des con la participación de expertos en el tema y 
auspiciados por instituciones académicas recono¬ 
cidas como la Coordinación Nacional de Antro¬ 
pología del INAH, el CEAS, la UAM-I, la Universi¬ 
dad Michoacana y la UNAM, entre otras. 

La primera de estas reflexiones es la que me ha 
permitido proponer una caracterización sobre 
la aplicación del peritaje en el contexto chihu- 
ahuense: una tipología que trata sobre la aplica¬ 
ción misma de la pericial desde el campo de la 
ciencia antropológica y, no así, en esta ocasión de 
las materias o ámbitos del Derecho en los que se 
ha solicitado el mismo, es decir, en esta ocasión 
trato las formas instrumentales -y no disciplina¬ 
res o intradisciplinares- que ponen de manifiesto 
la intención de la pericial. Aunque en ello, por 
supuesto, se admite que tanto los campos en los 
que han sido solicitados como las materias en 
las que ha aplicado, se imbrican con la siguiente 
tipología. 


a) La visión idealizada 

Esta se compone de aquella práctica que coloca 
a la perspectiva intercultural como contexto y 
método de análisis. Esgrime una argumentación 
basada en la negación del conflicto o relaciones 
interétnicas aludiendo a la idealización de un 
supuesto diálogo entre culturas diversas. Asimis¬ 
mo, propone la negación de fronteras culturales 
y límites estructurales que condicionan el reco¬ 
nocimiento efectivo del pluralismo normativo 
y acentúan su negación. El razonamiento que 
transfiere este tipo de visión sobre el peritaje an¬ 
tropológico es la negación de la autonomía de los 
pueblos y comunidades indígenas, la integración 
“respetuosa” de los mismos al Estado nacional y 
al sistema mundo, las interlegalidades como me¬ 
canismo de coloniaje o subordinación jurisdiccio¬ 
nal y no como expresión concreta del pluralismo 
normativo. 

b) La visión positivista 

Aquella que implicada en el objetivismo -im¬ 
plicación caracterizada por abrevar del discurso 
ideológico que trata sobre la neutralidad de las 
ciencias y la “sana” distancia entre el investigado 
(como objeto de estudio) y el investigador mismo 
(como científico erudito)-, coloca a la perspectiva 
cientista como aquella que posee -en términos 
de poder-saber- la técnica que indubitablemen¬ 
te ilustrará al juzgador sobre la verdad jurídica. 
Esgrime una argumentación que, por medio de 
referencias estadísticas y sobre el desconocimien¬ 
to de las leyes del aparato jurídico de Estado por 
parte del indiciado, pretende fundamentar, ase¬ 
gurar y evidenciar la distinción cultural, confun¬ 
diendo con ello la adscripción a una cultura par¬ 
ticular con la posición socioeconómica, el grado 
escolar del indiciado o el error de prohibición o el 
error de tipo. En este sentido, a priori el perito se 
preocupa más por responder la duda que tiene el 
solicitante sin cuestionar siquiera la pertinencia o 
trasfondo de la duda misma y la intención que le 


Año 2012 • 45 



Víctor Hugo Villanueva Gutiérrez 


acompaña. Este tipo de periciales obedece más 
a una lógica de estudio socioeconómico, diag¬ 
nóstico socio-jurídico o análisis de personalidad 
que propiamente a una pericial antropológica o 
cultural. 

c) La visión estratégica 

En ella es posible encontrar dos tipos de aplica¬ 
ción: por una parte, la que persigue la intención 
jurídica de probar que el o los involucrados reco¬ 
nocen una identidad particular -identidad étnica 
en la totalidad de los casos- y, por ende, es o 
son sujetos a una cultura diferenciada que norma 
su conducta con base en sistemas de creencias y 
valores diversos, lo cual es utilizado por el solici¬ 
tante como argumento para aminorar o excluir 
de la pena, o para el reconocimiento de derechos 


sobre un territorio determinado; por otra parte, 
la que intenta el uso corrupto de la pericial con 
la intención de “certificar” identidades étnicas a 
sujetos que no son portadores -individual o co¬ 
lectivamente- y conseguir aminorar penas o con¬ 
culcar las mismas. Estos tipos de aplicación de la 
pericial antropológica, desde la visión estratégica, 
han sido observados dada la crítica que se ha he¬ 
cho de la práctica que litigantes, tanto del fuero 
federal como del común, adscritos a instancias 
públicas o privadas, ejercen para casos en los que 
se identifica una intención jurídica concreta o un 
pragmatismo sin reservas. 

d) La visión crítica 

Como resultado de la crítica que he construido a 
lo largo de los diferentes foros a los que he acu- 






Crítica al ejercicio del peritaje antropológico en Chihuahua 


dido y en los que he compartido la experiencia 
local con colegas en ejercicio en otros estados de 
la República, sostengo que la visión crítica del 
peritaje es la que ha resultado más prohfica en 
términos teórico-metodológicos. Ello debido pre¬ 
cisamente a que esta visión permite asumir una 
posición frente al problema planteado en cada 
solicitud de elaboración de una pericial de este 
tipo, ya que considera al perito mismo como 
un sujeto-sujetado -lo quiera o no reconocer él 
mismo- por un contexto de lucha de fuerzas, de 
poder, de contradicción entre epistemologías 
diversas, de coloniaje, tanto a nivel interdiscipli¬ 
nar como entre culturas, en el cual tiene cabida 
como partícipe. Esta visión, por método, parte 
de posicionarse en el contexto del pluralismo ju¬ 
rídico, como fundamento para la argumentación 
que ha de hacer para llegar a dictaminar sobre 
una situación dada. En este sentido, desde esta 
visión, el perito plantea que su deber es, previa 
identiñcación de la pertinencia del dictamen, ob¬ 
jetivar las subjetividades que desde la propia ads¬ 
cripción jurisdiccional que sujeta al o a los invo¬ 
lucrados, afirman a las normatividades ocultas. 
De esta manera se evita colocar en superposición 
tanto al conocimiento y técnicas de la ciencia an¬ 
tropológica como a la argumentación basada en 
estadísticas y técnica jurídica, por sobre los siste¬ 
mas normativos diversos. 

Cabe precisar que la tipología anterior pretende 
avanzar en torno a la caracterización del ejer¬ 
cicio del peritaje antropológico, no así aislar las 
distintas formas en las que se manifiesta dicha 
práctica. De hecho, se reconoce que así como 
esta tipología de las formas instrumentales re¬ 
lativas al peritaje acepta lo imbricado de ele¬ 
mentos entre una y otra visión, lo que otorga 
viabilidad a esta caracterización es precisamen¬ 
te ubicar el terreno o los presupuestos epistemo¬ 
lógicos de los que se parte para la elaboración 
de este tipo de periciales. Ello porque se ha de 
afirmar que la posición epistemológica -el fon¬ 
do- determina la forma en que se ha de presen¬ 


tar la argumentación pericial y el dictamen que 
se concluya. 

III. 

Para que el lector identifique ejemplos de la tipo¬ 
logía que me he dado a la tarea proponer, basán¬ 
dome en la experiencia de Chihuahua, expongo 
dos de las periciales que fueron solicitadas por 
el Instituto de Defensoría Pública en Lenguas 
Indígenas, adscrito al Poder Judicial de la Fe¬ 
deración, con sede en el Circuito Judicial XVII 
asentado en el estado. Ambos casos implican a 
sujetos indígenas retenidos por la autoridad ju¬ 
risdiccional acusados del delito de corte, tala o 
derribe de algún o algunos árboles, hechos que 
según la Ley Federal de Aprovechamiento Fores¬ 
tal, entre otras, constituyen delito federal al eva¬ 
dir la gestión del permiso correspondiente ante 
las instancias forestales y ejidales. 1 

El trato de estas dos periciales -igualmente ela¬ 
boradas por dos peritos distintos- permite ejem¬ 
plificar el tipo de análisis que a la fecha estoy 
aplicando, lo que incluye la revisión de las dis¬ 
tintas etapas del proceso de elaboración y valo¬ 
ración que sigue el dictamen pericial como son: 
el determinar la pertinencia de atender o no, o 
de qué manera, la solicitud según el cuestionario 
planteado; el razonamiento que construye el pe¬ 
rito al momento de responder las interrogantes; 
el razonamiento que presenta ante el juzgador el 
solicitante, el razonamiento que el juzgador ela¬ 
bora como resultado de su propio criterio con¬ 
siderando las pruebas y argumentos esgrimidos 
por las partes en litigio, y la sentencia aplicada. 

Para el primero de los casos, expongo el peritaje 
que elaboré para la Causa Penal No. 48/2010 en 


1 El lector notará durante la revisión de la legislación vigente en 
la materia, que en ninguna de ellas se considera a las asambleas 
o juntas comunitarias indígenas -órganos político-administrativos 
de las propias comunidades étnicas- como instancias validas para 
la gestión o toma de decisiones al respecto. 


Año 2012 • 47 



Víctor Hugo Villanueva Gutiérrez 


la que se vieron implicadas dos personas -una de 
origen rarámuri, la otra mestizo serrana- y para 
en la cual se requirió responder las siguientes inte¬ 
rrogantes: I) Para que en términos de los artículos 
146 y 220 bis del CFPP, proporcione las cir¬ 
cunstancias personales de los procesados y diga si 
existe diferencia cultural de los procesados con el 
resto de la población nacional; II) Para que diga 
si es una costumbre en la comunidad de Rosavi- 
chi, Municipio de Bocoyna, el empleo de cercas 
para proteger las parcelas o áreas de cultivo por 
parte de sus pobladores, de resultar positivo que 
diga a qué se debe el empleo de dichas cercas o 
cercos; III) Que exponga el tipo de materiales 
que se emplean en la elaboración de cercas o cer¬ 
cos para la protección de las parcelas o áreas de 
cultivo y el motivo por el cual se emplean dichos 
materiales; IV) Si en la localidad de Rosavichi, 
Municipio de Bocoyna, Chihuahua, es común 
el empleo de materiales de construcción propios 
de la región y, de resultar positivo, que describa 
dichos materiales y el tipo de usos que les dan 
sus pobladores; V) Si el cortar postes de madera 
para la elaboración de un cerco forma parte del 
catálogo de conductas consideradas como delito 
dentro de la cultura de los procesados; VI) Las 
demás circunstancias que el perito desee agregar 
y sean útiles al momento de resolver el presente 
asunto (Oficio 2122). 

Al momento de leer la síntesis que presento de las 
respuestas a las interrogantes planteadas, el lector 
podrá identificar la argumentación que presenté 
como ejemplo de la visión crítica ya que, por 
método, me situé en el contexto de pluralidad 
normativa. Así, en ocasión de responder si existe 
o no diferencia cultural y el grado de la misma 
que “poseen” los indiciados, respondí de mane¬ 
ra puntual que los mismos pertenecen a culturas 
distintas sin más, en lugar de caer en el juego de 
sobre ponerse a tal diversidad desde la mirada 
propia de la mestizocracia que, desde los criterios 
de escolaridad, socioeconómicos o socio-jurídicos 
respecto al grado de conciencia respecto al co¬ 


nocimiento de la norma general o particular del 
Estado, discrimina y constriñe el razonamiento 
sobre la alteridad; que para la comunidad que 
habita Rosabíchi 2 encontré que es común el em¬ 
pleo de ese tipo de cercos para proteger las áreas 
de cultivo, así como para proteger al ganado ma¬ 
yor y caballar; que el tipo de material utilizado 
corresponde al material de construcción con el 
que en dicha región se levantan casas habitación, 
trojes, corrales y se delimitan predios; que el uso 
y aprovechamiento del recurso maderable exis¬ 
tente en las extensiones de las tierras definidas 
como de uso común, debe indubitablemente 
pasar por la aprobación de la comunidad, mis¬ 
ma que sustenta el sistema normativo al que se 
adscribe y dota de juridicidad a tal hecho; que 
encontré diferencia en tanto a las formas en las 
que cada sector de población, al interior de la 
comunidad, responde al momento de solicitar 
la participación de vecinos en la construcción 
de los cercos u otra actividad relacionada con la 
construcción de algún inmueble: por una parte, 
el mestizo serrano acude a un tipo de lógica sa¬ 
larial empleador/empleado para retribuir por el 
trabajo necesario para tal o cual hecho; mientras 
que, por otra parte, el rarámuri acude a la ló¬ 
gica bilateral de la retribución por medio de la 
dinámica de la reciprocidad obligada o trabajo 
cooperativo, de la cual el convivio del batarí o 
teswinada es un ejemplo sumamente estudiado 
por la antropología del norte de México. 3 

En este sentido, argumenté que las características 
profundas de la verdadera controversia entre siste¬ 
mas de valores diversos radicaron en lo siguiente: 

“Mientras que para los rarámuri el hecho 

de contar con el común acuerdo entre los 


2 Toponimia que alude a la leyenda que conserva la comunidad 
en el sentido de referirse a una mujer de origen rarámuri de nom¬ 
bre Rosa que solía bañarse desnuda en las aguas del arroyo que 
atraviesa la localidad. 

3 Léase Urteaga (1998). 


48 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Crítica al ejercicio del peritaje antropológico en Chihuahua 


posesionarlos, indígenas o no, de Rosabí- 
chi condiciona el uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales existentes en la 
localidad, el C. Y [mestizo serrano], fue¬ 
ra de toda instancia organizativa consue¬ 
tudinaria o civil propia de la comunidad 
referida, recurre a emplear a personas 
provenientes de otras localidades con la 
intención de aprovechar tierras que no son 
de su propiedad ubicadas en una localidad 
en la que, para él, ya ha roto toda relación 
comunitaria [...]” (Pág. 4). 

Por lo que concluí de la siguiente manera: 

“El uso y aprovechamiento del recurso ma¬ 
derable para la elaboración de postes para 
cercos o cercas se sustenta culturalmente 
en el sistema constructivo del pueblo ra- 
rámuri y en las prácticas concomitantes 
que, por costumbre, se llevan a cabo con 
la intención de proteger las áreas de cul¬ 
tivo o a los animales de crianza, siempre 
y cuando sean los integrantes de la comu¬ 
nidad de referencia quienes hagan dicho 
uso y aprovechamiento, y estos cuenten 
con la aprobación colectiva enunciada por 
los integrantes de las instancias organiza¬ 
tivas consuetudinarias o civil y, con ello, 
aplicarlas normas propias de una sociedad 
diferenciada culturalmente del resto de la 
sociedad nacional o mestiza. 

Por lo mismo, en relación al C. Y [mestizo 
serrano], la controversia estriba en la ne¬ 
gativa que éste mostró al no sujetarse a los 
acuerdos colectivos tomados por los pose¬ 
sionarlos de Rosabíchi y así hacer uso de los 
recursos maderables existentes en el paraje 
de Sitanápuchi o Tierra Colorada. Mien¬ 
tras que, en relación al C. X /rarámuri/, las 
autoridades consuetudinarias de Rosabíchi 
han dictaminado que, por haber sido em¬ 
pleado por el primero, para la colocación 


de los postes -no para el corte de uno o al¬ 
gunos árboles- se vio involucrado de mane¬ 
ra indirecta en los hechos constitutivos del 
delito y que dichas autoridades recurren a 
tipos de sanción distintos al encarcelamien¬ 
to” (Págs. 4 y 5). * 

En cuanto a la argumentación que presentaron 
tanto el Instituto de la Defensoría Pública en 
Lenguas Indígenas como el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa 
del Circuito Judicial XVII en el estado, al mo¬ 
mento de solicitar o conceder amparo directo 
penal para los indiciados, hallé que el primero 
argumentó la nula participación del indiciado de 
origen rarámuri en cuanto a la tala de árboles, el 
desconocimiento que éste tuvo del carácter ilícito 
de los hechos y la condición de diferencia cul¬ 
tural en torno a que es sujeto de un sistema 
normativo diverso; el segundo, al interpretar 
la argumentación de la Defensoría y las pruebas 
presentadas concedió dicho amparo contra la ac¬ 
ción de Auto de formal prisión, por motivo de 
delito ambiental, dictada por el Magistrado del 
Primer Tribunal Unitario del mismo Circuito. 
Mientras que para el indiciado de origen mestizo 
serrano se reservó la protección y el amparo de 
la justicia (Fojas 75 y 76). 

Para nuestro segundo caso, hago el análisis de la 
pericial elaborada por el Colega O para la Cau¬ 
sa Penal No. 048/2011 instruida en contra de 
dos personas indígenas, en el que la Defensoría 
Pública le solicita a él dictaminar sobre: A) Las 
circunstancias personales de los procesados; B) 
Determine si en los procesados existe diferencia 
cultural respecto de la cultura media nacional y, 
en su caso, que la explique; C) Determine cual 
es la actividad principal a la que se dedican los 
procesados y D) Si existe algún factor cultural, 
social o económico que, de manera preponde- 


4 Léase Párrafo II, del Artículo 10", del Convenio 169 de la OIT. 


Año 2012 • 49 



Víctor Hugo Villanueva Gutiérrez 


rante, haya influido en la presunta comisión del 
delito atribuido a los procesados (Foja 420). 

Como el lector podrá darse cuenta, encontré 
que la argumentación para el caso que suscribe 
el perito O queda como ejemplo de la visión po¬ 
sitivista ya que él mismo se sitúa como “agente 
de ciencia” al colocar, por encima de la diver¬ 
sidad cultural, argumentos de la antropología 
mesoamericana para abordar, de manera gene¬ 
ral, las culturas indígenas del norte mexicano. 
Asimismo, al dar prioridad a los criterios de es¬ 
colaridad y marginación, y ocultar los sistemas 
normativos de los pueblos y comunidades, al in¬ 
dagar sobre el “nivel de conciencia” que tienen 
los indiciados sobre la normatividad del Estado 
respecto a los hechos constitutivos del supuesto 
delito en vez de afirmar la juridicidad que le 
otorgan a los mismos, ya que aunque el peri¬ 
to evade la primer interrogante (A), al res¬ 
ponder la siguiente pregunta (B) observé que 
presenta un argumento disciplinar al recurrir 
a planteamientos elaborados por Barth, Cardo- 
so de Oliveira o Bartolomé sobre el debate teórico 
de lo que, para dichos antropólogos, constituye 
el fundamento de la identidad étnica entre los 
pueblos amerindios, a saber: la adscripción y la 
heteroadscripción; sin embargo, quedó limita¬ 
do al terreno de la generalización ya que no 
expuso lo concreto de las prácticas culturales 
relacionadas a los hechos constitutivos del su¬ 
puesto delito que sujetan a los indiciados lo que, 
desafortunadamente, lo llevó a concluir en tér¬ 
minos coloniales al afirmar que éstos “[...] tie¬ 
nen una identidad étnica adscrita a la cultura 
tarahumara” (Págs. 4 y 5), pero sin explicar en 
qué consiste tal identidad o la juridicidad de las 
prácticas atribuidas, y dejando de lado el ma¬ 
nejo de la denominación rarámuri , etnonimia 
propia de la cultura a la que hace referencia, 
asimismo, refiriéndose al Warú Sitíame de la 
comunidad como gobernador indígena, en vez 
de posicionar el primero por ser ese el término 
singular con el que dicha cultura hace referen¬ 


cia a la figura que encarna la autoridad superior 
en la cadena de mando-obediencia. 5 

De la misma manera, al puntualizar en términos 
teóricos sobre la conceptuación de cultura y di¬ 
ferencia cultural, hallé que el perito O recurre a 
lo propuesto por Edward B. Taylor para inten¬ 
tar explicarle, tanto al solicitante de la pericial 
como al juzgador que, en los albores de la cien¬ 
cia antropológica, la primera fue considerada 
como “[...] aquel todo complejo[...]” (pág. 6) y 
que ésta se ha “revitalizado” por el simple hecho 
de haber pluralizado su concepción; así para la 
diferencia cultural él mismo recurrió al criterio 
de escolaridad como indicador que “[...] valora 
cuantitativa y cualitativamente el estatus cultu¬ 
ral de los ciudadanos mexicanos[...]” (ídem) y 
con ello afirmó que, por el hecho de que los 
implicados cuenten con un promedio de escola¬ 
ridad de 1.5 años, media obtenida por la suma 
de los grados escolares a los que ambos procesa¬ 
dos tuvieron acceso según él mismo -1 er año de 
escolaridad uno, 2 o año de escolaridad el otro-, 
“[...] los dos encausados tienen una diferencia 
cultural con respecto de la cultura media nacio¬ 
nal y distan mucho de poder ser contemplados 
dentro de los promedios culturales estatales, ya 
que ambos, según sus declaraciones y los testi¬ 
monios recabados, poco leen y sólo escriben su 
nombre” (Pág. 8). 

En lo que se refiere a las interrogantes (C y D) 
que demandan información respecto a la activi¬ 
dad principal de los implicados y la existencia de 
factores culturales, sociales o económicos que de 


’ Léase Urteaga (1996) y Villanueva (2008). Asimismo, no recurre 
o hace mención al Párrafo II, Artículo 54°, del Código Civil del 
Estado de Chihuahua, en el que se “[...] reconoce a las auto¬ 
ridades indígenas tradicionales como fedatarias, para acreditar 
hechos de filiación y residencia de los indígenas”. Elemento que 
se esgrime como argumento para dejar de centrar la atención en 
definir la identidad étnica del indiciado y pasar así a centrar la 
argumentación en el contenido cultural del sistema normativo 
que le sujeta. 


50 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Crítica al ejercicio del peritaje antropológico en Chihuahua 


alguna manera condicionaron o hubiesen influi¬ 
do en la presunta comisión del delito de tala, el 
perito O se limitó a decir que según la declara¬ 
ción de los susodichos se alega ser la agricultura 
la actividad a la que dedican su labor, mientras 
que en el testimonio de la autoridad tradicional 
(sic), vecinos y parientes, afirmaron al uníso¬ 
no (sic ) que los procesados participan de la tala 
de pinos, pero no concluye si esa o la anterior 
actividad es la principal actividad productiva a 
la que se dedican los indiciados ni profundiza 
sobre la valoración que de ello se pueda tener 
desde el terreno epistemológico que constituye 
el sistema normativo comunitario, por el con¬ 
trario, el interés de dicho perito fue colocado 
en inquirir a los entrevistados respecto a si es¬ 
tán concientes (sic) de que tirar árboles sin las 
autorizaciones correspondientes constituye un 
delito federal. Dejando de lado, precisamente, 
la posibilidad de evidenciar, con el dictamen el 
contexto de pluralismo jurídico y/o las posibles 
coincidencias en tanto la antijuridicidad de los 
hechos, en vez de preocuparse por la estrategia 
positivista de argumentar error de prohibición 
o error de tipo , que esconde tanto la negación 
de la pluralidad normativa como una episteme 


en torno al Derecho emanada de una situación 
de coloniaje. 

Asimismo, encontré que el perito O planteó 
de manera “[...] indubitable que el escenario 
multidimensional de marginación en el que 
están inmersos los dos encausados, sus respec¬ 
tivas familias y la región en la que viven resul¬ 
ta un factor de peso que pudiere influir en la 
presunta comisión del delito atribuido” (Pág. 
9). Empero, de nuevo él dejó de lado lo con¬ 
creto de su afirmación, no expuso dato alguno 
de eso a lo que indubitablemente denomina 
escenario multidimensional de marginación, 
con lo que de nueva cuenta colocó afirmaciones 
de carácter muy general que no dejan en claro 
las características concretas del contexto al que 
intenta referirse. 

Desafortunadamente para la investigación que 
emprendí con la intención de sistematizar la 
práctica de este tipo de periciales, para este 
caso en concreto, la defensa desistió de la pre¬ 
sentación de dicho dictamen pericial debido a 
la demora con la que fue entregada en tribuna¬ 
les, lo que condujo a la estrategia de la defensa 



A. Zirión. Serie Segundo piso 



Año 2012 • 51 



Víctor Hugo Villanueva Gutiérrez 


a intentar probar la nula comisión dolosa que 
los procesados argumentaron. Ello llevó a la de¬ 
fensa a sostener un razonamiento basado en la 
buena conducta que los detenidos demostraron 
al momento de ser recluidos en el penal, su baja 
percepción económica y la solicitud de conside¬ 
rar la menor penalidad posible -correspondiente 
a seis meses de prisión, tiempo que transcurrió 
durante el proceso mismo. 

Mientras que la juzgadora basó su argumenta¬ 
ción en lo expuesto en el peritaje en materia am¬ 
biental en donde se afirmó el impacto provocado 
al medio, así la responsabilidad de los indiciados. 
Por tal razón la juez resolvió que ambos “[...] 
son penalmente responsables en la comisión del 
delito ambiental [...]” (Foja 557), imponiéndo¬ 
les la pena de seis meses de prisión y cien días 
de multa, condena que les fue sustituida por una 
condena condicional en libertad. 

IV. 

En tanto a los tipos de peritajes, que además 
de corresponder propiamente a la tipología 
instrumental -de visión y terreno epistemoló¬ 
gico- corresponden también a una tipología 
aun experimental por su anhelo de integralidad 
-de saberes y campos disciplinares en contac¬ 
to-, el jurídico-antropológico y el antropológico 
integral son algunos de los que fueron debati¬ 
dos en el pasado Pre-congreso de la RELAJU, 
sección México, desde la experiencia que han 
acumulado la CDI en Chiapas y el Centro 
INAH Chihuahua. Como ejemplo sirvan dos de 
las periciales que he elaborado para el Centro 
INAH Chihuahua en razón de situaciones re¬ 
lacionadas con el reconocimiento de derechos 
que comunidades indígenas demandan sobre 
las tierras que habitan. 

El primer caso ejemplifica el modelo de peritaje 
jurídico-antropológico que trató sobre la pres¬ 
cripción adquisitiva demandada sobre un pre¬ 
dio específico, por parte de una comunidad Ód- 


hami de la Sierra de Chihuahua, ante instancias 
administrativas del Distrito Judicial Mina en el 
estado, en contra de una familia extensa de ori¬ 
gen mestizo que obtuvo títulos fraudulentos en 
la década de 1960 y, a la fecha, usufructúa los 
recursos naturales del lugar. Esta pericial fue so¬ 
licitada por la comunidad Ódhanri con objeto 
de hacer evidente la existencia de una “comu¬ 
nidad indígena de hecho”. Para su elaboración 
llevé a cabo algunas inspecciones en campo 
apoyado en la antropología social y la arqueo¬ 
logía, ello expuesto en la pericial arropado por 
una argumentación etnohistórica sobre la zona 
específica en la que se inscribe la jurisdicción de 
la comunidad demandante y el predio. En este 
caso, las conclusiones que arrojó la peritación 
fueron expuestas acompañadas de la enuncia¬ 
ción precisa de la nornratividad local, nacional 
e internacional que plantea derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas respecto a la 
restitución de tierras, reconocimiento de las ins¬ 
tituciones o los procedimientos propios sobre la 
distribución de las tierras, el uso y aprovecha¬ 
miento de los recursos naturales, y relativos a 
la salvaguarda del patrimonio cultural tangible 
e intangible. En este ejercicio tanto elementos 
antropológicos como jurídicos fueron intercala¬ 
dos para integrar una serie de conclusiones que 
cuestionaron la contradicción entre los sistemas 
normativos diversos en su aplicabilidad a la vez 
que evidenciaron la diferencia cultural. 

Como ejemplo del tipo de argumentación que 
se menciona sirvan las conclusiones de la pe¬ 
ricial: 

“[...] Considerando que: (OIT 169, Art. lj, 
y por todo lo expuesto en esta pericial, se 
concluye que los habitantes del terreno de¬ 
nominado “Mala Noche” cuentan con los 
rasgos distintivos pertinentes que evidencian 
la condición de diferencia cultural respecto al 
resto de la sociedad nacional, lo que los hace 
integrantes del pueblo indígena Ódhanri o 


52 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Crítica al ejercicio del peritaje antropológico en Chihuahua 


Tepehuán, el segundo con mayor población 
y número de hablantes de una lengua indíge¬ 
na en el estado de Chihuahua. 

[...] Considerando que: (ídem, Art. 2 o ), 
(ídem, Art. 4 o ), (íbídem, Art. 6 o ), y que ,'ibí- 
dem, Art. 14°), así como ("ídem, Art. 15°) y 
(ibídem, Art. 17°), se concluye que lo que 
durante los siglos XVII y XVIII fue registra¬ 
do por los misioneros jesuítas y franciscanos 
como la región de la Sierra Tepehuana y 
la que, desde aquel entonces, era ocupada 
por indios Ódhami o Tepehuanes (sicj en la 
región suroccidental del estado, incluye los 
predios actuales de Mala Noche, Las Tór¬ 
tolas y Cocoyame, ubicados en la sección 
municipal de Baborigame, 6 en Guadalu¬ 
pe y Calvo, lo que eiddencia la presencia, 
posesión, uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales del territorio por parte 
de los Ódhami, por lo menos desde hace 
300 años; lo que también confirma que la 
adscripción actual de los Ódhami de Mala 
Noche al poblado de Baborigame data del 
mismo período; y que, a pesar de las cons¬ 
tantes irregularidades agrarias observadas 
en el expediente “Mala Noche”, la trans¬ 
misión de la propiedad de la tierra entre 
los Ódhami de Mala Noche se ha dado por 
medio de la dinámica de herencia familiar 
basada en la costumbre jurídica o derecho 
consuetudinario, característica que se com¬ 
parte con el resto de los pueblos indios de la 
Sierra de Chihuahua. 

[...] Considerando que: (Constitución 
mexicana, Art. 2 o ), (Ibídem, Art. 27° y Ley 
Agraria, Art 106° así como lo expuesto 
en los Artículos 2 o , 3 o y 4 o de la Ley del 
Pa trimonio Cultural del Estado de Chihu¬ 
ahua, y en La Convención sobre la Pro¬ 
tección y Promoción de la Diversidad de 


s Baborigame o Babihríana toponimia que hace referencia a un 
lugar de altos árboles. 


las Expresiones Culturales elaborada por 
la UNESCO), se concluye que la población 
Ódhami del terreno de Mala Noche cuen¬ 
ta con los elementos culturales necesarios 
para declararlos como una “comunidad 
indígena de hecho” y por tal, cuentan 
con la posibilidad de solicitar a las auto¬ 
ridades estatales pertinentes se les declare 
poseedores y protectores de su patrimonio 
cultural en particular, tanto tangible como 
intangible, ya que conforman una unidad 
social cultural, política y económicamente 
diferenciada del resto de la población na¬ 
cional, lo que los dehne como ejemplo de 
la diversidad cultural que se reñere a la 
multiplicidad de formas en que se expre¬ 
san las culturas de los grupos y sociedades. 
Estas expresiones son trasmitidas tanto al 
interior como entre los grupos y las socie¬ 
dades. 

[...] Considerando que: (Declaración 
UNO, Art. 8 o ), (ídem, Art. 11 j y que (íbí¬ 
dem, Art. 13°), se concluye que la relación 
es evidente entre los asentamientos de tipo 
arqueológico correspondientes a la etapa 
prehispánica existentes en las inmediacio¬ 
nes de las rancherías de El Riyito (sicj y 
El Terrero (sicj y el tipo de asentamiento 
contemporáneo compuesto por las catego¬ 
rías de rancho, ranchería y parajes o sitios 
ceremoniales, descrito en este dictamen” 
(Págs. 27-30). 

El segundo de los casos es sui géneris, se trata 
de un litigio por traslape de límites ejidales en el 
que se han presentado dos peritajes antropoló¬ 
gicos para probar cómo es que una comunidad 
de origen rarámuri, que habita una extensión 
de 32,000has, ha sido excluida de las merce¬ 
des del Derecho agrario nacional por sujetarse 
a sus propias y particulares formas de herencia 
y trascendencia histórica en torno a la posesión 
de las tierras habitadas. El primer peritaje fue 
elaborado por el Mtro. Augusto Urteaga Cas- 


Año 2012 • 53 



Víctor Hugo Villanueva Gutiérrez 


tro-Pozo (octubre de 1999) con el objetivo de 
conseguir que fuera reconocida la categoría 
de “comunidad indígena de hecho” a Cho¬ 
réachi' o Pino Gordo, lo cual se logró y, con 
ello, demandar derecho de propiedad sobre las 
tierras habitadas. Esta primer pericial fue pre¬ 
sentada en los términos de la primer querella 
que la comunidad, acompañada por Alianza 
Sierra Madre AC, interpusiera ante el Tribu¬ 
nal Unitario Agrario, ahora No. 5, sin embargo 
la contraparte, al igual que en el caso anterior 
representada por una familia extensa de origen 
mestizo, se inconformó y le fue aceptado el am¬ 
paro constitucional que interpuso ante la reso¬ 
lución tomada por el Magistrado, lo que llevó a 
las autoridades políticas de la comunidad a soli¬ 
citar una segunda pericial bajo la coordinación 
de quien esto escribe. En dicha pericial inda¬ 
gué a mayor profundidad -por recomendación 
tanto del Mtro. Urteaga como del Mtro. López 
Bárcenas- sobre la condición de “comunidad 
originaria”, es decir, en términos del Artículo 
2 o Constitucional, se conceptuó a Choréachi 
como una comunidad de personas de origen 
rarámuri asentadas, posesionadas y en uso del 
predio en cuestión desde una época priora a la 
constitución del Estado nacional, que susten¬ 
ta en su totalidad, o parcialmente, sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticas; asimismo sobre la condición gentil 
como preexistente a la ciudadanía mexicana y 
persistente en la actualidad. Para llegar a dichas 
afirmaciones se llevó a cabo una serie de inspec¬ 
ciones en campo desde la antropología social, 
la lingüística antropológica y la arqueología 
para recabar la información suficiente que, des¬ 
de una interpretación etnohistórica, permitiera 
construir el dato que afirmara el conjunto de 
prácticas culturales de origen prehispánico que 
persisten en la actualidad y que distinguen a la 


7 Toponimia que hace referencia a un lugar de grandes pinos 
ocotosos, de abundante trementina. 


comunidad de Choréachi de otras en términos 
de relaciones intracomunitarias, intraétnicas o 
intertribales, e interétnicas. 

Este modelo de pericial sirve de ejemplo de lo 
que Augusto Urteaga denominó peritaje antro¬ 
pológico integral, y que al lector le comparto al¬ 
gunas líneas como breve referencia. 

“[Campo de la antropología social] Como 
parte de este sistema de creencias o cos- 
movisión particular, los rarámuri de esta 
comunidad se autorreñeren como gentiles, 
simarroni o no bautizados. Este carácter de 
“gentilidad”, objetiva la percepción que tie¬ 
nen respecto a su lugar en el mundo, el mun¬ 
do rarámuri. Para ellos el bautismo católico 
representa la pérdida de aquello que aún 
conservan: la autonomía para creer e inter¬ 
pretar el mundo según sus propias formas de 
vida y subsistencia históricas” (Pág. 13). 
“[Campo de la etnohistoria] Como se obser¬ 
va con el análisis de estos testimonios históri¬ 
cos, la posesión sobre las tierras que habitan 
y el carácter gentil persistente de la comu¬ 
nidad rarámuri de Choréachi, trasciende las 
etapas políticas en las que tanto la Corona 
española, por medio del Virreinato, como el 
Estado independiente y nacional mexicano, 
por medio de las Leyes de Reforma, primero, 
el Reparto Agrado y la Ley Agraria, poste¬ 
riormente, dotaron de tierras a los habitantes 
mestizos déla región serrana de Chihuahua” 
(Pág. 18). 

“[Campo de la lingüística antropológica] Asi¬ 
mismo, otro elemento de la autoadscrípción 
particular que hacen los rarámuri de Cho¬ 
réachi es la que se reconoce en la Ley Gene¬ 
ral de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas por medio del Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas, en su Catálogo de las 
Lenguas Indígenas Nacionales, como la auto 
denominación rarámari raicha, variante dia¬ 
lectal del idioma rarámuri, la que se habla 


54 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Crítica al ejercicio del peritaje antropológico en Chihuahua 


únicamente en la región de la que se ha esta¬ 
do haciendo referencia” (Pág. 20). 8 
“[Campo de la etnoarqueología] En este 
orden de ideas y como lo hemos referido 
anteriormente, el uso de abrigos rocosos u 
oquedades también está presente como par¬ 
te de las prácticas culturales de los rarámuri 
gentiles. De ello, fueron registrados dos sitios 
distintos los cuales muestran indicadores de 
haber sido utilizados como sitios de habita¬ 
ción-funerarios y funerarios” (Pág. 23). 9 

V. 

En resumidas cuentas el ejercicio del peritaje an¬ 
tropológico en Chihuahua, ha permitido contar 
con evidencia suficiente, concreta y verificable, 
sobre la vigencia de los sistemas normativos de 
pueblos y comunidades indígenas que, en mayor 
o menor intensidad, viven un tipo particular de 
autonomía comunitaria desde la cual es posible 
ejercer un modelo de juridicidad, jurisdicción y 
adscripción identitaria sobre el territorio en la 
Sierra de Chihuahua. 

Ha permitido nuevas lecturas sobre las pro¬ 
blemáticas que enfrentan los integrantes de 


8 El lingüista Leopoldo Valiñas, al igual que se hace en el Ca¬ 
tálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, plantea que para 
la región sur de la Sierra de Chihuahua la variante dialectal 
del idioma rarámuri conforma una rama que puede localizarse 
únicamente en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua 
(Valiñas, 2001:117). 

9 El Arqueólogo Ramiro Ruiz distingue entre los Sitios de Habita¬ 
ción como aquellos en los que se encuentra un área de habitación, 
un área de obtención de alimentos, un área de almacenamiento 
de alimentos y un área de procesamiento de alimentos; los Sitios 
funerarios como aquellos en los que se observa un área de entie¬ 
rro, que sería donde se encuentran los restos óseos o los cuerpos 
en proceso de momificación y el área ritual, que sería donde se 
localizan materiales asociados a una actividad ritual como pue¬ 
den ser ollas, restos cerámicos, palos de madera tallados en forma 
irregular, pinturas mpestres, cestos y restos de semillas o plantas; 
y los Sitios Habitación-Funerarios como aquellos en los que se 
desarrollaron actividades de vivienda y quizá posteriormente se 
hicieron los entierros (1995:67). 


esos pueblos y comunidades en un contexto de 
pluralidad normativa en el que -a pesar de ser 
aceptado por parte de las autoridades políticas 
de esos pueblos y comunidades- el aparato ju¬ 
rídico de Estado insiste en negar la posibilidad 
de aceptar una relación inversa respecto a la 
procuración de la justicia en las jurisdicciones 
indígenas de facto, ya que en ello va implícito 
el reconocer que los agentes de dicho aparato 
se les debe retirar, por su propia condición y 
capital cultural marginal en tanto a criticidad 
antropológica, la competencia para juzgar en 
aquellos tipos de situaciones -según lo hemos 
planteado el Dr. Isaac González y un servidor, 
en el Diplomado de peritaje en Ciencias Antro¬ 
pológicas de la CNA del INAH. 

Asimismo, me permito afirmar que la concep- 
tuación que se tenga del trabajo que debe des¬ 
empeñar el perito antropólogo también debe 
trascender las barreras de las definiciones téc¬ 
nicas de lo que para el proceso judicial es el pe¬ 
ritaje antropológico -medio de prueba sobre la 
personalidad, etnicidad, media cultural o grado 
de diferencia cultural de un sujeto que proce¬ 
da de comunidad alguna- que termina por mal 
formar y restringir la sustancia de la argumen¬ 
tación basada en la diferencia cultural, la cual 
es el núcleo duro que permite sortear las inte¬ 
rrogantes que el solicitante de la pericial -sea 
juez, defensor, fiscal, etc.- haga en términos de 
una política de discriminación racial y un prag¬ 
matismo jurídico sin reserva. 

Por todo ello, insisto en que los estudios deco¬ 
loniales, como iniciativa epistemológica, tie¬ 
nen mucho que aportar al posicionamiento del 
contexto de pluralismo jurídico como requisito 
mínimo indispensable que dé basamento a la 
situación intercultural que a la fecha se deja ver 
más como un tipo de contexto idealizado, más 
como un punto de llegada que como un pun¬ 
to de partida, que desafortunadamente carece 
de apego a una realidad concreta en la que se 


Año 2012 • 55 



Víctor Hugo Villanueva Gutiérrez 


niega el contexto de pluralidad jurídica, desde la 
cual las fronteras culturales y los límites estructu¬ 
rales, ejemplifican la situación de coloniaje en la 
que la perspectiva civilizatoria basada en el mito 
de “la sociedad occidental” y “la modernidad”, 
introyectada en nuestro ser-saber-poder, traza 
aún formas de ver el mundo. 

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Civil: 21/2010, Centro INAH Chihuahua, 
Chihuahua. 

_(2010), Peritaje antropológico para la 

Causa Penal 48/2010, Centro INAH Chihuahua, 
Chihuahua. 

_(2011), Peritaje antropológico para co¬ 
munidad rarámuri de Choréachi, Exp.: 215/2009, 
Centro INAH Chihuahua, Chihuahua. 


56 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 








Diplomados en peritaje antropológico, siete años 

de experiencia 


Gloria Santos Ortíz 

capacitación2@yahoo. com 
(Coordinación Nacional de Antropología-INAH) 


Hoy por hoy, la Coordinación Nacional de An¬ 
tropología (CNA) del Instituto Nacional de Antro¬ 
pología e Historia (INAH) es la principal impulso¬ 
ra sobre materia de peritaje. A lo largo de más de 
una década, a través del área de Capacitación, 
se han generado propuestas sobre actualización 
y formación académica para los investigadores 
interesados en las pruebas periciales. 

Las experiencias han sido varias, los desafíos mu¬ 
cho más, es por ello que existe interés por dar 
a conocer, a través de este artículo, la labor co¬ 
tidiana de la Subdirección de Capacitación del 
INAH para difundir el esfuerzo de los antropó¬ 
logos que trabajan arduamente por reconocer al 
peritaje como uno de los instrumentos jurídicos 
en defensa de los grupos sociales que forman el 
México actual. 

Los desafíos son variados: los retos jurídicos y 
administrativos que día a día enfrentan los an¬ 
tropólogos ante un mundo globalizado; aquellos 


encuentros que se sortean constantemente en 
una sociedad pluri y multicultural como lo es la 
mexicana; todas las vicisitudes que afronta el in¬ 
vestigador por querer encontrar la prueba legal 
de su ejercicio profesional. En fin, son los em¬ 
bates por lograr el reconocimiento jurídico del 
peritaje antropológico en busca de la impartición 
de justicia. 

Bajo ese contexto la CNA implemento distintas 
actividades académicas que sirvieran como pla¬ 
taforma para tal fin. Los inicios del peritaje an¬ 
tropológico en el INAH datan de 1998, cuando 
se organizó el Diplomado en Antropología Ju¬ 
rídica, coordinado por Antonio Machuca con la 
participación de Esteban Krotz, Augusto Urtea- 
ga, Magdalena Gómez y Evangelina Mendizábal 
como coordinadores académicos de módulo. 

En ese entonces, se tenía la necesidad de conocer 
y discutir los cambios políticos dentro de los sis¬ 
temas jurídicos de los Estados nacionales, como 


Año 2012 • 57 



Gloria Santos Ortiz 


consecuencia de la globalización creciente y la 
recomposición de las entidades colectivas y re¬ 
gionales. 

Las discusiones en cada sesión académica diser¬ 
taban sobre las transformaciones políticas que 
vivían las sociedades pluriculturales como la 
mexicana, los especialistas decían que éstas po¬ 
dían repercutir en las interpretaciones del Dere¬ 
cho moderno. Se consideró fundamental discutir 
las problemáticas de casos y situaciones concre¬ 
tas desde una postura teórica y práctica, con la 
finalidad de concatenar sistemas de legislación 
estatales con normas consuetudinarias ya reco¬ 
nocidas. 1 

Durante varios años, tal iniciativa buscó el diᬠ
logo entre diversas disciplinas de las ciencias 
humanas, su configuración académica resultó 
atrayente para la perspectiva antropológica; para 
ese momento ya participaban antropólogos, abo¬ 
gados y sociólogos quienes discutían sobre temas 
jurídicos y antropológicos en el ámbito contem¬ 
poráneo. Sus aportaciones fueron trascendenta¬ 
les para llevar a cabo proyectos que dieran segui¬ 
miento a la capacitación de los científicos sociales 
en materia de peritajes. Con el tiempo, se logró 
un espacio de discusión académica que consolidó 
las primeras investigaciones en materia pericial. 

Así fue que a lo largo de seis promociones, im¬ 
partidas entre septiembre de 1998 y noviembre 
de 2001, se trataron diversos temas políticos, 
sociales y culturales como consecuencia de las 
acciones realizadas por el Estado, o bien, se dis¬ 
cutieron sobre los marcos normativos puestos 
en vigor como el Convenio 169 de la Organi¬ 
zación Internacional del Trabajo (1991), el re¬ 
conocimiento en la Constitución Política de que 
México es una nación pluricultural (2001) y la 


1 Antonio Machuca, Coordinador académico del Diplomado en 
Antropología Jurídica, INAH-México, agosto de 1998. 


Declaración de la Defensa del Patrimonio Cultu¬ 
ral Indígena (1992), el levantamiento del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) del I o de 
enero de 1994. Se debatió sobre derecho indíge¬ 
na mediante el análisis comparativo de las legis¬ 
laciones vigentes en materia de pueblos indígenas 
y, particularmente, en peritaje antropológico. 

Las experiencias de los especialistas del Diplo¬ 
mado trascendieron las aulas del INAH, su voz 
llegó a otras instituciones interesadas en la ma¬ 
teria. En la Universidad Autónoma de Yucatán 
se impartió el Diplomado coordinado por Este¬ 
ban Krotz. Augusto Urteaga hizo lo propio en 
el Centro-INAH Chihuahua. En la Facultad de 
Antropología del Estado de México (UAEM) y en 
la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH) estuvo al frente Antonio Machuca. La 
experiencia en Yucatán derivó en un libro titula¬ 
do Aproximaciones a la antropología jurídica de 
los mayas peninsulares recopilado por el propio 
Krotz y publicado en 2001. En este texto se pu¬ 
blicaron algunos de los trabajos realizados por 
los alumnos del Diplomado. 

La labor de estos pioneros del peritaje marcó el 
inicio de grandes desafíos. Con la instauración 
de cambios jurídicos en la vida política y so¬ 
cial de México se debían tomar iniciativas para 
la capacitación y actualización en peritaje antro¬ 
pológico, tema sobre el cual habría que profun¬ 
dizar, ya que incidía directamente en la práctica 
antropológica. 

La propuesta era dar formalidad a la prepara¬ 
ción de antropólogos en materia jurídica. Fue 
en octubre del 2001 cuando se organizó en la 
Universidad Autónoma de Quintana Roo, Cam¬ 
pus Chetumal, el Primer Curso sobre Peritaje 
Antropológico, el cual se planteó como objetivo 
proporcionar elementos teóricos y metodológicos 
para identificar el ejercicio del peritaje antropo¬ 
lógico como medio de prueba en los procesos 
judiciales, particularmente en aquellos en que 


58 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Diplomados en peritaje antropológico, siete años de experiencia 


estuvieran involucrados sujetos indígenas. 

La suerte fue echada en cuanto se planteó la 
premisa básica: “proporcionar un marco de re¬ 
flexión y análisis sobre la cuestión indígena en el 
país, que permitiera construir un diálogo inter¬ 
cultural que conduzca a mejorar la impartición 
de justicia, a partir de un reconocimiento de este 
“otro” en su diferencia cultural; ello, para que 
se pueda juzgar y sancionar individualmente, 
pero con base en un mejor conocimiento de los 
sujetos indígenas”. 2 Tiempo después la prueba 
fue superada, la capacidad y el empeño de los 
especialistas del INAH fueron la fuerza para dar 
continuidad a la lucha por su aplicación y reco¬ 
nocimiento. 

Los esfuerzos pasaron los “límites” del INAH, 
ya que en ese sentido y en el marco del con¬ 
venio firmado entre el INAH y la Facultad de 
Antropología de la UAEM, en ese mismo año, el 
Curso de peritaje antropológico fue impartido a 
los profesores investigadores de esa institución 
académica como parte de las actividades esta¬ 
blecidas para la capacitación y actualización del 
personal docente. 

Con el paso del tiempo, el personal especializado 
del INAH realizaba peritajes con mayor frecuen¬ 
cia dado a que el número de solicitudes recibi¬ 
das por las diversas instancias judiciales iban en 
aumento. En ese momento, la CNA se planteó 
la necesidad de capacitar de manera específica a 
sus investigadores. 

En junio de 2002 inició un proyecto colectivo 
para la preparación del Diplomado Peritaje en 
Ciencias Antropológicas, bajo la Coordinación 
General de Gloria Artís y, con el apoyo acadé¬ 
mico de Artemia Fabre, se convocó a un grupo 


2 Artemia Fabre, Coordinadora académica del Curso Peritaje 
Antropológico, INAH- México, octubre 2001. 


de investigadores del mismo INAH, del Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en An¬ 
tropología Social (CIESAS) y del Instituto de In¬ 
vestigaciones Antropológicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (IIA-UNAM). Tal 
reto no se hizo esperar, el objetivo estaba muy 
claro, capacitar a los investigadores del INAH, 
provenientes de las diversas áreas de la antro¬ 
pología, para dar respuesta expedita a tales so¬ 
licitudes. 

Tal demanda obedecía a los objetivos genera¬ 
les establecidos en la Ley orgánica del INAH en 
cuanto a dar seguimiento a los problemas donde 
estuviera en riesgo el patrimonio nacional, o bien, 
dar solución a problemáticas de la población del 
país. En particular, acatar el objetivo sobre con¬ 
servación y restauración del patrimonio cultural 
arqueológico e histórico, así como el paleontoló¬ 
gico; la protección, conservación, restauración y 
recuperación de ese patrimonio. 3 

Es aquí que se establece que las obligaciones del 
INAH en materia de peritaje antropológico no 
sólo debían atender las problemáticas de indíge¬ 
nas indiciados en un juicio, sino que su aplicación 
debía ser más amplia. Su participación también 
era requerida en otras áreas de la ciencia antro¬ 
pológica. Fue así que el Diplomado debía con¬ 
templar materias y metodologías de disciplinas 
como son: la Antropología Social, Antropología 
Física, Arqueología, Restauración, Etnohistoria, 
Etnología, Lingüística e Historia. 

Se estaba ante un desafío más, pues quedaba 
claro que sólo a partir de la participación de 
los expertos en la materia, de la inclusión de las 
disciplinas antropológicas y de las instancias aca¬ 
démicas se lograría el objetivo. Fue así que se 
organizaron grupos de trabajo por especialidad 


3 “Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Histo¬ 
ria”, última reforma publicada en el Diarío Ofícial de la Federa¬ 
ción, 23 enero de 1998. 


Año 2012 • 59 



Gloria Santos Ortiz 


a quienes se les asignó la tarea de definir obje¬ 
tivos y contenidos mínimos para crear módulos 
correspondientes a su campo de trabajo. 

Las experiencias y las discusiones eran muchas y 
variadas, los científicos involucrados disertaban 
sobre inquietudes que no eran otra cosa que in¬ 
certidumbres que preocupaban el buen desarro¬ 
llo de tal proyecto desafiante. Con ayuda de to¬ 
dos los expertos se aclararon dudas, se dio orden 
a las ideas y propuestas, se generaron reflexiones 
y, finalmente, se consolidaron los proyectos. 

En ese momento se pensó en el Colegio de Etnó¬ 
logos y Antropólogos Sociales (CEAS) y en el Co¬ 
legio Mexicano de Antropólogos para certificar 
a los peritos que fueran capacitados por el INAH, 


así mismo para que el personal del área jurídica 
del INAH diera asesoría a sus investigadores. Sin 
embargo, la fluctuación por la certificación que¬ 
dó y sigue en el aire, siendo que es muy impor¬ 
tante para el ejercicio del peritaje antropológico 
ante una instancia jurídica. 

Pese a los altibajos de la práctica por el peritaje 
antropológico, finalmente en septiembre de 2004 
se convocó a la I a promoción del Diplomado en 
Peritaje en Ciencias Antropológicas mismo que 
tendría una duración de nueve meses, dos re¬ 
uniones semanales, con un total de 65 sesiones 
donde participarían más de 70 expositores. 

El Diplomado tenía como objetivo general dar 
a conocer el trabajo interdisciplinario entre abo- 



A. Zirión. Serie Segundo piso 


60 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 






Diplomados en peritaje antropológico, siete años de experiencia 


gados y antropólogos. Así como la diversidad 
de peritajes y temas que se abordarían desde las 
ciencias antropológicas y finalmente, capacitar 
de manera integral para proporcionar tanto ele¬ 
mentos teóricos como metodológicos en la reali¬ 
zación de peritajes. 

En las sesiones se abordaban las problemáticas 
específicas a que se enfrenta cada disciplina, 
los alcances que pueden tener los peritajes y 
las metodologías utilizadas en la práctica de 
los mismos. 

El Diplomado inicia con la revisión antropológica 
sobre la diversidad cultural en México y su reco¬ 
nocimiento por el Estado Nacional. En el Módulo 
I se presentaba la estructura jurídica que rige al 
Estado Mexicano y sus leyes para después abordar 
la normatividad jurídica de la prueba pericial en 
México y la especificidad del peritaje antropológi¬ 
co y su regulación. Asimismo, se discutía sobre el 
concepto general de Peritaje antropológico. 

Posteriormente, con la idea de presentar un pa¬ 
norama general del peritaje antropológico en el 
INAH, se realizó un panel en el que representan¬ 
tes de la Coordinación Nacional de Asuntos Ju¬ 
rídicos del INAH, la Coordinación Nacional de 
Conservación, la Coordinación Nacional de Mo¬ 
numentos Históricos y la ENAH expusieran los 
tipos de peritajes que atendían y las problemáti¬ 
cas a las que se enfrentaban. Ese mismo ejercicio 
se repitió en otra ocasión con representantes de 
instituciones como el Centro de Investigaciones 
y Estudios en Antropología Social (CIESAS), el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) 
y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI). 

El Módulo II está dedicado al Peritaje Arqueoló¬ 
gico, en él se hace una presentación de la arqueo¬ 
logía en el marco de la teoría antropológica, tipos 
de peritaje y sus alcances. En este momento es 
necesario conocer la normatividad jurídica de los 


monumentos arqueológicos en México, así como 
revisar la Ley Federal de Monumentos, la Ley 
General de Bienes Nacionales y la Ley Orgánica 
del INAH entre otras. Es importante profundizar 
sobre los diversos criterios para el requerimiento 
de un peritaje arqueológico. En el temario se di¬ 
ferencian los peritajes individuales, los urgentes 
y los colectivos (multidisciplinarios). Se revisan 
los tipos de peritajes en sitios arqueológicos y 
en zonas de monumentos arqueológicos en los 
procesos de recuperación por saqueo, tráfico o 
destrucción. 

En el Módulo III, se aborda el Peritaje Antropo- 
ílsico, se revisan sus particularidades, su relación 
y aportes con otras especialidades que realizan 
peritaje forense. Asimismo, se presenta la meto¬ 
dología y técnicas aplicadas en este campo, se 
hace referencia a la interpretación del contexto, 
métodos para determinar edad, sexo, estatura, 
grupo biológico y las fisionomías para la identifi¬ 
cación particular, así como los elementos para la 
elaboración y fundanrentación de dictámenes e 
informes periciales. 

El Peritaje Etnohistórico se aborda en el Módu¬ 
lo IV, donde se discute sobre la particularidad 
de sus métodos y técnicas. Los diversos tipos de 
peritaje etnohistórico hecho a través de fuentes 
históricas como son el análisis de códices, investi¬ 
gación de archivos, dictámenes de diplomática y 
consulta de libros antiguos. 

Al área de Lingüística le corresponde el Módulo 
V y se aborda el Peritaje Lingüístico en el contex¬ 
to actual haciendo una revisión de la diversidad 
lingüística y las políticas públicas en México. La 
formación y normatividad de intérpretes y tra¬ 
ductores, su función ante inculpados indígenas y 
el papel del INALI en esta materia. 

El Peritaje Antropológico o Cultural, tema cen¬ 
tral del Módulo VI, se estructuró con temas de 
la Antropología Social, en los que se tratan los 


Año 2012 • 61 



Gloria Santos Ortiz 


alcances del peritaje antropológico, el campo 
de la antropología jurídica en los peritajes, la 
impartición de justicia, los derechos indígenas 
y su repercusión en los peritajes antropológicos 
en México, delitos de violencia contra mujeres 
y trata de personas, el peritaje en Antropología 
sexual, estudios de factibilidad, costo del proyec¬ 
to y en qué circunstancias se acepta o rechaza un 
peritaje en este campo de investigación. 

El Módulo VII abre el espacio para el peritaje 
Paleontológico, en donde se presenta la situación 
legal del patrimonio paleontológico y su proble¬ 
mática. Los métodos y técnicas utilizadas para 
su realización y el análisis histórico y cultural de 
algunos casos. 

Como último módulo, se aborda en una sesión el 
tema de los Colegios de profesionistas, en el que 
se discute qué son los Colegios, qué hacen, cómo 
se organizan y el papel que juegan en el campo 
del peritaje antropológico. 

Al concluir la primera promoción, se intentó es¬ 
tablecer el Seminario Permanente sobre Peritaje 
en Ciencias Antropológicas, mismo que sesionó 
regularmente durante 6 meses, sin embargo, no 
logró consolidarse. Con su creación se planteó la 
posibilidad de continuar con la reflexión generada 
en el Diplomado y con la propuesta de trabajar y 
proponer algunos lincamientos para la creación de 
manuales de procedimientos y metodologías. 

Los esfuerzos de actualización del personal admi¬ 
nistrativo y de investigación no son una práctica 
exclusiva del INAH, en 2008, la Subprocuradu¬ 
ría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas 
y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría 
General de la República (PGR), a través de la 
Unidad Especializada para la Atención de Asun¬ 
tos Indígenas, impartió de manera mensual un 
Seminario dirigido al personal sustantivo vincu¬ 
lado con el tema de Derechos Humanos en ma¬ 
teria indígena. 


En este espacio académico se abordaron temas 
como el dictamen cultural en el procedimiento 
penal federal. Posteriormente hicieron una in¬ 
vitación a la CNA para impartir el tema de la 
Antropología y su participación en el sistema de 
justicia penal, dicho Seminario fue impartido por 
Bolfy Cottom y Héctor Ortiz, en noviembre de 
ese año. 

En un balance realizado en 2009 entre el Coor¬ 
dinador Nacional de Antropología, Francisco 
Barriga y el especialista Bolfy Cottom se planteó 
el interés de redoblar los esfuerzos en esta línea 
de trabajo, por lo que se optó por realizar las Jor¬ 
nadas de Peritaje Antropológico a nivel nacional, 
que permitieran mostrar la importancia del pe¬ 
ritaje antropológico y su diversidad. Para ello, 
se estructuró un programa que contemplaba la 
participación de un especialista en cada una de 
las siguientes disciplinas: Antropología Social, 
Arqueología, Restauración, Antropología Física 
y Lingüista. El recorrido inició en mayo 2010 en 
el Estado de Chihuahua, replicándose hasta la 
fecha en varios Estados de la República. 

La experiencia que ha dejado la trayectoria de 
este tipo de práctica antropológica, en el INAH, 
ha sido la de sensibilizar a los funcionarios de 
los distintos aparatos de justicia acerca del uso 
de esta figura jurídica y la de establecer diversos 
mecanismos de apoyo interinstitucional, que es 
un punto coyuntural para su reconocimiento en 
el ejercicio jurídico de México. 

A ocho años de distancia entre la I a promoción 
y la que se convoca para el presente año del Di¬ 
plomado Peritaje en Ciencias Antropológicas, 
los innovaciones son considerables, por lo que 
el programa ha tenido que ajustarse para incluir 
los recientes cambios jurídicos, abrir los espacios 
para discutir sobre las nuevas dinámicas institu¬ 
cionales así como las demandas de distintos acto¬ 
res sociales. Se han incluido temas de multicultu- 
ralismo y derechos humanos, derechos culturales 


62 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Diplomados en peritaje antropológico, siete años de experiencia 


y cultura de la discapacidad, lingüística forense, 
los juicios orales en el nuevo sistema acusatorio, 
a la criminalística y se ha dado mayor espacio 
para los peritajes en antropología sexual y restau¬ 
ración. De la misma manera, se han retomado 
temas de la Etnohistoria. 

La situación que guarda el INAH en la actualidad, 
precisa de una revisión exhaustiva que permite la 
identificación de las dificultades que inciden en 
su desempeño para la atención y seguimiento de 
los peritajes, en particular, sobre la problemática 
de no contar con el número de especialistas ne¬ 
cesarios para atender las solicitudes recibidas en 
tiempo y forma como lo requiere la autoridad. 

Aunque el INAH es una institución que tiene más 
de 800 investigadores, no cuenta con especialis¬ 
tas en todos los estados de la República. He aquí 
otro de los grandes retos, el de consolidar un área 
especial de atención y seguimiento a los perita¬ 
jes que realiza la institución y, asimismo, ser el 
enlace con otras instituciones involucradas en 
el tema, para el desarrollo de diversas acciones 
necesarias. 

No obstante, después de haber sido un pro¬ 
yecto que empezó con la inquietud de generar 
conocimiento en materia jurídica y que desalío 
vicisitudes teóricas y metodológicas, ha logrado 
consolidar una políticas de investigación tendien¬ 
te al impulso de proyectos colectivos interdisci¬ 
plinarios, cuya finalidad es la de proporcionar 
a los investigadores las herramientas teóricas y 
metodológicas para abordar el peritaje desde la 
Antropología en beneficio de las demandas socia¬ 
les. Así mismo involucrar a las instancias guber¬ 
namentales interesadas en desarrollar los peritajes 
en el ejercicio de sus funciones y programas insti¬ 
tucionales. 

Para lograr tal empresa, el INAH se ha ocupa¬ 
do por fomentar diversas actividades a través de 
programas de actualización y capacitación que 


coadyuven al desempeño profesional de sus es¬ 
pecialistas en materia de peritaje antropológico. 
Un ejemplo tangible es el que la Coordinación 
Nacional de Antropología ha apoyado proyectos 
derivados de sus propios Diplomados y áreas de 
investigación. 4 

Un claro ejemplo de estos esfuerzos fue el primer 
coloquio El Peritaje Antropológico: Una visión 
multidisciplinaria, como homenaje post-mortum 
a Augusto Urteaga, para recordar a uno de los 
pioneros sobre el tema. Tal evento fue convoca¬ 
do por la CNA, la Dirección de Etnología y An¬ 
tropología Social y la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo. En él se tuvo la parti¬ 
cipación de 34 especialistas que compartieron sus 
experiencias en la práctica del peritaje. 

Como respuesta a las inquietudes planteadas en 
este primer coloquio y, en razón de dar respuesta 
a las problemáticas expuestas, se acordó como 
compromiso llevar a cabo el Taller sobre Meto¬ 
dologías en Materia de Peritaje Antropológico, el 
cual se realizó en octubre del 2010. Con sede en 
las Instalaciones del Centro INAH Campeche, la 
CNA y la DEAS reunieron a un grupo de 37 es¬ 
pecialistas para discutir sobre las distintas meto¬ 
dologías utilizadas y lograr un consenso sobre las 
particularidades de cada especialidad. El resulta¬ 
do fue una guía metodológica por especialidad. 

En esta misma línea y con el propósito de revi¬ 
sar el estado del arte y actualizarse en los temas 
emergentes a la fecha, en diciembre de 2011 se 
organizó el Simposio Dinámicas del Peritaje An¬ 
tropológico. Nuevamente con una buena asisten- 


4 En este caso un grupo de estudiosos del peritaje antropológi¬ 
co integrados en primera instancia por Carmen Morales, Gloria 
Santos, María Elena Maruri, Francisco Loeza, Julio César Ma¬ 
tías, Verónica Caporal, Angélica Marín y Gabriel Hernández, 
todos egresados de la diversas promociones del Diplomado en 
Ciencias Antropológicas, logró consolidarse como equipo impul¬ 
sor para llevar a cabo diferentes eventos sobre peritaje antropoló¬ 
gico, auspiciados por el INAH. 


Año 2012 • 63 



Gloria Santos Ortiz 


cia, se logró la participación de 31 investigadores 
que a lo largo de 7 paneles presentaron su punto 
de vista respecto de temas como: peritaje antro¬ 
pológico y cambios jurídicos, derechos colecti¬ 
vos, antropología forense, el peritaje en contextos 
rurales, derechos emergentes, el peritaje antro¬ 
pológico en el Distrito Federal y otros contextos 
urbanos. En este evento sobresalió el tema de los 
riesgos de la práctica pericial, el cual requiere de 
atención especial dentro del ejercicio del peritaje 
antropológico. 

Los esfuerzos no han sido pocos, profesionistas 
independientes e instituciones académicas, gu¬ 
bernamentales y de justicia se han mantenido en 
la continua tarea de perfeccionar los procesos 
en esta materia. Sin duda, es un compromiso 
mayor cuando los antropólogos e instituciones, 
como el INAH, tienen la obligación de atender las 
peticiones de autoridades judiciales. 

Sin embargo, es necesario hacer dos precisiones 
aún, la primera apunta hacia que es claro que 
el peritaje antropológico es resultado de “un ac¬ 
cidentado proceso” en la lucha por el reconoci¬ 
miento de los derechos indígenas en México y 
Latinoamérica que, sin duda, con un poco de 
voluntad política para lograr una buena pla- 
neación institucional, permitirá cumplir con el 
propósito de ser coadyuvante para una razona¬ 


ble impartición de justicia, en los casos en que 
se ven involucrados sujetos indígenas y no in¬ 
dígenas, en donde el tema cultural da cabida a 
los antropólogos quienes, con su conocimiento, 
pueden incidir, de alguna manera en la senten¬ 
cia del juzgador. 

La segunda anotación es en el sentido de con¬ 
ceder que la lucha por el reconocimiento de la 
existencia de otros grupos minoritarios y de sus 
derechos “especiales” es tan importante como la 
que han dado los pueblos indígenas y es en esa 
medida que los antropólogos, debemos ampliar 
nuestro compromiso para atender también a es¬ 
tos sectores socioculturales. 

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66 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



PERITAJE 


Asunto: Violación de una indígena Me’phaa por 
miembros del Ejército Mexicano. 
Presentado ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 

Abril-mayo de 2010 

Una historia de agravios y desagravios: 

El ejército mexicano ante la COIDH 

Rosalva Aída Hernández 

aidaher2005@yahoo.com.mx 

(CIESAS-DF) 

Héctor Ortiz Elizondo 

hortize@yahoo.com 
(Consultor independiente) 


El 30 de agosto de 2010 la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos emitió dos sentencias en las 
que condenaba al Estado mexicano por su actua¬ 
ción ante la violación sexual de dos jóvenes indíge¬ 
nas en la región Montaña de Guerrero, en el año 
2002, en un contexto de militarización del estado. 1 

Se trata de dos mujeres pertenecientes al pueblo 
mep’haa, que denunciaron haber sido violadas 
por personas que ellas siempre sostuvieron eran 
miembros del ejército mexicano. Los incidentes 
ocurrieron en momentos distintos con un mes de 
diferencia entre ambos. Ambas mujeres pertene- 


1 Mayores detalles de los hechos se pueden consultar en revista 
Proceso 1752, 30 de mayo de 2010. 


cían a una misma organización indígena, la Or¬ 
ganización Independiente de Pueblos Mixtéeos y 
Tlapanecos (OIPMT ). 2 

Por dicha sentencia, el Estado se vio obligado a 
reparar los daños, garantizar la seguridad futura 
de las agraviadas y castigar a los responsables en 
la justicia civil así como adecuar la legislación na¬ 
cional a los tratados internacionales en materia 
de fuero militar. Debió además realizar eventos 
públicos de desagravio para cada una. 


2 Poco después de los hechos la organización se divide en dos: la 
Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) y la que 
ahora se llama la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa 
(OPIM). 


Año 2012 • 67 



Rosalva Aída Hernández y Héctor Ortiz Elizondo 


La exitosa estrategia de defensa para ambos 
casos, llevada a cabo principalmente por la or¬ 
ganización civil Centro de Derechos Humanos 
de la Montaña, Tlachinollan, A.C„ con apoyo 
del Centro por la Justicia y el Derecho Interna¬ 
cional (CEJIL), incluyó la presentación de varios 
peritajes, incluidos dos en antropología, mismos 
que fueron desahogados en abril y mayo del 
mismo 2010, durante una sesión pública sos¬ 
tenida en Lima, Perú. Dichos peritajes fueron 
elaborados por quienes suscribimos, con base 
en tres preguntas elaboradas por la parte pro- 
movente, a saber: 

1) la percepción de las comunidades indíge¬ 
nas de la violencia sexual y de la discrimi¬ 
nación contra la mujer; 


2) el impacto cultural que habría tenido en la 
comunidad indígena la alegada violación 
sexual que habrían sufrido Valentina Ro¬ 
sendo Cantú e Inés Fernández Ortega a 
manos de militares en un contexto de su¬ 
puesta militarización y represión, así como 
por la alegada impunidad del caso, y 

3) las posibles medidas de reparación nece¬ 
sarias. 

El Estado mexicano fue encontrado responsable 
de diversos cargos, entre ellos por violación a la 
integridad personal, la dignidad humana y la vida 
privada; violación al derecho a no ser objeto de in¬ 
jerencias arbitrarias o abusivas en el domicilio; por 
violación a los derechos a las garantías judiciales, a 
la protección judicial y al acceso a la justicia. 



A. Zirión. Serie Segundo piso 


68 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 







Asunto: Violación de una indígena Meph'a 


En el caso de Inés Fernández Ortega, la vícti¬ 
ma insistió desde el inicio del proceso ante la 
Corte Interamericana, que su violación sexual 
había sido parte de una historia de violencia 
militar que venía sufriendo su pueblo, por lo 
que las reparaciones deberían de ser no sólo 
para ella, sino para todas las niñas y mujeres 
de su organización y su comunidad. Una de las 
demandas más sentidas expresadas por Inés y 
por otros integrantes del pueblo mepha’a, fue 
el retiro de las fuerzas militares de la zona 
como una medida indispensable que garanti¬ 
zara la no repetición. 

A lo largo del proceso de investigación que con¬ 
llevó la elaboración del peritaje entendimos que 
la necesidad de un informe pericial de este tipo 
surgió no sólo de los representantes legales, sino 
de la propias víctimas, quienes desde el inició 
insistieron en que su violación era parte de una 
serie de agresiones contra su pueblo y su organi¬ 
zación y que, por lo mismo, no podía ser tratada 
de manera aislada. Su convicción obligó a sus 
abogados a justificar ante la Corte la demanda 
de reparaciones comunitarias ante un caso de vio¬ 
lación sexual individual, estrategia legal que no se 
había utilizado antes ante esa instancia de justi¬ 
cia internacional. Fue por la firme decisión de 
Inés Fernández y Valentina Rosendo de utilizar 
la Corte como un espacio de denuncia para toda 
una cadena de violencias de la que su violación 
era sólo un eslabón, que fue necesario elaborar 
los peritajes antropológicos que nos dieron el 
privilegio de acercarnos a estas mujeres y a sus 
procesos organizativos. 

Por el valor histórico de los peritajes presentados 
consideramos útil publicar íntegramente uno de 
ellos a continuación. 


CASO INÉS FERNÁNDEZ (12.580): 
INFORME PERICIAL ANTROPOLÓGICO 
PRESENTADO ANTE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS EN LA AUDIENCIA DEL 15 
DE ABRIL DEL 2010, LIMA, PERÚ 

Rosalva Aída Hernández Castillo 
Héctor Ortiz Elizondo 

L- Presentación 

1.1. Objetivos: 

Analizar el impacto que tuvo en la comunidad 
indígena, en especial en las mujeres, la violación 
sexual que sufrió la señora Inés Fernández Or¬ 
tega. Asimismo analizar la afectación del tejido 
comunitario que ha provocado dicha agresión y 
la impunidad en el caso. Proponer y justificar al¬ 
gunas posibles medidas de reparación. 

Este caso fue notificado al Estado Mexicano con 
base en el artículo 50 de la C.ADH 3 por la Co¬ 
misión Interamericana de Derechos Humanos, 
CIDH. 

1.2. Metodología: 

El presente informe pericial está confeccionado 
sobre la base de: 

• Revisión de antecedentes histórico-antro- 
pológicos de la población me’phaa (tlapa- 
necas). 

• Visitas de campo a las comunidades 
me’phaa Barranca de Guadalupe, Barran¬ 
ca Tecuani y a la cabecera municipal de 
Ayuda de los Libres, estado de Guerrero. 

• Entrevistas a profundidad con Inés Fer¬ 
nández Ortega, con integrantes de su fa¬ 
milia nuclear y de su familia ampliada. 

• Entrevistas colectivas con integrantes de la Or¬ 

ganización del Pueblo Indígena Me’phaa. 


3 Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Conven¬ 
ción Americana sobre Derechos Humanos”. 


Año 2012 • 69 



Rosalva Aída Hernández y Héctor Ortiz Elizondo 


Durante la realización de las entrevistas, los pe¬ 
ritos nos enfocamos en la reconstrucción de las 
circunstancias de la agresión vivida por Inés Fer¬ 
nández Ortega y en el impacto que esta experien¬ 
cia tuvo en la vida de la afectada, en los integran¬ 
tes del núcleo familiar y en la comunidad misma. 
Asimismo exploramos también los efectos que 
tuvo el posterior proceso de búsqueda de justicia 
en el tejido social de la comunidad me’phaa de 
Barranca Tecuani y en la organización a la que 
pertenece la afectada (OPIM), considerando las 
diferencias que tienen estos eventos en hombres 
y mujeres. 

Se indagó de manera específica sobre cómo las 
concepciones culturales de la persona, de la vio¬ 
lencia y de la falta de justicia, influyeron en la 
manera en que se vivió la violación y el posterior 
contexto de impunidad. Posteriormente, con base 
en lo anterior, se establecieron las consecuencias 
familiares y comunitarias de la agresión sexual y 
de los consecuentes peijuicios que se sufrieron a 
partir de las demandas judiciales. 

Los ejes temáticos trabajados fueron: 

• El vínculo entre lo personal y lo comunita¬ 
rio en la experiencia de violencia. 

• Las enfermedades anímico-espirituales que 
se vinculan a la experiencia de violación 
sexual y la manera que éstas afectan a la 
familia y a la comunidad. 

• Los efectos anímicos que produce la pre¬ 
sencia del ejército en el tejido social co¬ 
munitario. 

• El vínculo entre la necesidad de reparación, 
verdad y justicia y la reconstitución del teji¬ 
do social y el equilibrio comunitario. 

• Los factores culturales y de género que 
pudieron haber contribuido a la falta de 
acceso a la justicia. 

1.3. Antecedentes y Contexto Socio-cultural 
Inés Fernández Ortega es reconocida y se reco¬ 
noce a sí misma como me’phaa uno de los 62 


pueblos indígenas oficialmente identificados por 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (GDI). Los me’phaa, también 
conocidos como tlapanecas, se ubican en el esta¬ 
do de Guerrero en los municipios de Acatepec, 
Atlixtac, Malinaltepec, Tlacoapa, San Luis Acat- 
lán, Zapotitlán Tablas, Atlamajalcingo del Mon¬ 
te, Metlatonoc, Tlapa, Quechultenango, Azoyú y 
Acapulco, además de en el municipio de Ayuda 
de los Libres donde sucedieron los hechos. 

Para el 2007, los datos oficiales reportaban la 
existencia de 98,573 hablantes de me’phaa, de 
los cuales 92,206 vivían en el estado de Guerrero 
en 276 localidades distintas. 4 La mayoría de estas 
comunidades se ubican en un territorio acciden¬ 
tado que corre desde la costa hasta la serranía 
en un área de aproximadamente 3,000 km 2 . 
Muchas de esas comunidades están conforma¬ 
das por caseríos dispersos en cañadas de difícil 
acceso, como es el caso de Barranca Tecuani, la 
comunidad donde ocurrieron los hechos y donde 
habita Inés Fernández Ortega. 

En general los pueblos indígenas de Guerrero se 
caracterizan por sus altos índices de marginación, 
siendo el estado mexicano con el mayor índice de 
analfabetismo entre la población indígena (según 
datos de la GDI, en 2005 el 39.7 % de los 534,624 
indígenas que vivían en el estado eran analfabe¬ 
tas). El municipio de Ayuda de los Libres, donde 
se ubica la comunidad de Barranca Tecuani, tiene 
una población total de 55,974 habitantes, de los 
cuales 21,930 son indígenas (39.2%). Se trata de 
un municipio que ha sido clasificado por CONA- 
PO con un grado de marginación Muy Alto, en 
donde 9,210 habitantes son analfabetas (Indica¬ 
dores sociodemográficos de la población total y 
la población indígena por municipio, 2005. GDI). 
El grado de marginación aumenta en el caso de 


4 No se trata de la población total de me’phaa pues en el Censo 
Nacional solo se considera la población de 5 y más años. Perspec¬ 
tiva Estadística Guerrero, 2007. INEGI. 


70 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Asunto: Violación de una indígena Meph'a 


las mujeres indígenas, quienes tienen índices más 
altos de monolingüismo y analfabetismo, y cuyas 
condiciones de salud están entre las peores del 
país, ocupando esta región el primer lugar nacio¬ 
nal en mortalidad materna (ver La Jornada, 31 
de mayo del 2009). 

La mayoría de las comunidades me’phaas del 
municipio de Ayutla de los Libres están disper¬ 
sas en barrancas, no cuentan con agua potable 
ni drenaje, y no se ha promovido en la zona la 
construcción de letrinas por lo que se defeca al 
aire libre, con todas las implicaciones sanitarias 
que esto conlleva. Se trata de terrenos comunales 
que se utilizan mayoritariamente para cultivos de 
auto subsistencia, aunque en algunas comunida¬ 
des se siembra café y jamaica para la venta. 

En Barranca Tecuani viven aproximadamente 
120 familias, con un total de 530 personas, todos 
hablantes de me’phaa, con un manejo muy rudi¬ 
mentario del español. Se trata de una comunidad 
dispersa en una cañada, con un centro donde se 
ubica la escuela primaria, la iglesia y el comisa- 
riado. Al igual que la mayoría de las comunida¬ 
des mepha’a, la tenencia de la tierra es comunal 
y la máxima autoridad agraria es el Comisaria- 
do de Bienes Comunales. Existe paralelamente 
una estructura político-religiosa formada por las 
Mayordomías de las tres principales fiestas reli¬ 
giosas: la de la Virgen de Guadalupe, el 12 de 
diciembre, la de San José el 19 de marzo y la 
de la Santa Cruz el 3 de mayo. Los cargos de 
una mayordomía son: socio, mayordomo prime¬ 
ro y auxiliar, mayor primero y auxiliar, mayor 
tercero y auxiliar, mayor cuarto y auxiliar. Los 
Quemadores de Vela están presentes en todas las 
mayordomías para presentar las peticiones ante 
el santo festejado. Fueron ellos los encargados de 
los rituales de curación espiritual que se hicieron 
después de la violación y tortura de Inés Fernán¬ 
dez y quienes atienden todas las enfermedades 
anímico-espirituales que se presentan en la co¬ 
munidad. 


La participación en las mayordomías es funda¬ 
mental para la reafirmación de la pertenencia 
comunitaria, y a pesar de las diferencias inter¬ 
nas que se hayan dado a partir de la violación 
sexual de Inés Fernández -por los desacuerdos 
en cuanto a las estrategias sobre cómo manejar 
la amenaza que representa el ejército-, todos 
los sectores de la comunidad participan en ellas. 
Fortunato Priciliano, el esposo de Inés, fue elegi¬ 
do Mayordomo de la Fiesta de Guadalupe para 
el periodo de 2010. Según su propio dicho, “es 
un gasto fuerte; a veces si eres elegido mayor¬ 
domo gastas hasta 3000 pesos y tienes que ma¬ 
tar animales para la fiesta, pero es importante 
participar porque si no participas no vales en la 
comunidad.” (Entrevista a Fortunato Priciliano, 
Barranca Tecuani, 13 de marzo del 2008). Esta 
actividad social ha sido fundamental para que 
ambos pudieran reintegrarse a la comunidad, 
después de una etapa de distanciamiento a partir 
de que iniciaron el procedimiento judicial. 

Como parte del sistema de Mayordomías se crea 
un fondo común en donde se separa el 25% de 
todas las aportaciones de la fiesta para que pueda 
utilizarse como caja de ahorro y prestarse a quien 
lo necesite. Existe también un trabajo de ayuda 
mutua conocido como naguma xtaja en el que 
participan todos los integrantes de la comunidad 
a través del cual se ayudan mutuamente sin re¬ 
muneración económica. 

Con base en las entrevistas fue evidente que 
tanto la propiedad comunal de la tierra como 
la participación en las mayordomías y en el 
trabajo comunitario, son fundamentales en 
la reafirmación identitaria como mepha’as y 
como integrantes de Barranca Tecuani. Sin 
embargo, para Inés Fernández y Fortunato 
Prisciliano, estos vínculos de pertenencia y 
solidaridad se han ampliado más allá de las 
fronteras comunitarias a partir de su partici¬ 
pación en la Organización de Pueblos Indí¬ 
genas Me’phaa (OPIM) —una organización 


Año 2012 • 71 



Rosalva Aída Hernández y Héctor Ortiz Elizondo 


de carácter civil que debe ser vista como una 
institución propiamente indígena resultado de 
los cambios y adaptaciones de todo pueblo in¬ 
dígena a las fuerzas modernizadoras. Esta or¬ 
ganización cuenta con aproximadamente 300 
integrantes y tiene presencia en seis comuni¬ 
dades del municipio de Ayuda (Barranca de 
Guadalupe, Barranca Tecuani, El Camalote, 
El Salto, El Progreso, y Te Cruz) y en una 
comunidad de Acatepec (Barranca Bejuco) y 
ha sido un espacio fundamental en el acompa¬ 
ñamiento de Inés Fernández en su proceso de 
denuncia. 

En búsqueda de alternativas ante los altos ni¬ 
veles de marginación y pobreza prevalecientes 
en la región se forma en el año 2002 la Or¬ 
ganización Independiente de Pueblos Mixté¬ 
eos y Tlapanecos (OIPMT) que aglutinaba a 
numerosas comunidades de dos pueblos in¬ 
dígenas asentados en la misma región de la 
Montaña de Guerrero. Dos años más tarde, 
en 2004, la organización se divide en dos: la 
Organización para el Futuro del Pueblo Mix- 
teco (OFPM) y la Organización del Pueblo In¬ 
dígena Me’phaa (OPIM). 

Este proceso organizativo del pueblo mepha’a se 
da simultáneamente a una intensificación de la 
presencia militar en la zona debido a las campa¬ 
ñas contra el narcotráfico. Esta presencia trajo 
consigo una serie de denuncias de violaciones a 
los derechos humanos por parte de efectivos del 
ejército nacional. Esta situación lleva a la OPIM a 
incluir en su agenda la búsqueda de justicia ante 
las violaciones a los derechos humanos que sufre 
la población. 

Estas experiencias de represión han sido inter¬ 
pretadas y vividas a la luz de una memoria his¬ 
tórica que vincula la presencia del ejército con la 
violencia y la impunidad desde que, en la década 
de los setenta del siglo pasado, se desarrolló, en 
el estado de Guerrero, la llamada “guerra sucia” 


contra simpatizantes de movimientos armados. 5 
A esta historia se unen las memorias de la ma¬ 
sacre de El Charco, el 7 de junio de 1998 cuan¬ 
do, según los sobrevivientes, el ejército mató a 11 
personas, hirió a otras 5 y llevó detenidas a 22, 
entre ellas 5 menores de edad. 1 ’ 

Es en el marco de esta historia reciente, que la 
violación sexual y tortura de Inés Fernández Or¬ 
tega es inteipretada por ella y por los integrantes 
de su organización, no como un hecho indepen¬ 
diente de otros actos de violencia, sino como par¬ 
te de un continuum de violencia que ha marcado 
la relación de los pueblos indígenas de la región 
con las fuerzas armadas mexicanas. 

El hostigamiento a integrantes de la OPIM a par¬ 
tir del apoyo a las denuncias de Inés Fernández 
Ortega y Valentina Rosenda Cantú, también 
violada por efectivos militares el 8 de marzo del 
2002, 7 son interpretadas por sus integrantes en el 
marco de esta historia relativamente reciente de 
violencia militar. 

El asesinato en febrero del 2008 de Lorenzo 
Fernández Ortega, hermano de Inés Fernández 
Ortega e integrante de la OPIM, las amenazas 
de muerte anónimas a su presidenta Obtilia Eu¬ 
genio Manuel y las órdenes de aprehensión y 
detenciones, en abril del mismo año, a cinco de 
sus principales dirigentes, uno de los cuales Raúl 


5 El primer reconocimiento oficial de esta historia de violaciones 
a los derechos humanos se dio en el 2001 cuando la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos examinó 532 casos de torturas y 
desapariciones durante la “guerra sucia” y emitió una recomen¬ 
dación en la que concluyó que había suficientes pruebas para 
establecer que al menos 275 personas habían sido arrestadas, tor¬ 
turadas y desaparecidas en manos de las fuerzas armadas CNDH. 
Recomendación 026/2001. 27 de noviembre del 2001. 

6 Ver Brigadas Internacionales por la Paz-Proyecto México. 
“Violencia contra defensores de Derechos Humanos en el Sur de 
México. Silenciados” Boletín Informativo del Proyecto México. 
Ayutla de los Libres. Mayo 2009. 

7 Número de caso ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 


72 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Asunto: Violación de una indígena Meph'a 



A. Zirión. Serie Segundo piso 


Hernández, continúa en prisión, han alimenta¬ 
do el miedo y el sentido de vulnerabilidad de los 
integrantes de la OPIM y de los habitantes de 
Barranca Tecuani removiendo memorias de un 
pasado reciente de violencia e impunidad y cau¬ 
sando reacciones encontradas ante la decisión de 
Inés de denunciar y reclamar justicia. 8 


8 A partir de estos eventos la Comisión Interamericana de Dere¬ 
chos Humanos otorga el 27 de junio de 2008 medidas cautelares 
a favor de 41 miembros de la OPIM, entre ellos Inés Fernández, 
Fortunato Priciliano, Obtilia Eugenio y las cinco personas que 
fueron encarceladas. (Datos de las medidas cautelares) 


2.- Los sucesos y sus consecuencias 

2.1. Los hechos: 

Aproximadamente a las quince horas del 22 de 
marzo del 2002, llegaron once militares perte¬ 
necientes al Batallón 41 del Ejército Mexicano 
al domicilio de la Sra. Inés Fernández Ortega 
y Fortunato Prisciliano Sierra, ubicado en la 
comunidad de Barranca Tecuani, pertenecien¬ 
te al Municipio de Ayuda de los Libres en el 
estado de Guerrero, México. Tres de ellos se 
introdujeron al domicilio sin permiso de Inés 
Fernández, quien se encontraba únicamen¬ 
te acompañada por sus tres hijos que en ese 
entonces eran menores de edad. Los soldados 
comenzaron a hacerle preguntas a las cuales 
no supo responder, después de lo cual uno 


Año 2012 • 73 



Rosalva Aída Hernández y Héctor Ortiz Elizondo 


de ellos la violó sexualmente. Después de la 
violación, los soldados se fueron, no sin antes 
robar la carne que Fortunato Prisciliano tenía 
secando en el patio para su familia. Dos días 
después la víctima presentó una denuncia for¬ 
mal ante el Ministerio Público local de Ayut- 
la de los Libres, quien determinó que no era 
competente para investigar ni el ingreso ilegal 
a la vivienda, ni la violación ni el robo sufridos 
por Inés Fernández por pertenecer los acusa¬ 
dos al ejército mexicano. En mayo del 2002, 
el ministerio público local remitió el caso a los 
agentes del ministerio público militar. 

2.2. El impacto personal y comunitario: 

En el contexto cultural indígena mepha’a el 
concepto de persona no se encuentra desligado 
de la unidad comunitaria, sino que se construye 
como sujeto integrante de la colectividad. En las 
comunidades indígenas mexicanas como lo es la 
comunidad me’phaa, lo individual y lo colectivo 
se encuentran estrechamente vinculados por lo 
cual las experiencias de violencia que sufre un 
individuo son vividas como una afrenta hacia 
la comunidad en su conjunto que trae apare¬ 
jada un desequilibrio en la estabilidad colecti¬ 
va. En consecuencia, la experiencia de un daño 
como lo es la violación sexual es un hecho que 
se expresa incluso a nivel nosológico, pues en 
la concepción del mundo del pueblo me’phaa 
los sucesos que causan dolor como un acciden¬ 
te o como la violencia, se manifiestan en una 
enfermedad llamada “susto”, un padecimiento 
con efectos físicos en la persona que la sufre di¬ 
rectamente pero que puede abarcar a quienes 
la rodean. Por eso es necesario entender que la 
experiencia de agresión sexual que vivió Inés 
Fernández Ortega no es percibida sólo como 
un hecho que le afectó a ella, sino también a su 
familia y a su comunidad. 

Tanto Inés Fernández Ortega, como su suegra 
María Sierra Librada, hicieron referencia en 


sus testimonios a la enfermedad que produce 
el “susto”, llamada “ gamitó ” en idioma tla- 
paneco, y que sufrieron ambas después de la 
violación. Según sus creencias, el alma se sale 
del cuerpo (panda tiga akiin), a causa del miedo 
causado por la violencia y esto produce dolo¬ 
res de cabeza intensos, escalofríos y temblores 
del cueipo, pérdida de apetito e insomnio. Esta 
etiología está vinculada también con la violen¬ 
cia que sufrió el nahual (. kuiñú ) o espíritu animal 
protector de Inés durante la violación. Según 
recuenta la señora Sierra Librada, este nahual 
sigue en la montaña herido y no ha podido re¬ 
gresar a su lugar natural desde hace nueve años 
cuando ocurrió la violación. 

Aunque los días posteriores a la violación se en¬ 
cendieron velas en un lugar sagrado en la monta¬ 
ña de Barranca Tecuani y se hicieron los rituales 
recomendados para la recuperación del alma, la 
falta de justicia impide que tanto Inés como su 
suegra y otras mujeres de la comunidad puedan 
curarse plenamente del “susto”. Al respecto doña 
María Sierra señalaba: “Mientras no haya jus¬ 
ticia nuestros espíritus no están tranquilos, hay 
mucho miedo y no podemos dormir tranquilas, 
porque sabemos que si no se castiga lo que hicie¬ 
ron los ‘guachos’ (término con que se designa a 
los militares), lo pueden volver a hacer. La falta 
de justicia produce “va jui y garmitú ” (Entrevista 
a María Sierra Librada, Barranca Tecuani, mar¬ 
zo 13 del 2010). 

El desequilibrio comunitario manifestado en el 
“susto” sigue afectando a Inés y a muchas mu¬ 
jeres de la comunidad porque la justicia es un 
elemento que permite restaurar el orden perdido. 
Sin embargo, desde la perspectiva de la comuni¬ 
dad no ha habido un cierre por el hecho de que 
no se ha castigado a los culpables. Así es como 
el desequilibrio producido por la falta de justicia 
se vuelve causa de las agresiones que han sufrido 
otros integrantes de la organización de la que for¬ 
ma parte Inés (la OPIM), entre los cuales se puede 


74 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Asunto: Violación de una indígena Meph'a 


mencionar el asesinato del hermano de Inés, de 
nombre Lorenzo Fernández. 

En todas las narrativas sobre la violación hay un 
continuum entre la agresión sexual y las agresio¬ 
nes que han seguido a la denuncia y búsqueda de 
justicia. Un evento singular como la violación de 
Inés, deja consecuencias en otros eventos porque 
no ha sido posible “cerrar” sus efectos en un cas¬ 
tigo. En este sentido vemos nuevamente que no 
se puede separar la experiencia personal de Inés 
de la experiencia colectiva de represión y miedo 
que ha vivido la comunidad y los integrantes de 
su organización. 

Ahora bien, la respuesta de los habitantes de 
Barranca Tecuani y la de los integrantes de la 
OPIM que viven en las Barrancas aledañas han 
sido muy diferentes. En un primer momento, los 
habitantes de Barranca Tecuani se organizaron 
para expulsar a los militares de las tierras comu¬ 
nales en donde habían acampado. Los límites de 
las tierras comunales que abarcan cañadas y zo¬ 
nas de cultivo, marcan las fronteras del espacio 
colectivo comunitario y los recorridos de los mili¬ 
tares por esas tierras, así como el establecimiento 
de campamentos en ellas sin previo permiso de 
los dueños de las mismas, son concebidos como 
una afrenta a los derechos colectivos. 

Sin embargo, esta cohesión social que se manifes¬ 
tó inicialmente en acciones colectivas para expul¬ 
sarlos, se ha ido fragmentando con el tiempo por 
los desacuerdos de los habitantes de Barranca 
Tecuani en cuanto a las estrategias sobre cómo 
manejar la amenaza que representa el ejército. 
Según el testimonio de Inés Fernández “Antes de 
la violación la comunidad estaba unida, pero fue 
el gobierno y el miedo que nos dividió. Alfonso 
Morales, uno de los que trabaja para el ejército 
les dijo a las mujeres que no había que acusar a 
los guachos porque iban a meterse en problemas. 
Ellas tienen miedo de que les pase lo mismo que 
a mí y por eso ya no me quieren apoyar, ni se 


quieren organizar” (Entrevista a Inés Fernández, 
13 de marzo del 2010). 

Este miedo se ve estimulado por la continua pre¬ 
sencia de militares en la zona. Pues según señala 
en sus testimonios Inés Fernández Ortega, a ini¬ 
cios de febrero de 2009, unidades del ejército se 
estacionaron nuevamente frente a su comunidad 
y varios soldados entraron en sus tierras, roban¬ 
do parte de la cosecha y causando daños en el 
resto. 

En estas circunstancias tanto Inés Fernández 
como su esposo Fortunato Prisciliano expresaron 
la misma percepción de que una parte de comu¬ 
nidad los había abandonado en su lucha por en¬ 
contrar justicia. Inés en especial está molesta por 
la falta de apoyo y por la estigmatización que ha 
sufrido de parte de sus compañeras de Barranca 
Tecuani que la señalan como “la mujer de los 
guachos”. 

Sin embargo, tanto Inés como Fortunato se si¬ 
guen sintiendo parte de la comunidad y son reco¬ 
nocidos como tales porque siguen participando 
en los cargos que les dan sus derechos de ciu¬ 
dadanía comunitaria. Fortunato fue Mayordomo 
en la fiesta de la Virgen de Guadalupe el 12 de 
diciembre del 2009 e Inés acaba de ser elegida 
vocal para un programa social llamado Opor¬ 
tunidades 9 que funciona en la comunidad. Ante 
la fragmentación del tejido social que ha traído 
la presencia militar en la zona, las nrayordonrías 
y las fiestas religiosas siguen siendo un mecanis¬ 
mo de reconstrucción del espacio colectivo. Sin 
embargo, los otros procesos organizativos en tor¬ 
no a la salud, la educación y los derechos de las 
mujeres, que venían desarrollándose con apoyo 
de Inés y Fortunato, se han desarticulado ante el 
miedo a la represión. 


3 Política asistencial para comunidades de bajos recursos que ca¬ 
naliza apoyos a través de las mujeres. 


Año 2012 • 75 



Rosalva Aída Hernández y Héctor Ortiz Elizondo 


Algunos de los integrantes de la OPIM explican 
la falta de apoyo de los habitantes de Barranca 
Tecuani a Inés Fernández como una consecuen¬ 
cia del hostigamiento militar, pues para muchos 
de ellos la denuncia de Inés, primero ante el Mi¬ 
nisterio Público y después ante la Corte Intera- 
mericana de Derechos Humanos, ha “enojado” 
a los militares y ha puesto en una posición de 
mayor vulnerabilidad a todas las comunidades 
de la región. Paralelamente, la falta de justicia en 
el caso y la impunidad de sus atacantes, han ve¬ 
nido a darle la razón a quienes argumentan que 
es mejor callarse que denunciar las violaciones 
a los derechos humanos. La suegra de Inés Fer¬ 
nández, Doña María Sierra Librada, explica la 
indiferencia y hasta el rechazo de la comunidad 
ante la búsqueda de justicia de su nuera como 
una consecuencia más del “garmitú”: los pobla¬ 
dores están paralizados por el susto y no pueden 
pensar bien. 

En este contexto, los vínculos comunitarios de 
solidaridad de quienes están de acuerdo con el 
reclamo de justicia de Inés han sido reconstitui¬ 
dos en el espacio colectivo de la OPIM, en donde 
ella ha encontrado el apoyo que sus compañeras 
de Barranca Tecuani le han negado. “La OPIM 
es ahora para mí mi familia y mi comunidad, 
ellos han sufrido conmigo por la falta de justicia, 
son como mi padre y mi madre” (Entrevista a 
Inés Fernández Ortega 13 de marzo del 2010). 
Por eso para Inés, las medidas de reparación del 
daño no son sólo para ella sino también para las 
niñas y mujeres de su comunidad y su organiza¬ 
ción, como veremos más adelante. 

2.3. El impacto en las mujeres de la región: 

Si bien la violación y los conflictos que se desenca¬ 
denaron a partir de la denuncia han afectado el te¬ 
jido social de Barranca Tecuani, su efecto ha sido 
especialmente nocivo en las niñas y mujeres de la 
región. Muchas de ellas han enfermado de “susto” 
y han limitado sus salidas fuera de la comunidad 
por miedo a sufrir la misma suerte que Inés. 


Los espacios organizativos que Inés Fernández 
venía promoviendo con apoyo de otras compa¬ 
ñeras de la OPIM, en los que las mujeres de la 
comunidad habían empezado a reflexionar sobre 
sus derechos como mujeres y como indígenas y 
a proponer proyectos productivos que les permi¬ 
tieran salir de la situación de extrema pobreza 
en la que viven, quedaron suspendidos. Según 
el testimonio de Andrea Eugenio, una de las 
capacitadoras mepha’a de la OPIM que impar¬ 
tió algunos talleres en Barranca Tecuani, “Las 
mujeres tienen ahora miedo de organizarse para 
cualquier cosa pues piensan que lo que le pasó 
a Inés fue porque estaba organizada y quería 
organizar a otras mujeres” (Entrevista a Andrea 
Eugenio, Ayuda de los Libres 13 de marzo del 
2010). Esta desarticulación del trabajo colectivo, 
en una región caracterizada por su aislamiento y 
en donde los proyectos para mujeres son nulos, 
ha implicado una profundización de la margina- 
ción y de la falta de alternativas productivas para 
todas las mujeres. 

Paralelamente, el miedo a sufrir violencia sexual 
por la presencia constante del ejército, ha sido 
profundizado por la impunidad que siguió a la 
violación de Inés, y ha influido en que muchas 
de las mujeres no dejen que sus hijas salgan a 
jugar libremente al campo como lo hacían antes. 
En muchas ocasiones inclusive les prohíben ir a 
la escuela cuando se sabe que el ejército está rea¬ 
lizando recorridos por la región. 

La geografía de la región en la que las casas se 
encuentran dispersas en las Cañadas hace que la 
vida social de las niñas y las adolescentes se lleve 
a cabo en lugares abiertos como las barrancas, 
la milpa o a las inmediaciones de la escuela y la 
comisaría, lugares todos que se han convertido 
en espacios inseguros a partir de la violación. 

El aislamiento geográfico de Barranca Tecuani 
y las demás comunidades de la región hace ne¬ 
cesario que para salir de la comunidad se deban 


76 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Asunto: Violación de una indígena Meph'a 


caminar hasta tres horas para llegar al crucero 
por el que pasa un camión de redilas que es el 
único medio público para trasladarse a la cabe¬ 
cera municipal. En el contexto actual de miedo 
a la presencia militar, con la amenaza latente 
de violencia sexual, las madres han optado por 
mantener a sus hijas en casa, desescolarizándolas, 
o bien optan por mandarlas a vivir con familias 
mestizas de clase media en la cabecera municipal 
de Ayuda de los Libres, en donde se encuentra la 
secundaria más cercana. Las condiciones de vida 
que tienen estas niñas-adolescentes son descritas 
por Noenrí Prisciliano Lernández, la hija mayor 
de Inés de manera ilustrativa: “Hay como trein¬ 
ta compañeras de Barranca Tecuani estudiando 
allá en Ayutla, trabajan para las patronas mesti¬ 
zas sin recibir paga. A veces nos levantan a las 
6 de la mañana y trabajamos hasta las cuatro, 
cuando nos vamos a la escuela. Después en la 
noche cuando regresamos, tenemos que hacer la 
cena y muchas veces lavar o planchar. Yo desde 
los 12 años me vine a vivir a Ayutla para po¬ 
der estudiar y he vivido en cinco casas distintas 
porque me tratan mal y mejor me cambio de 
casa. Ahora vivo en la casa de la OPIM, pero mi 
hermana Luz si vive con una maestra y trabaja 
todo el día, no le paga ni un centavo, sólo le da 
una cama para dormir y la conrida”(Entrevista a 
Noenrí Prisciliano marzo 14, 2010). 

Las adolescentes no sólo viven con miedo sino 
que han perdido la libertad que tenían antes de 
la violación y de los hechos de represión que si¬ 
guieron a la denuncia de la misma. Tener un lu¬ 
gar digno y seguro para poder vivir mientras es¬ 
tudian se vuelve una necesidad apremiante en el 
contexto de inseguridad que se vive en la región. 

2.4 La falta de acceso a la justicia para las muje¬ 
res indígenas: 

Diversos estudios en torno al acceso de las mu¬ 
jeres indígenas a la justicia del Estado han dado 
cuenta de la manera en que las ideologías sexo- 
genéricas discriminatorias y la falta de sensibi¬ 


lidad cultural por parte de los impartidores de 
justicia, ha marcado las relaciones entre este 
sector de la población y el derecho nacional. 10 
Estos estudios han planteado que la triple discri¬ 
minación que sufren las mujeres indígenas, por 
su identidad étnica, de género y por su nrargi- 
nación económica, se pone de manifiesto en la 
re-victinrización que sufren al tratar de acceder a 
la justicia del Estado. El desconocimiento de los 
idiomas indígenas por parte de los operadores de 
justicia y el alto nivel de nronolingüisnro y anal¬ 
fabetismo entre la población indígena femenina 
dificulta su acceso a la justicia. 

La experiencia de Inés Fernández Ortega ante 
las autoridades del Ministerio Público de Ayutla 
de los Libres y posteriormente ante la justicia mi¬ 
litar, viene a confirmar esta tendencia a la triple 
discriminación. Al igual que en la mayoría de 
las regiones indígenas de México, el Ministerio 
Público de Ayutla de los Libres es un funciona¬ 
rio mestizo que desconoce los idiomas indígenas 
hablados en la región (el mepha’a y el tu’un sávi 
o mixteco) y que no cuenta con el apoyo de un 
intérprete ó traductor, por lo que Inés Fernández 
solicitó el apoyo de la Sra. Obtilia Eugenio, di¬ 
rigente de la OPIM, para poner la denuncia. En 
las entrevistas realizadas a Inés Fernández nos 
relata el mal trato y la falta de interés por parte 
de las autoridades judiciales ante su denuncia, 
quienes determinaron que no eran competentes 
para investigar la violación ya que las personas 
que presuntamente habían cometido el hecho 
delictuoso pertenecían al ejército mexicano, por 
lo que decidieron turnarlo al Ministerio Público 
militar. 


10 Ver Sierra Camacho, María Teresa Haciendo justicia. Interle- 
galidad, derecho y género en regiones indígenas, CIESAS-Porrúa, 
México, 2004 y Hernández Castillo, Rosalva Aída. “El derecho 
positivo y la costumbre jurídica: Las mujeres indígenas de Chia- 
pas sus luchas por el acceso a la justicia” en Marta Torres Falcón 
(comp.), Violencia contra las mujeres en contextos urbanos y ru¬ 
rales, México, El Colegio de México, 2004. 


Año 2012 • 77 



Rosalva Aída Hernández y Héctor Ortiz Elizondo 


Los estudios antes citados sobre el acceso a la 
justicia de mujeres indígenas dan cuenta de que 
la experiencia de Inés Fernández es casi la norma 
en lo que respecta a los procesos judiciales de 
hombres y mujeres indígenas frente a la justicia 
estatal, a pesar de que en la reforma al artícu¬ 
lo 2do Constitucional del 2001 se establece el 
derecho a contar con apoyo de traducción y de 
peritajes antropológicos. La normatividad sobre 
intérpretes está contenida también en el Códi¬ 
go Penal Federal (CPF) y en el Código Federal 
de Procedimientos Penales (CFPP), pero hace 
recaer la determinación sobre la suficiencia en 
el manejo del español en el mismo agente del 
ministerio público (MP), por lo que el derecho al 
intérprete depende de lo que el sentido común 
del MP considere “suficiente”. En diciembre del 
2002 se reformó nuevamente el CFPP donde aho¬ 
ra los artículos 15, 18, 124 bis, 128 párrafos IV, 
154, y 159, hacen obligatorio que los intérpretes 
y los defensores tengan conocimiento de las len¬ 
guas, cultura, usos y costumbres indígenas. Lo 
que encontramos en el caso de Inés Fernández 
es que estas reformas son letra muerta ya que 
los Ministerios Públicos no cuentan con personal 
indígena o al menos que “conozcan la cultura de 
los demandantes”. 


Esta violación a sus derechos lingüísticos y cultu¬ 
rales, no es sólo producto de la falta de personal 



A. Zirión. Foto TV 


y capacitación que posibilite un mayor acceso 
a la justicia por parte de los pueblos indígenas, 
sino que va aunada a un trato denigrante y ra¬ 
cista por parte de los funcionarios públicos, que 
en muchos sentidos reproduce las jerarquías ra¬ 
ciales que marcan a la sociedad mexicana en su 
conjunto. En el caso de las mujeres indígenas, 
este racismo estructural que reproducen las ins¬ 
tituciones del Estado, se ve profundizado por la 
discriminación de género, que muchas veces las 
re-victimiza al tratar los casos de violencia sexual 
con una falta de sensibilidad que toma la forma 
de violencia simbólica. Este es el caso del médico 
legista que en un primer momento intentó dar fe 
de la violación de Inés Fernández, quien ante la 
solicitud de ella de que fuera una doctora la que 
hiciera la revisión, le respondió “Que importa 
que te revise un hombre, ¿acaso fueron mujeres 
las que te violaron?”(Entrevista a Inés Fernández 
marzo 13, 2010). 

Si el trato discriminatorio que Inés Fernández 
recibió por parte del Ministerio Público local la 
hizo desconfiar de las instituciones de justicia del 
Estado, la experiencia ante las autoridades mili¬ 
tares que retomaron el caso vino a profundizar 
esta desconfianza, así como el sentimiento de 
vulnerabilidad ante la presencia del ejército en 
su casa, en donde se presentaron las autoridades 
militares sin previo aviso, y nuevamente sin el 
apoyo de un traductor. 

La experiencia de Inés Fernández ante la jus¬ 
ticia estatal y la impunidad que prevalece ante 
su violación ha influido en que, para las mujeres 
indígenas de la región, la justicia del Estado no 
sea una opción viable para la resolución de sus 
conflictos, por lo que la creación de un Ministe¬ 
rio Público Especial para Delitos Sexuales, tuvo 
mucho eco entre las reparaciones demandadas 
por la víctima y por las otras mujeres de la OPIM 
(Taller sobre Reparaciones en Barranca Guada¬ 
lupe, 3 de marzo 2010). 


78 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Asunto: Violación de una indígena Meph'a 


3. - Conclusiones 

Los peritos designados por los representantes de 
la parte ofendida, Rosalva Aída Hernández Cas¬ 
tillo y Héctor Ortiz Elizondo, después de analizar 
el daño que ocasionó la violación de Inés Fernán¬ 
dez Ortega en el tejido social de la comunidad 
indígena de Barranca Tecuani y el posterior con¬ 
texto de impunidad en el que permanece el acto 
así como el impacto que dichos actos pudieron 
tener en las demás mujeres de dicha comunidad, 
concluimos lo siguiente: 

• Que la cohesión social de la comunidad in¬ 
dígena de Barranca Tecuani sí se vio afec¬ 
tada por los hechos sucedidos a Inés Fer¬ 
nández Ortega el 22 de marzo de 2002. 

• Que los hechos sucedidos a Inés Fernán¬ 
dez Ortega generaron una situación de 
miedo en las comunidades mepha’a de la 
región de la Montaña con repercusiones 
de largo alcance que afecta principalmen¬ 
te a las mujeres. 

• Que el contexto de impunidad prevale¬ 
ciente desde que se sucedieron los hechos 
mencionados hasta la fecha, ha significa¬ 
do para los integrantes de la comunidad 
y miembros de la organización a la que 
pertenece Inés Fernández Ortega, un 
daño continuado que debe ser reparado 
para recuperar el estado social imperante 
previo a los hechos. 

• Que la falta de acceso a la justicia ha sido 
producto de la triple discriminación: ét¬ 
nica, genérica y de clase, que ha vivido 
Inés Fernández Ortega a todo lo largo del 
proceso de denuncia y que debe de ser re¬ 
parada con la creación de nuevos espacios 
de justicia con funcionarios sensibles a las 
diferencias culturales y de género. 

4. - Las medidas reparatorias 

La demanda de justicia para Inés Fernández Or¬ 
tega y sus familiares, exigida por ellos mismos y 


por otros integrantes de la comunidad y miem¬ 
bros de la organización indígena, está planteada 
en términos simbólicos, morales, sociales y eco¬ 
nómicos, y expresada en acciones concretas de 
reparación. 

En la medida en que el daño es percibido de ma¬ 
nera inespecífica, como un daño sufrido por la 
colectividad y no sólo por una persona en par¬ 
ticular, la reparación es entendida por la direc¬ 
tamente lesionada por los hechos acontecidos 
el 22 de marzo del 2002 como actos que deben 
resarcir al conjunto de la comunidad, sin que eso 
obste para que exija también reparaciones para 
ella y sus familiares. 

Entre las medidas de reparación enlistadas en el 
Capítulo I, apartado B, del Inscrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas de los representantes de 
las víctimas y sus familiares presentado ante la 
CIDH con fecha 18 de agosto de 2009, quisiéra¬ 
mos destacar los que más directamente compe¬ 
ten a este peritaje. 

Medidas de satisfacción: 

Compensación. 

Como ya se señaló en el apartado 2.2 sobre el 
impacto de los hechos en las mujeres, una vez 
que las adolescentes terminan la primaria, deben 
necesariamente abandonar la comunidad para 
continuar sus estudios secundarios en la cabece¬ 
ra municipal, lo cual generalmente implica vivir 
como sirvientas semi-esclavas en el domicilio de 
familias mestizas de Ayuda de los Fibres. Esta 
situación deriva de lo difícil que resulta para los 
afectados y otros miembros de la comunidad pa¬ 
gar por la estancia y alimentación de sus hijas e 
hijos en la cabecera municipal para continuar sus 
estudios. 

Por lo anterior, una medida de satisfacción que 
se justifica para el caso es el otorgamiento de be¬ 
cas escolares para los hijos de Inés Fernández y 
Fortunato Prisciliano, mismas que podrían ga- 


Año 2012 • 79 



Rosalva Aída Hernández y Héctor Ortiz Elizondo 


rantizar la permanencia en el sistema educativo 
y evitar la deserción escolar de los menores. En 
palabras de la hija mayor de Inés: “Indemniza¬ 
ción económica para mi madre y nosotros sus 
hijos que sufrimos la pobreza [...] Porque nos 
negaron muchas cosas que lo más probable es 
que hoy tendríamos”. 

Pago de gastos y costas. 

La situación económica de la familia de Inés Fer¬ 
nández y Fortunato Prisciliano ya era precaria 
antes de que se suscitaran los hechos, pero se ha 
visto afectada por los gastos de traslado a la cabe¬ 
cera municipal y otros gastos ligados a la prose¬ 
cución de la demanda judicial resultado de estos 
hechos, incluidos la alimentación de las personas 
que asisten al hogar de los afectados para cono¬ 
cer del caso como ocurre con los mismos peritos. 
Parte de estos gastos han provenido de la OPIM, 
cuyos miembros también cubren sus propios gas¬ 
tos de acompañamiento a las víctimas. 

Por lo anterior, resulta justificado solicitar al Es¬ 
tado mexicano el pago de las costas y gastos razo¬ 
nables y necesarios debidamente probados, que 
se hayan originado y se originen de la tramita¬ 
ción del presente caso, considerando que buena 
parte de estos gastos fueron ‘en especie’, es decir, 
que derivan de la economía de autosubsistencia 
de las comunidades rurales indígenas. 

Disculpa, desagravio y reconocimiento de res¬ 
ponsabilidad. 

La aplicación de medidas de publicidad de los 
resultados de la sentencia como lo es la radio¬ 
difusión y la publicación en diarios locales y na¬ 
cionales resulta de limitada importancia para los 
miembros de la organización indígena mepha’a 
si se la compara con la que dan a otros meca¬ 
nismos de reparación. Sin embargo, también es 
cierto que la relación del Estado mexicano con el 
pueblo indígena mepha’a permanecerá afectada 
mientras no exista una disculpa pública presen¬ 
cial y frente a los miembros de la organización. 


Por lo anterior, resulta justificado solicitar del 
Estado mexicano que envíe a la zona a una 
autoridad de gobierno de suficiente jerarquía 
como para efectivamente representar al Estado 
para que en su nombre ofrezca una disculpa a la 
agraviada y a sus familiares en un acto público y 
programado con suficiente antelación para ga¬ 
rantizar una amplia asistencia. 

Medidas de protección y prevención: 

Escuela comunitaria 

Por las razones esgrimidas para justificar las be¬ 
cas, se debe entender que la totalidad de la po¬ 
blación mepha’a de la región de La Montaña se 
encuentra en condiciones semejantes a la de Inés 
Fernández y Fortunato Prisciliano en cuanto al 
cuidado de sus hijos. Esta situación implica un 
riesgo permanente para las adolescentes de su¬ 
frir violencia sexual, pues la mayoría habrán de 
“pagar” sus estudios con este sistema de servi¬ 
dumbre. 

Por otra parte, la puesta en marcha y continui¬ 
dad de un sistema de educación no formal en las 
comunidades debe tomar en cuenta el grado de 
dispersión de los asentamientos. Esto implica que 
un sistema ‘fijo’ como lo es establecer un local- 
escuela puede resultar impráctico, a diferencia de 
otros más ‘móviles’ como el que de hecho venían 
aplicando los capacitadores y promotores de la 
OPIM en las comunidades. 

En este sentido los peritos proponemos que, como 
medida de protección y prevención relacionada 
con la accesibilidad a los servicios de las víctimas 
que viven en zonas aisladas, 11 la antes propuesta 
como escuela comunitaria para la promoción y 
educación sobre derechos de las mujeres sea sus¬ 
tituida por una escuela-albergue que sea instala¬ 
da y funcione en la cabecera municipal de Ayut- 
la de los Libres. Dicha escuela-albergue puede 


11 Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/Sub.2/1993/8, pág 34. 


80 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Asunto: Violación de una indígena Meph'a 


funcionar como dormitorio para las hijas de los 
mepha’a que están estudiando la secundaria o el 
bachillerato y al mismo tiempo fungir como es¬ 
cuela de educación no formal sobre temas varios 
a cargo de las mujeres de la OPIM. 

Oficina de atención a víctimas de violencia 
El establecimiento de una oficina de atención a 
víctimas de violencia en la cabecera municipal de 
Ayutla de los Libres es una demanda que no satis¬ 
face a la directamente agraviada, Inés Fernández 
Ortega. Esto en la medida en que la desconfian¬ 
za que le representa la acción del Estado rebasa 
sus posibilidades de ubicar esta reparación como 
la más directamente relacionada con los hechos 
que suscitaron la demanda. 

Sin embargo, debe considerarse que las con¬ 
diciones de doble victinrización a las que fue 
sometida la agraviada derivaron de la falta de 
sensibilidad y capacitación del personal que la¬ 
bora en las agencias del ministerio público, así 
como por el hecho de que resulta idóneo que 
los casos de violencia sexual sean atendidos por 
personal femenino y que se cuente con apoyo 
de intérpretes o traductores que puedan auxi¬ 
liar a las mujeres indígenas. Existen modelos en 
marcha en el país como lo son las Unidades de 
Atención y Prevención de la Violencia Familiar 
(UAPVIF) de la Secretaría de Seguridad Públi¬ 
ca en el Distrito Federal y el Programa Estatal 
sobre Atención a Víctimas de Violencia Intrafa- 
nriliar y/o Sexual, que funciona en Chilpancin- 
go, Guerrero. 

El buen funcionamiento de estos centros depende 
también de la cultura de integridad y rendición 
de cuentas a la que se sujeten, lo cual resulta fac¬ 


tible en la medida en la que se establezcan acuer¬ 
dos de cooperación entre dichas instituciones y la 
sociedad civil, entre la cual se puede considerar a 
la misma organización indígena OPIM. 

Por lo anterior, los peritos proponemos que se 
sostenga esta demanda pero condicionada a la 
firma de un acuerdo de cooperación y segui¬ 
miento entre dichos centros y las organizaciones 
civiles que así lo soliciten. 

Garantía de no repetición. 

Incluimos una demanda que no se encuentra 
contemplada en el Escrito de Solicitudes... ya 
mencionado por ser, a nuestro entender, una de 
las demandas más sentidas de Inés Fernández, 
su familia y de los miembros de la organización. 
El retiro de las fuerzas militares de la zona es 
vista por muchos pobladores como una medi¬ 
da indispensable que garantiza la no repetición. 
La presencia misma de fuerzas militares sin la 
correspondiente aplicación de la nornratividad 
internacional vigente en materia de conflictos 
bélicos, genera una situación de indefinición que 
conduce a que ni los elementos del ejército ni los 
mismos habitantes de la zona estén claros sobre 
si los pobladores son o no reconocidos como ci¬ 
viles o fuerzas no beligerantes. De ahí deriva una 
mutua desconfianza que promueve los conflictos 
y por ende las violaciones a los derechos huma¬ 
nos. Esta indefinición pudiera solventarse con el 
reconocimiento por el Estado mexicano de la ca¬ 
pacidad de las comunidades indígenas para deci¬ 
dir los asuntos fundamentales que les competen 
de acuerdo con su cultura, según lo estipulado 
en el Artículo 2 o de la Constitución Mexicana en 
cuanto a autonomía y en el Artículo 6 o del Con¬ 
venio 169 en cuanto a derecho a consulta. 


Año 2012 • 81 



PERITAJE 


Asunto: Sobre la organización comunitaria de los 
residentes triquis de la Candelaria en la Ciudad de 
México y el mantenimiento del orden 


Presentado ante el Juez Quincuagésimo Sexto Penal, DF 

15 de enero de 2001 

Yuri Escalante Betancourt 

yuriescala@yahoo.com.mx 


Lie. Elena Ramos Arteaga 
Juez quincuagésimo Sexto Penal del D. F. 
Presente: 

Yuri Alex Escalante Betancourt, en mi carácter 
de perito designado por el Instituto Nacional 
Indigenista, presento ante usted estudio antro¬ 
pológico con el fin de aportar elementos para 
ahondar en la personalidad de los procesados 
que pertenecen a un pueblo indígena y captar la 
diferencia cultural presente en los acontecimien¬ 
tos de la causa penal 191/2000. 

Conceptos antropológicos 

Los conceptos básicos que fundamentan los resul¬ 
tados de este peritaje y que fueron corroborados 
mediante una entrevista colectiva con habitantes 
del predio conocido como La Candelaria son los 
siguientes: a) pueblo indígena, b) instituciones so- 
cioculturales, c) sistema normativo y d) procedi¬ 
mientos para la resolución de conflictos. 


Aceptamos que pueblo indígena es aquel que 
desciende de las poblaciones que habitaban en el 
país en la época de la conquista y que conservan 
todas sus propias instituciones sociales, económi¬ 
cas, culturales y políticas, o parte de ellas 1 . 

En este sentido, la metodología empleada con¬ 
sistió en analizar la procedencia y adscripción 
étnica de los miembros de la comunidad y si 
continuaban reproduciendo sus instituciones so- 
cioculturales, o parte de ellas, en el seno de un 
medio urbano, en particular las formas en que 
resuelven sus disputas. 

Para lograr este objetivo partimos de un princi¬ 
pio básico aceptado por la antropología consis¬ 
tente en que la identidad, es decir, la conciencia 
de formar parte de un pueblo específico, se aso- 


1 Decreto promulgado del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales ( D. O. F. 24 de Enero de 1991). 


82 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Asunto: Sobre la organización comunitaria de los residentes triquis 


cia a un conjunto de rasgos culturales que se van 
transformando con el tiempo de acuerdo a las ne¬ 
cesidades del grupo social y de sus interacciones 
con otros grupos. Por esta razón, la continuidad 
de un pueblo indígena no se determina por tal o 
cual elemento diacrítico, sino por la apropiación 
de los elementos que les son indispensables para 
mantener la cohesión (Barth, 1976). 

1. ¿Quiénes habitan el predio de La 
Candelaria y a qué pueblo indígena 
pertenecen? 

En el predio La Candelaria ubicado en la calle 
Congreso de la Unión 73, Colonia Merced Bal- 
buena de esta Ciudad, habitan un promedio de 
75 familias provenientes del estado de Oaxaca. 
Es difícil determinar el número de personas que 
vive en este lugar ya que existe una alta movilidad 
de gente debido al flujo migratorio constante. Sin 
embargo sus representantes consideran que ahí re¬ 
siden cerca de 400 individuos, niños y adultos. 

De todas ellas, sólo 41 familias con derechos de 
una parte del predio que adquirieron reciente¬ 
mente mediante compra y los demás ocupan un 
terreno que, en calidad de préstamo, les facilita 
una organización campesina. 

La mayoría de sus moradores son originarios de la 
región triqui baja, tanto de la cabecera, San Juan 
Cópala como de los pueblos cercanos, como Juxt- 
lahuaca, Yutasaní, Cruz Chiquita, etc. Y hablan 
la lengua triqui por lo que no existen elementos 
para dudar que pertenecen al pueblo indígena del 
mismo nombre, como veremos enseguida. 

2. ¿Qué instituciones culturales, usos 
y costumbres mantienen vigentes en la 
ciudad de México? 

Aunque la migración en busca de mejores opcio¬ 
nes de vida significa un cambio importante en las 
formas culturales que existen en las comunidades 


de origen, los triquis de la Ciudad de México se 
sirven de sus redes sociales para poder enfrentar 
algunas dificultades que encuentran en el medio 
urbano y, por ello, mantienen instituciones socio- 
culturales adaptadas a los nuevos contextos. 

Por ejemplo, aunque las relaciones de producción 
agrícolas son impracticables en la ciudad, su voca¬ 
ción artesanal se torna útil y provechosa para ob¬ 
tener recursos para sobrevivir, de manera que ésta 
se ha convertido en una vocación que distingue a 
muchos de los triquis. Este oficio u ocupación les 
ha permitido recorrer una gran parte de la Repú¬ 
blica Mexicana acompañándose de sus familias. 

El predio de La Candelaria es precisamente un en¬ 
clave que surgió de esta actividad. Como producto 
de una feria artesanal realizada en 1985, los arte¬ 
sanos triquis solicitaron permiso a los propietarios 
para establecer ahí un taller y poder pernoctar. 
Con el tiempo se convirtió en una embajada que 
recibía muchos de los paisanos al mismo tiempo 
que se conformaba en comunidad. 

Las instituciones socioculturales que siguen vi¬ 
gentes no sólo se relacionan con la identidad y 
con la lengua, sino que también reproducen re¬ 
des de cooperación tradicionales, como el traba¬ 
jo comunal para la construcción de habitaciones 
y la limpieza del lugar, el apoyo económico a las 
comunidades de origen, facilidades de alojamien¬ 
to y orientación para obtener un empleo. 

Otras instituciones y prácticas culturales que 
muestran la vinculación con el pueblo indígena 
triqui son la ayuda que se proporciona a los pa¬ 
trocinadores de las fiestas de San Juan Cópala 
y la celebración ocasional de fiestas patronales 
en el mismo predio. Asimismo se llevan a cabo 
la concertación de matrimonios y la atención de 
partos de acuerdo con métodos propios. 

Por último debe destacarse que aunque la orga¬ 
nización social no tiene una estructura igual a la 


Año 2012 • 83 



Yuri Escalante Betancourt 


de sus comunidades, el sentido de la autoridad 
y las funciones que tienen continúan siendo si¬ 
milares. 

Por ejemplo, la mesa directiva del predio se cons¬ 
tituye en la instancia donde resuelven todos los 
asuntos internos y su representante, al igual que 
en la región triqui, se le conoce como padre o 
madre. Por otro lado, los métodos para resolver 
los asuntos que se les presentan siguen en lo bási¬ 
co los objetivos de mantener el equilibrio y con¬ 
ciliación, tal como se hace en la región triqui de 
Oaxaca (Durand y Campos, 2000). 

3. ¿Cómo eligen a sus representantes y qué 
atribuciones tienen? 

En el predio La Candelaria como en otros pre¬ 
dios y vecindades de los triquis urbanos, existe 
una mesa directiva la cual se constituye en la 
máxima autoridad de sus habitantes. La mesa di¬ 
rectiva es una apropiación de las figuras asociati¬ 


vas que existen en la sociedad mexicana debido 
a que como ellos dicen, para obtener permisos y 
realizar gestiones ante las autoridades, les exigen 
contar con personalidad jurídica y un domicilio 
fijo, posibilidad que les proporcionan las Asocia¬ 
ciones Civiles (A.C.). 

En el caso de La Candelaria se presentan pública¬ 
mente como miembros de la Asociación de Arte¬ 
sanos y Comercialización Emiliano Zapata, pero 
debe entenderse que al interior del predio sus atri¬ 
buciones van más allá de lo meramente comercial 
y se constituye en el órgano regulador de la vida 
interna del predio. Los representantes de la misma 
son elegidos en asamblea y por lo mismo tienen 
por obligación acatar las decisiones de la misma. 

Además de gestionar permisos para comerciali¬ 
zar productos en la vía pública, la Asociación y 
su mesa directiva promueven la realización de 
mejoras sociales y materiales de sus miembros. 
Por ejemplo, la adquisición del predio, la coordi- 



A. Zirión. Barca tarde vararía 


84 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 


Asunto: Sobre la organización comunitaria de los residentes triquis 


nación de equipos que mantengan la limpieza, la 
recolección de cuotas para los servicios de agua, 
luz, recolección de basura. Tramitación de be¬ 
cas escolares, créditos, venta de despensas y otros 
apoyos institucionales. 

La mesa directiva además tiene como responsa¬ 
bilidad velar por la tranquilidad y la convivencia 
entre sus miembros. La alteración del orden pú¬ 
blico al interior del predio y los conflictos entre 
sus miembros es una de las responsabilidades 
más importantes que debe desempeñar. 

4. ¿Qué procedimientos aplican para 
resolver los conflictos internos? 

Los procedimientos que siguen los triquis de La 
Candelaria tienen como objetivo central resta¬ 
blecer el orden y la armonía rota mediante el 
convencimiento y el acuerdo entre las partes. Por 
esta razón las reuniones o juntas que se practican 
con tal fin pueden durar varias horas o días. En 
sus propios términos dicen que, “Cuando esto 
pasa así nosotros hacemos reuniones una vez, dos 
veces, tres veces y ya resolvemos ese problema. 
Por lo regular las reuniones las hacemos a las 9 o 
10 de la noche porque toda la gente se va a tra¬ 
bajar y regresa a la noche. Nomás cuando viene 
personal del INI (Instituto Nacional Indigenista) 
es cuando lo hacemos de día”. 

El tipo de conflictos que suelen presentarse con 
mayor recurrencia son las peleas de pareja, las 
riñas y la alteración del orden público, sobre 
todo por excesos de sonido y estado de ebriedad. 
De acuerdo con la opinión de los entrevistados 
(todos ellos con experiencia en cargos tradicio¬ 
nales), los conflictos no se afrontan el mismo día 
de los acontecimientos ya que los participantes 
pueden estar muy alterados o no se encuentran 
los representantes de la mesa directiva. 

Así, en las peleas matrimoniales, la pareja es se¬ 
parada y posteriormente se cita a los padres a 


comparecer para que traten de arreglar las di¬ 
ferencias. En cuanto a las riñas, muchas de las 
cuales suceden bajo los efectos del alcohol, por 
lo general se procede hasta que los implicados 
pueden responder a los interrogatorios. Es una 
regla que con los ebrios, “Ya no podemos hablar 
con ellos porque está tomados, lo dejamos para 
que cuando ya esté la junta entonces le avisamos 
para que entienda”. 

En el caso de los involucrados en un conflicto 
no puedan llegar a un arreglo o que una de las 
partes no quiere poner de su parte para alcan¬ 
zar una solución, se le hace permanecer en un 
cuarto mientras se llega a una solución. Tal fue 
el caso de Juan Francisco Merino García que 
se había negado a participar en una primera 
reunión y que en una segunda no aceptaba a 
reparar todo el daño que había causado. En 
tales circunstancias la gente se preguntó: ¿Qué 
hacemos con esa persona que no entiende. En¬ 
tonces los demás dijeron, mejor lo encerramos 
hasta que se le pasara la borrachera y al otro día 
platicamos con él”. 

Pero mientras se esperaba la hora para la si¬ 
guiente reunión en la noche, los hechos fueron 
denunciados y se interrumpió el procedimiento 
acordado por los miembros del predio La Can¬ 
delaria y conducido por la mesa directiva en 
cumplimiento de sus responsabilidades morales 
ante la comunidad. 

De acuerdo con uno de los entrevistados, los 
triquis, “Ya estaban de acuerdo en tomar un 
acuerdo de todos y mandar un papel a Cópala 
para que decidieran que hacer (con el proble¬ 
ma de Juan). Allá si los castigan”, refiriéndose 
a que desde la cabecera del pueblo triqui se han 
tomado decisiones de cancelar los derechos para 
poder permanecer en los predios del D.F., como 
le sucedió al mismo Juan Merino en el predio de 
Argentina 38 o a Camilo de Jesús en López 23, 
Colonia Centro. 


Año 2012 • 85 



Yuri Escalante Betancourt 


Conclusiones 

Primera: los habitantes del predio La Candela¬ 
ria pertenecen al pueblo indígena triqui ya que 
mantienen instituciones socioculturales que se 
han adaptado a las distintas circunstancias que 
les impone la Nación pero manteniéndose dife¬ 
rentes a la misma como son la lengua propia, la 
participación en rituales, trabajo colectivo y en 
especial la vigencia de un sistema normativo que 
resuelve conflictos. 

Segunda: el sistema normativo se pudo constatar 
dada la existencia de un cuerpo de autoridades 
presentes a través de la mesa directiva que funge 
simultáneamente como canalizador de recursos 
externos y regulador de la vida interna del pre¬ 
dio. Asimismo la mesa directiva está sujeta a un 
conjunto de normas que permitan restablecer la 
armonía en caso de disputas, riñas y conflictos, 
tales como la toma de decisiones en asamblea, 
el derecho de audiencia de los implicados y el 
seguimiento de un asunto con el fin de lograr el 
acuerdo entre las partes antes que el castigo o la 
represión del delito. 

Tercero: en el caso específico de la detención 
del señor Juan Merino, se estaba siguiendo el 
procedimiento establecido conforme a los usos y 
costumbres del pueblo triqui, procedimiento que 
fue interrumpido por la incursión de la seguridad 
pública. Cabe señalar que el procedimiento (y 
no un castigo o pena) contemplaba una segun¬ 


da reunión en la cual, de resultar infructuosa, se 
dejaría a criterio de las autoridades de San Juan 
Cópala para su definitiva resolución. 

Cuarto: que el elemento a considerar para to¬ 
mar en cuenta la diferencia cultural consiste en 
reconocer que las juntas y asambleas del predio 
son programadas en horario nocturno, dadas las 
actividades laborales de sus integrantes, con lo 
cual el asunto que nos llama a dictaminar debe 
entenderse como un receso en la actuación de la 
mesa directiva. 

Quinto: que los representantes del predio La 
Candelaria actuaron como personas morales 
cumpliendo con las resoluciones tomadas por la 
asamblea y no a título individual ni persiguiendo 
fin personal alguno. 

Atentamente 

Yuri Alex Escalante Betancourt 
Licenciado en Etnohistoria 
Cédula profesional SEP/2546150 

Bibliografía 

BARTH, Fredrik, (1976 ), Los grupos étnicos y 
sus fronteras, México, FCE. 

DURAND, Carlos y Vicente Campos, (2000), 
Manual de usos y costumbres de la etnia triqui, 
México, INI. 


86 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



PERITAJE 


Asunto: Defensa del pueblo 1 emacapulín, Jalisco 
en contra de la construcción Presa El Zapotillo, en 

el estado de Jalisco 


Presentado en el Juicio de Amparo del Pueblo Temacapulín 

Anahí Copitzy Gómez Fuentes 

anahi.copitzy@hotmail.com 

(CIESAS-Occidente) 


La que suscribe Anahí Copitzy Gómez Fuentes, 
con título profesional de Maestría en Antropolo¬ 
gía Social, emitido por el Centro de Investigacio¬ 
nes y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS) y Doctora en Ciencias Sociales, con es¬ 
pecialidad en Antropología Social por el CIESAS, 
siendo designada perita en materia antropológica 
para el desalojo de la prueba pericial correspon¬ 
diente al Juicio de Amparo en caso de la defensa 
del pueblo de Temacapulín en Jalisco en contra 
de la presa El Zapotilllo. 

El dictamen que a continuación se presenta, res¬ 
ponde al cuestionario que me fue entregado con 
base en la Convocatoria Pública Internacional 
número 005 para la Licitación Pública Internacio¬ 
nal número 16101037-063-08 de contratación de 
obra pública, consistente en el diseño y construc¬ 
ción de la presa de almacenamiento “Zapotillo” 
sobre el río Verde, en los municipios de Cañadas 
de Obregón y Yahualica de González Gallo, Jalis¬ 
co, para abastecimiento de agua potable a Los Al¬ 


tos de Jalisco y a la ciudad de León, Guanajuato, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
20 de noviembre de 2008, los planos, esquemas y 
estudios para el diseño y construcción de la presa 
de almacenamiento “Zapotillo”, la escritura pú¬ 
blica 16,176, ante la fe del Notario Público núme¬ 
ro 4, con domicilio en San Francisco del Rincón, 
Guanajuato, Lie. Miguel Angel Contreras Zarago¬ 
za, las documentales, los informes justificados que 
presenten las autoridades responsables, las cons¬ 
tancias que obren en autos y las pruebas superve¬ 
nientes, contesten las siguientes cuestiones: 

Mediante la cual se acredita la ausencia de un pro¬ 
yecto social de reubicación de los habitantes y los 
efectos adversos en las localidades desplazadas. 

Metodología Utilizada 

El método antropológico utilizado para la reali¬ 
zación del presente dictamen fue la etnografía, la 
cual constó de recorridos de campo, la realiza- 


Año 2012 • 87 



Anahí Copitzy Gómez Fuentes 


ción de entrevistas y la elaboración de un diario. 
También se realizó una revisión de documentos 
y libros, así como de páginas electrónicas que 
permitieron complementar el peritaje desde otra 
perspectiva. 

1. Que diga el perito, cuáles son los efectos 
que en las relaciones sociales tienen los 
grandes proyectos de infraestructura y el 
desplazamiento de poblaciones. 

La construcción de grandes presas no sólo provo¬ 
ca una importante alteración de los ríos y los eco¬ 
sistemas, sino que la construcción de una gran 
obra de este tipo, genera un importante impacto 
territorial y sociocultural en las poblaciones y re¬ 
giones que resultan afectadas directa o indirecta¬ 
mente. Los conflictos sociales originados por el 
proyecto de construcción de una presa, están di¬ 
rectamente asociados con la injusticia territorial 
y ambiental, la nrarginación social, la inequidad, 
el ejercicio inadecuado del poder y el énfasis co¬ 
locado en los intereses económicos y políticos de 
los diferentes grupos implicados. En otras pala¬ 
bras, los conflictos relacionados a la construcción 
de presas son el resultado de una profunda falta de 
democracia, en el sentido de que el gobierno es 
incapaz de atender los derechos y los intereses de 
las minorías. 

Los impactos sociales, culturales y de salud pú¬ 
blica, originados por los desplazamientos que 
provoca una gran presa, generalmente son poco 
evaluados en todo el proceso de planeación y 
construcción. Muchas veces se utiliza en exceso 
el argumento del “bien común” y se obvian las 
afectaciones de las minorías, en el sentido de 
que unos cuantos se verán afectados por el bien 
de la mayoría. En términos generales, las afecta¬ 
ciones sociales y culturales por desplazamientos 
no se contemplan en el presupuesto económico 
general de una presa y muchas veces no son 
parte integral de los programas de reparación 
de daños. 


El factor humano no es tomado en cuenta, las 
personas que resultarían afectadas no son con¬ 
sultadas, y casi nunca se les pregunta si están de 
acuerdo o no. Incluso, aunque hubiera procesos 
de consulta, la decisión final es tomada desde 
las altas cúpulas del gobierno y desde el poderío 
económico de las empresas constructoras. Los 
sentimientos colectivos y personales de los afec¬ 
tados quedan fuera de la discusión, primando los 
argumentos tecnológicos, económicos y políticos. 
Los argumentos sociales, culturales, históricos y 
subjetivos no pueden competir ante los argumen¬ 
tos que supuestamente son de corte más racional. 
Bajo este tipo de argumentos y situaciones, infini¬ 
dad de pueblos han quedado inundados debajo 
de un embalse, muchas personas han sido desalo¬ 
jadas de sus casas y han tenido que ver sepultados 
sus bienes materiales, pero también sus raíces, su 
historia y sus recuerdos. 

Por otra parte, casi siempre se trata de pueblos 
con escasa tradición de lucha social que, al me¬ 
nos en principio, no están preparados para en¬ 
frentar una oposición social, política y legal a este 
tipo de proyectos. Además, generalmente son co¬ 
munidades o pueblos pobres y con escaso poder 
social y político. Los pueblos afectados suelen ser 
pequeños núcleos de población, tradicionalmen¬ 
te aislados o mal comunicados. De igual manera, 
en muchas ocasiones las comunidades afectadas 
son indígenas o campesinos pobres. Poblaciones, 
en suma, marginadas y marginables. En respues¬ 
ta a la oposición de los afectados, los gobiernos 
suelen jugar con estrategias de división de las 
comunidades. Para ello se corrompen líderes, 
se hacen ofertas atractivas a unos, combinadas 
con amenazas y se promueve la confrontación de 
pueblos vecinos. 

Un problema más, es que se usa la información 
como una fuente de poder y de desconfianza entre 
los afectados. No hay información clara sobre los 
proyectos a través de la cual los afectados puedan 
conocer cuáles serían realmente las afectaciones. 


88 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Asunto: Defensa del pueblo Temacapulín, Jalisco 


Se juega con la información, se oculta o se difu- 
mina; buena parte de la información relevante es 
de difícil acceso. Incluso, en muchas ocasiones, 
los propios gestores de los proyectos trabajan con 
proyectos inmaduros y sobre supuestos basados 
en información insuficiente o poco fiable. A me¬ 
nudo falta información de campo relevante sobre 
el terreno y los presupuestos suelen estar elabo¬ 
rados a la baja, con lo que luego, en la práctica 
se producen sistemáticamente descomunales des¬ 
viaciones presupuestarias. Si en algún momento 
se realizan estudios previos, éstos son hechos sin 
permiso de las comunidades y de los pueblos, 
casi siempre dentro de un contexto en donde se 
oculta o se enmascara el carácter y objetivo de las 
investigaciones. Aunado a esta situación, muchas 
veces las empresas constructoras inician las obras 
sin los permisos oficinales de parte de las instan¬ 
cias competentes. Se violan las leyes, por ejemplo 
con los permisos de cambio de uso de suelo y con 
la ausencia de las declaraciones o manifiestos de 
impacto ambiental. 

2. Que diga el perito, en términos 
antropológicos cuál es la relación que los 
habitantes de Temacapulín tienen con su 
territorio y con sus antepasados y en qué 
grado se vería afectada esa relación en caso 
de seguir adelante con la construcción de la 
Presa Zapotillo. 

La relación que tienen los habitantes de Tema- 
capulín con sus antepasados, puede verse direc¬ 
tamente relacionada con el cuidado y preserva¬ 
ción de los cementerios del pueblo. Temacapulín 
cuenta con cuatro panteones. Uno de los más 
antiguos, tiene tumbas de principios del siglo 
XX, es el que se ubica en el Cerro de La Gloria, 
desde donde se puede apreciar el pueblo. Ante¬ 
riormente, la Basílica de Nuestra Señora de los 
Remedios, albergaba en su atrio uno de los ce¬ 
menterios, sin embargo actualmente ya no se usa 
como tal, pero se sigue recordando. El siguiente 
panteón esta ubicado en la entrada del pueblo, 


en este se pueden observar un gran número de 
fosas de diferentes diseños y arquitecturas. El 
cuarto cementerio se ubica en la parte norte del 
pueblo sobre uno de los cerros. Últimamente este 
panteón fue ampliado y organizado en su nueva 
sección. 

El culto a los difuntos está muy arraigado entre 
los pobladores de Temacapulín. La gente coti¬ 
dianamente visita las tumbas, lleva flores y reza 
oraciones para el descanso de sus difuntos. Para 
muchos “hijos ausentes”, su deseo y esperanza es 
que cuando mueran puedan ser enterrados en su 
pueblo, junto a su gente y en su pueblo. Por esta 
razón la gente de Temacapulín ha puesto tanto 
empeño en cuidar y mantener en buen estado 
sus cementerios. Los “hijos ausentes” han dona¬ 
do recursos para que sus familias puedan contar 
con un pedazo de tierra donde descansar al final 
de sus días. 

Actualmente la relación de los habitantes de 
Temacapulín con su territorio y con sus antepa¬ 
sados, está centrada en el rescate de tradiciones 
y costumbres que paulatinamente se han ido 
perdiendo por el paso natural del tiempo. Una 
forma en la que han ligado su lucha de oposi¬ 
ción a la presa y al culto a sus antepasados y al 
rescate de su memoria histórica, es la creación 
del Museo Comunitario de Temaca. Este museo 
se hizo en agosto de este año con la colaboración 
de la gente del pueblo, quienes donaron diferen¬ 
tes artículos que fueron de uso cotidiano en otros 
tiempos. Se rescataron instrumentos de cocina, 
de labranza, musicales y artículos de decoración. 
El Museo Comunitario de Temaca ha tenido la 
función de relacionar la vida actual, con la vida 
de los antepasados del pueblo, es decir, otras ge¬ 
neraciones que vivieron en Temacapulín. 

Generalmente, cuando se construyen presas los 
daños más sentidos por los afectados son las pér¬ 
didas de sus panteones y por consiguiente de los 
restos de sus muertos. En realidad lo que más 


Año 2012 • 89 



Anahí Copitzy Gómez Fuentes 


duele es saber que sus difuntos quedarán perdi¬ 
dos bajo las aguas de un embalse, en donde di¬ 
fícilmente ellos podrán ir a visitarlos y rezar una 
oración. La sensación de pérdida tiene que ver 
con la desaparición de los lugares simbólicos de 
referencia que denotan signos de arraigo e iden¬ 
tidad. 

En algunos casos de construcción de presas, la 
gente ha sufrido mucho por la pérdida de sus 
muertos, incluso se sabe que han rescatado de 
las aguas los féretros. En otras ocasiones una de las 
condiciones más apremiantes de los afectados, ha 
sido la exhumación y reubicación de los muertos. 
La desaparición de los cementerios es uno de los 
elementos más significativos que denota la pér¬ 
dida de las raíces, de la historia y de la memoria 
conjunta de un pueblo. 

3. Si en el proyecto de construcción de la 
presa se contemplan medidas de restitución 
o reparación del daño causado a los 
afectados por la construcción de la Presa 
Zapotillo sobre el río Verde y que traerá 
como consecuencia la inundación del 
pueblo de Temacapulín. 

El proyecto de construcción de la presa Zapotillo, 
de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua 
y la Comisión Estatal de Agua de Jalisco, tiene 
un proyecto de reubicación para los pueblos que 
serían afectados. Dicho proyecto es el llamado 
“nuevo centro de población de Temacapulín”, 
el cual incluiría la construcción de una escuela, 
una iglesia, una delegación municipal y una pla¬ 
za central. El nuevo pueblo contaría también con 
servicios generales como pavimentación, alcanta¬ 
rillado, agua potable, luz, vías de comunicación y 
transporte público. 

A pesar de que el nuevo centro de población se 
está construyendo, los pobladores de Temacapu¬ 
lín no han estado de acuerdo en su construcción, 
incluso muchos han mencionado su inconfor¬ 


midad para irse a vivir ahí. Además de que en 
varias ocasiones han manifestado su resistencia 
a la expropiación y posterior reubicación. Den¬ 
tro de las acciones precisas que han realizado los 
pobladores de Temacapulín respecto al tema de 
la reubicación, es la realización de un plantón en 
Talicoyunque, municipio de Cañadas de Obre¬ 
gón, lugar donde se está construyendo “el nuevo 
Temaca”, para parar las obras de construcción. 
También han acudido al Tribunal de lo Admi¬ 
nistrativo del Estado de Jalisco, para pedir se 
que cumpla la suspensión decretada por la pre¬ 
sidenta de la Quinta Sala Unitaria, Magistrada 
Patricia Campos González, concedida desde el 
15 de diciembre de 2009 en el juicio de nulidad 
administrativa promovido por habitantes de Te¬ 
macapulín. 

Sin embargo, a pesar de que dentro del proyec¬ 
to de la presa Zapotillo se tiene como uno de 
los objetivos primordiales la construcción de un 
centro de población, no se tiene un proyecto in¬ 
tegral de restitución de daños, el cual incluya las 
afectaciones psicológicas, sociales, culturales, his¬ 
tóricas, económicas, ambientales, ecológicas y de 
conservación del patrimonio histórico, colectivo 
y personal de cada uno de los afectados y del pue¬ 
blo de Temacapulín en general. Todos los daños 
serían causados por la eventual construcción de 
la presa y llenado del embalse, lo cual implica¬ 
ría la inundación de importantes extensiones de 
terreno y la desaparición de Temacapulín. Las 
medidas de restitución del daño, deberían estar 
orientadas no sólo a la construcción de un centro 
de población, en donde se pretende reubicar a 
gran parte de las personas desplazadas, sino tam¬ 
bién a la elaboración de un plan integral de resti¬ 
tución de daños a los afectados, el cual tomará en 
cuenta no sólo la reparación de daños materiales, 
sino también todos los daños ocasionados antes y 
después de la construcción de la presa. 

Los impactos de las presas siempre se minimizan, 
cuando no se ocultan, o simplemente no se tienen 


90 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Asunto: Defensa del pueblo Temacapulín, Jalisco 



en cuenta a la hora de presentar los proyectos. 
De los impactos personales, sociales y culturales 
no se habla, eludiendo abordar de manera clara 
los planes de restitución de los correspondientes 
daños. Por el contrario, se enfatiza el desarrollo 
que significaría para la región la construcción de 
la obra, específicamente el argumento de reacti¬ 
vación de la economía con la creación de puestos 
de trabajo, los cuales en la mayoría de los casos 


son temporales y para personas ajenas a los pue¬ 
blos afectados. 


La construcción de la presa Zapotillo además 
del área de inundación y de los pueblos que 
resultarían directamente afectados, tendría un 
impacto indirecto en zonas cercanas al embalse. 
En términos generales, el número de personas 
afectadas siempre es relativo. Se suele cuantifi- 
car únicamente a todos 
aquellos que serían des¬ 
alojados y cuyas tierras 
serían inundadas. Sin 
embargo, al construir 
la presa Zapotillo y al 
inundar una gran parte 
de la cañada, los im¬ 
pactos alcanzarían a las 
poblaciones que tienen 
una relación directa e 
indirecta con Temaca¬ 
pulín, Acasico y Palma- 
rejo. Se produciría una 
desarticulación del terri¬ 
torio y una alteración en 
su dinámica regional. El 
número de afectados se¬ 
ría incuantificable y por 
lo tanto, incalculable en 
su impacto. 


A. Zirión. Calcuta, India, 2004 


El área de embalsado de 
la presa Zapotillo ocu¬ 
paría el fondo del valle, 
es decir, la cañada en la 
cual se encuentra el río 
Verde, donde están ubi¬ 
cadas gran parte de las 
tierras de alta producti¬ 
vidad. Su desaparición 
provocaría un impacto 
significativo en el entor¬ 
no próximo. La inunda¬ 
ción de tierras de cultivo 


Año 2012 • 91 










Anahí Copitzy Gómez Fuentes 


productivas, impactaría a la agricultura y a la 
producción ganadera de los pueblos afectados e 
incluso de la región. La limitación de ambas ta¬ 
reas provocaría un impacto en la economía local 
y en las actividades laborales tradicionales de los 
pobladores de Temacapulín. 

De acuerdo con la experiencia mundial, el prin¬ 
cipal y mayor impacto por la construcción de 
una presa, es el desplazamiento de población por 
la inundación de territorio. El desplazamiento de 
población tiene una serie de implicaciones que 
van desde lo emocional, hasta lo económico. 
Cuando la gente ha sido desplazada, las con¬ 
diciones a las que se enfrenta casi siempre son 
adversas. Para los habitantes de Temacapulín 
no sería sencillo comenzar en un lugar nuevo, 
con recursos económicos y organizativos limita¬ 
dos, en una situación distinta a la que viven en 
su pueblo. Los desplazados que resultarían por 
la construcción de la presa Zapotillo estarían ex¬ 
puestos a la carencia de tierras, al desempleo, a 
la marginación, a la pobreza, a la inseguridad 
alimentaria, a enfermedades relacionadas con 
la adaptación a un nuevo medio ambiente y ex¬ 
puestos a las condiciones hostiles a las que llega¬ 
rían a vivir, así como a padecimientos que tienen 
que ver con el estrés que genera el desarraigo y 
la desarticulación social. 

En el caso de la reubicación de los pobladores 
de Temacapulín, la población que resultaría más 
afectada, serían los ancianos y los adultos con res¬ 
ponsabilidades familiares. Las personas mayores, 
al contar con un gran arraigo al pueblo, sufrirían 
al dejar sus raíces, su historia y su forma de orga¬ 
nización social. El cambio sería muy duro para 
ellos y difícilmente se adaptarían a las nuevas cir¬ 
cunstancias. Tras una situación de tanto estrés, 
como la reubicación y desarraigo, los ancianos 
emocionalmente sufren tanto, que son vulnera¬ 
bles a enfermedades cardiacas y a la depresión. 
Por otro lado, las personas que tienen responsa¬ 
bilidades de una familia, se verían expuestos al 


estrés que genera no tener una seguridad de ha¬ 
bitación, de empleo y de alimentación, así como 
escasez o ausencia de tierras para el cultivo de 
autoconsumo, con las cuales eventualmente pu¬ 
dieran dar sustento a su familia. 

El desalojo obligatorio en el caso de Temacapu¬ 
lín, estaría desencadenando una espiral de empo¬ 
brecimiento que amplificaría e intensificaría los 
daños iniciales. El proceso de empobrecimiento 
que provocaría el desalojo obligado de los habi¬ 
tantes de Temacapulín tendría siete consecuen¬ 
cias principales: carencia de tierras, pérdida del 
hogar, desempleo, marginación, inseguridad ali¬ 
mentaria, morbilidad y mortalidad de personas 
mayores y desarticulación social. 

Tras el desalojo forzado de los pobladores de 
Temacapulín, el pueblo como tal se desorgani¬ 
zaría, a la vez que los grupos de parentesco y 
los sistemas familiares se dispersarían. Quedarían 
fuera de operación las redes sociales informales 
que actualmente proporcionan ayuda mutua 
dentro de las labores cotidianas que se desarro¬ 
llan en el pueblo. Los nexos comerciales entre los 
productores y su base de consumo sufrirían una 
interrupción y se desorganizarían los mercados 
locales y regionales de mano de obra. Las asocia¬ 
ciones formales e informales, así como los servicios 
autoorganizados que actualmente operan en el 
pueblo, desaparecerían debido a la repentina mi¬ 
gración de los pobladores, que a menudo segui¬ 
rían direcciones diferentes, es decir, por distintas 
circunstancias, no todos los desplazados se irían a 
vivir al nuevo centro de población. De igual ma¬ 
nera, la organización actual, la cual se desarrolla 
a través de sistemas tradicionales de autoridad, 
ya sea religiosa, civil o comunitaria, pederían su 
estructura y sus líderes. 

Una posible expropiación y desalojo de los po¬ 
bladores de Temacapulín, tendría como rasgo 
común el abandono del patrimonio personal 
y colectivo, del pueblo, de las raíces y de la vida 


92 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Asunto: Defensa del pueblo Temacapulín, Jalisco 


comunitaria en general. Actualmente, en Tema- 
capulín existe la amenaza de la inundación del 
pueblo, lo cual en muchas ocasiones ha generado 
entre los pobladores sentimientos de desolación y 
de impotencia. No es lo mismo abandonar la casa 
y el pueblo por razones personales, que hacerlo de 
manera forzosa, obligados por la amenaza de la 
inundación. Para los habitantes de Temacapulín, 
la desaparición de su pueblo y de su patrimonio 
por la construcción de la presa, es equivalente a 
la muerte de una persona. Los pobladores saben 
que de construirse la presa, jamás se volverá a ver 
el pueblo y mucho menos se volverá a habitar la 
casa que por muchos años ha sido patrimonio de 
distintas generaciones. 

4. Que diga el perito, cuál es la relación 
simbólica y religiosa de los habitantes de 
Temacapulín con su territorio y lugares 
sagrados. 

Se dice que Temacapulín tiene su origen en el 
siglo VI, con el asentamiento en el territorio de 
indígenas Tecuexes, quienes formaban parte 
de la familia de los grupos llamados Chichime- 
cas. Los Tecuexes se caracterizaban por vivir cer¬ 
ca de los ríos, cultivando maíz, calabaza y frijol 
y desarrollando la pesca y la caza como formas 
de sobrevivencia. Además también trabajaban la 
cantera y la carpintería. Actualmente los habi¬ 
tantes de Temacapulín se sostienen básicamente 
de la ganadería y de la agricultura. Hasta hace 
algunos años, cuando el río no estaba contami¬ 
nado, había gente que acostumbraba pescar y 
vender dentro del pueblo. 

El origen indígena y el posterior mestizaje espa¬ 
ñol, hace de Temacapulín un pueblo que reivin¬ 
dica la relación simbólica entre el culto por la 
naturaleza y la religión Judeo-Cristiana. Los te- 
macapulinenses dentro de los sitios de interés de 
su pueblo destacan la Basílica de Nuestra Señora 
de los Remedios, el Señor de la Peñita, el pan¬ 
teón viejo, la plaza central, las fincas antiguas, las 


aguas termales, el río Verde, las cascadas que se 
forman en época de lluvia y los cerros conforma¬ 
dos por peñascos que rodean el pueblo. 

El río Verde pasa aproximadamente a un kiló¬ 
metro. Tiene una forma que hace que durante 
su trayecto rodee al pueblo por el este, el norte y 
el oeste. Cerca del río se puede apreciar un am¬ 
biente boscoso conformado por cedros, fresnos y 
pastizales. El río forma parte de la vida de los te- 
macapulinenses. Durante el verano, junto al río, 
se organizan convivencias y actividades lúdico- 
recreativas en las que participan todo el pueblo. 

El Señor de la Peñita, es una figura pintada por la 
naturaleza en las peñas que circundan una parte 
del pueblo. El Cristo de la Peñita inspiró poemas 
a Alfredo R. Placencia, sacerdote y escritor que 
vivió en Temacapulín entre 1908 y 1912. Se dice 
que el Cristo apareció en la peña a mediados del 
siglo XIX, fecha desde la cual se le ha rendido 
culto y gran veneración. 

La Basílica de Nuestra Señora de los Remedios, 
patrona del pueblo, es un monumento histórico 
de cantera rosa, estilo colonial, de gran valor ar¬ 
quitectónico. Para los habitantes de Temacapu¬ 
lín, la Basílica significa el lugar de culto más im¬ 
portante de su pueblo. Es un templo que data del 
siglo XVIII. Se dice que su construcción comenzó 
en 1735 y concluyó en 1759. En 1959 la parro¬ 
quia fue elevada a Basílica lateranense, cuando 
el templo cumplió 200 años de vida. 50 años des¬ 
pués, el 29 de diciembre de 2009, se cumplieron 
los 250 años de su construcción. 

Las fiestas patronales a Nuestra Señora de los 
Remedios tienen lugar en Temacapulín duran¬ 
te los primeros días de enero de cada año. A su 
novenario acuden los “hijos ausentes”, la gente 
del pueblo y los diferentes visitantes que rinden 
culto a la Virgen de los Remedios. Durante las 
fiestas se hacen misas, rosarios, peregrinaciones y 
convivencias alrededor de la Virgen. Dentro de 


Año 2012 • 93 



Anahí Copitzy Gómez Fuentes 


la parte lúdica, cada noche se organizan bailes, 
toca la Banda La Peñita y se quema castillo. 

La Virgen de los Remedios ha significado para 
los temacapulinenses un elemento simbólico de 
carácter religioso, sin embargo, desde que la gen¬ 
te de Temacapulín decidió oponerse al proyecto 
de construcción de la presa Zapotillo, la Virgen 
ha servido como motor de organización del pue¬ 
blo. Generalmente la Virgen acompaña las ma¬ 
nifestaciones y acciones de oposición a la presa. 
Tanto el Señor de la Peñita, como la Virgen de 
los Remedios, dan confianza y esperanza a los 
temacapulinenses de que la presa no se hará y 
que ellos podrán vivir en paz. Ambas referencias 
simbólicas han servido para dar fuerza moral y 
espiritual a la gente de Temacapulín. La gente se 
ha refugiado en la religión para poder soportar la 
amenaza de la presa y las situaciones que han te¬ 
nido que solventar. De igual manera, a través de 
eventos y actividades alrededor del culto religioso 
se han rescatado y reelaborado las tradiciones en 
Temacapulín. 

El 23 de mayo de 2008, el gobernador de Jalisco, 
ofreció a la gente de Temacapulín mover piedra 
por piedra la Basílica, con lo cual los temacapu¬ 
linenses se sintieron ofendidos en sus creencias 
y agredidos en su inteligencia. La propuesta de 
trasladar pieza por pieza el templo, desde un 
punto de vista técnico, es absurda. 

De construirse la presa e inundar el pueblo, des¬ 
aparecerían los centros ceremoniales y de culto de 
la gente de Temacapulín, tales como la Basílica y 
el Señor de la Peñita. Se viviría una situación de 
destrucción y despojo del patrimonio espiritual y 
cultural. Solo se podrían rescatar algunas piezas 
del altar de la Basílica que, con el paso del tiempo, 
perderían su valor sentimental y su valor histórico 
al ser sacados de su contexto original. 

Al construirse la presa, se provocaría la destruc¬ 
ción y el abandono de los puntos de referencia 


simbólicos y religiosos, como es la Basílica, el 
Señor de la Peñita, los cementerios, los cerros 
y los senderos que rodean Temacapulín, lo cual 
quebraría el vínculo físico y psicológico con el 
pasado y provocaría la desestructuración de las 
raíces y la identidad cultural de la población. El 
efecto acumulativo de todos estos procesos cons¬ 
tituiría el desgarramiento del tejido social de Te¬ 
macapulín. 

5. Que diga el perito, las consecuencias 
que en la cohesión social tendría el 
desplazamiento de los habitantes 
de Temacapulín, en relación con la 
construcción de la Presa Zapotillo y 
el rompimiento de la relación con su 
territorio. 

La cohesión social en Temacapulín es identifi¬ 
care a través de la organización colectiva y tra¬ 
dicional dentro del pueblo, el cual constituye el 
punto de origen y de encuentro de gran parte de 
los pobladores de Temacapulín, tanto de las per¬ 
sonas que cotidianamente habitan en él, como 
de los llamados “hijos ausentes”, cuya referencia de 
identidad es “Temaca”. Para ellos Temacapulín 
es una de las referencias más importantes que de¬ 
nota identidad y sentido de pertenencia. El pue¬ 
blo es donde se gesta la vida social y comunal de 
los temacapulinenses, es el punto de referencia 
más importante a través del cual giran emocio¬ 
nes, sentimientos e infinidad de recuerdos que 
son parte de la vida de sus habitantes. 

La identificación de los vecinos de Temacapu¬ 
lín con su pueblo es intensa en lo que se refiere 
al territorio y a los recursos que éste ofrece. La 
vida económica de Temacapulín, con sus faenas 
cotidianas y mutuas, es otro de los componentes 
que denotan la cohesión y organización social 
que existe dentro del pueblo. Desde una dimen¬ 
sión cultural, existen códigos que identifican a los 
habitantes de Temacapulín, tales como las tradi¬ 
ciones, la religiosidad, las costumbres, los juegos 


94 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Asunto: Defensa del pueblo Temacapulín, Jalisco 


y los modos de hablar. Temacapulín, además de 
ser el eje central de gran cantidad de interrelacio¬ 
nes sociales, económicas y culturales, es el centro 
de solidaridades e intercambios recíprocos, que 
hacen de los habitantes del pueblo una colecti¬ 
vidad con una misma identidad y origen común. 
De construirse la presa Zapotillo, las relaciones 
sociales, comunales y familiares existentes en Te¬ 
macapulín dejarían de existir, con lo cual se esta¬ 
rían también perdiendo tradiciones y costumbres 
que, como tal, pueden ser considerados bienes 
inmateriales de la humanidad, además de que 
son parte de los elementos culturales que cons¬ 
tituyen la identidad de la región de los Altos de 
Jalisco. 

En cuanto a la organización y cohesión social 
que se ha gestado a partir de la oposición al pro¬ 
yecto de la presa Zapotillo, se pueden identificar 
dos resultados distintos en los lazos organizativos: 
por un lado está el fortalecimiento como pueblo 
y como afectados directos. Temacapulín se ha 
visto fortalecido en su capacidad organizativa y 
en sus estrategias de respuesta como grupo. Han 
surgido también liderazgos internos con sensibi¬ 
lidad y capacidad de encausar las fuerzas y las 
energías del pueblo como opositor al proyecto. 
Liderazgos que tal vez, si no existiera el proyecto 
de la presa Zapotillo no hubieran surgido con 
tanta determinación y fuerza. 

En Temacapulín se puede reconocer el lideraz¬ 
go de ciertas familias. Mucho tiene que ver la 
trayectoria política de la familia, pero también 
la permanencia dentro del pueblo, es decir, el 
tiempo que pasan los integrantes de la familia 
dentro de la vida cotidiana que se desarrolla den¬ 
tro de “Temaca”. La organización interna y la 
cohesión social de los temacapulinenses se ha vis¬ 
to complementada por todas aquellas personas 
que se identifican de “Temaca”, pero que, por 
circunstancias laborales, familiares, o persona¬ 
les viven fuera del pueblo, y que son llamados 
“hijos ausentes”. Los “hijos ausentes” son par¬ 


te complementaria de la vida del pueblo y de la 
organización social y económica. Generalmente 
son fuente de recursos económicos que comple¬ 
mentan los ingresos de muchas familias y que 
contribuyen en la actividad económica de Tema- 
capulín. Los “hijos ausentes” han fungido como 
vínculo entre Temacapulín y la ciudad. Son el 
lazo que mantiene la relación con otras organiza¬ 
ciones de apoyo y con otros grupos de afectados 
por presas. 

Los habitantes de Temacapulín, como un signo 
de identidad han utilizado argumentos culturales 
para su defensa. La organización social de oposi¬ 
ción a la presa ha servido para que la gente haga 
un recuento de todos aquellos bienes materiales 
e inmateriales que tienen como pueblo. A pesar 
de que cotidianamente se hace uso de los argu¬ 
mentos culturalistas en contra de la presa Zapo¬ 
tillo, este argumento no ha servido como elemen¬ 
to clave de oposición. Este tipo de discurso ha 
sido utilizado para sensibilizar a la sociedad del 
problema que tienen los temacapulinenses, más 
que como un argumento sólido ante el gobier¬ 
no. Las explicaciones de corte cultural, social, 
subjetivo y humano, no han sido válidos como 
razones importantes y contundentes. Para la gen¬ 
te de Temacapulín no ha sido suficiente hacer 
uso de derecho a vivir en su pueblo, sino que ha 
sido necesario resaltar argumentos científicos y 
políticos, antes que los puramente subjetivos. La 
parte social, cultural y subjetiva, ha tenido que 
quedar siempre fuera de las discusiones y de los 
impactos a contabilizar en el proyecto de la presa 
Zapotillo. 

Luera de todos los argumentos técnicos, econó¬ 
micos e incluso históricos, y dentro de un orden 
emocional y subjetivo, si se tuviera que dar una 
razón por la cual la gente de Temacapulín se 
opone a la presa, es porque quiere vivir en su 
pueblo, quiere vivir ahí y quieren que los dejen 
en paz. Estas deberían ser razones válidas para 
explicar ante las distintas instancias por qué 


Año 2012 • 95 



Anahí Copitzy Gómez Fuentes 


la gente de Temacapulín se opone a la presa. 
Esta razón, como una razón de justicia social, de¬ 
bería ser lo suficientemente poderosa para parar 
el proyecto. 

6. Que diga el perito, las afectaciones 
a las relaciones familiares, culturales y 
religiosas que sufrirían los habitantes 
de Temacapulín, entre ellos la quejosa, de 
realizarse un desplazamiento forzado 
causado por la inundación de su pueblo. 

Las afectaciones que se sufren por la amenaza de 
la construcción de una presa pocas veces son con¬ 
tabilizadas como tal, sin embargo, se puede decir 
que generaciones completas padecen los proyec¬ 
tos de construcción de presas. Existe un constante 
desgaste emocional y moral, pero también econó¬ 
mico e incluso social y político. Mucha gente ha 
dedicado su vida a la oposición del proyecto de 
presa Zapotillo. Los habitantes de Temacapulín 
han centrado y entregado su vida en la defensa de 
su territorio, así como en lograr que haya un reco¬ 
nocimiento del daño que potencialmente sufren y 
sufrirían al ser construida la presa. 

La eventual construcción de la presa Zapotillo, 
lleva consigo una serie de impactos sociocultu- 
rales que trastocaría e impactaría de manera sig¬ 
nificativa la vida de la gente de Temacapulín. El 
impacto puede ser en los medios de subsistencia, 
en la salud, en la organización sociocultural, y en 
el aspecto económico. Desde un discurso políti¬ 
co, la Comisión Nacional de Agua y la Comisión 
Estatal de Agua de Jalisco, así como el Gobier¬ 
no Estatal, han hablado de beneficios calculados 
desde un punto de vista monetario, sin tomar 
en cuenta el balance de los impactos sociales y 
el factor humano. Los supuestos beneficios son 
utilizados como discurso populista y demagógico 
del político en turno, en donde los impactos y 
beneficios forman parte de una nebulosa que la 
mayoría de las veces no es suficientemente cla¬ 
ra y donde evidentemente, el factor humano ha 


quedado fuera de discusión. 

La reubicación a causa de la construcción de la 
presa Zapotillo y de la inundación de Temacapu¬ 
lín y de gran parte del río Verde, sería un suceso 
sumamente doloroso para los temacapulinenses. 
Con la desaparición de Temacapulín se rompe¬ 
rían formas de vida y de organización social que 
difícilmente se podrían reconstruir en el lugar de¬ 
signado para la reubicación, pues en su mayoría 
la gente no sería económicamente autosuficiente 
y difícilmente podría contar con recursos para 
enfrentar las nuevas circunstancias. 

Los impactos socio-económicos han comenzado 
a sentirse en Temacapulín mucho antes de que 
se haya empezado la construcción de la presa Za¬ 
potillo. Desde antes del anuncio formal del pro¬ 
yecto, la gente de Temacapulín ha vivido bajo la 
incertidumbre más absoluta y con miedo al ma¬ 
ñana. Se han producido importantes daños emo¬ 
cionales, psicológicos y morales derivados de la 
zozobra que les genera la constante amenaza de 
la construcción de la presa y de la desaparición 
del pueblo. Pero quizás los impactos morales más 
fuertes pueden estar relacionados con las amena¬ 
zas directas a los líderes de la oposición así como 
las acciones externas que generan división en la 
comunidad y en el seno mismo de las familias. El 
mayor impacto moral puede llegar si el Gobierno 
decide utilizar la fuerza pública para los desalo¬ 
jos o incluso para acallar la protesta. En otras 
palabras, la gente de Temacapulín no sólo está 
expuesta a la amenaza constante de la presa, sino 
a diversas presiones sociales y políticas que gene¬ 
ran un continuo desgaste emocional y moral, lo 
cual genera importantes impactos en las familias 
y en la organización social del pueblo. 

7. Que los peritos expresen la razón técnica 
de su dictamen. 

De acuerdo con el infomie final de la Comisión 
Mundial de Represas (CMR) titulado Represas 


96 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Asunto: Defensa del pueblo Temacapulín, Jalisco 


y Desarrollo: Un nuevo marco para la toma de 
decisiones, presentado en Londres, el 16 de no¬ 
viembre de 2000. La CMR hasta ahora ha sido la 
evaluación más importante en el tema de presas 
en el mundo. Su informe final marca un punto de 
inflexión en la historia mundial de la modernidad 
hidráulica presidida por el desarrollo de grandes 
infraestructuras provocado por la oposición social 
a dichos proyectos. De alguna manera las conclu¬ 
siones y las recomendaciones a las que se llegó en 
la CMR, han ayudado a evaluar los impactos eco¬ 
nómicos, sociales y ambientales, así como el estado 
de la cuestión en lo que se refiere a la perspectiva 
de cara al futuro en esta materia. 

A partir del informe de la CMR, se puede llegar a 
varias conclusiones que ayudarán a comprender 
por qué el proyecto de construcción de la presa 
Zapotillo no es viable social, ambiental, política 
y económicamente: 

• Las presas diseñadas para suministrar ser¬ 
vicios de irrigación generalmente no han 
alcanzado sus objetivos físicos, pues no re¬ 
cuperaron los costos y su rentabilidad en 
términos económicos ha sido menor que 
la inicialmente prevista. 

• Las presas construidas para suministrar 
energía eléctrica suelen estar cerca pero 
aún por debajo de los objetivos previstos. 
Sin embargo, hay resultados variables, 
pues algunas represas superan y otras que¬ 
dan por debajo de los objetivos económi¬ 
cos previstos inicialmente. 

• Las presas para abasto de agua a industrias 
y municipios, generalmente no alcanzan 
los objetivos previstos en cuanto a las fe¬ 
chas y volúmenes de suministro de agua y 
exhiben pobres desempeños económicos y 
financieros. 

• Las presas construidas para el control de 
inundaciones han proporcionado impor¬ 
tantes beneficios en cuanto al objetivo 
para el cual fueron construidas, sin em¬ 


bargo, al mismo tiempo han incremen¬ 
tado la vulnerabilidad ante inundaciones 
debido al asentamiento humano en zonas 
que todavía corren riesgos de inundación. 
En algunos casos han empeorado los da¬ 
ños debido a la deficiencia en el manejo 
de represas. 

En el informe de la CMR también se habla sobre 
los impactos sociales, culturales y ecosistémicos 
que han provocado la construcción de represas 
en el mundo. La CMR estima que entre 40 y 80 
millones de personas han sido desplazadas por 
su construcción. Evidentemente, esta cifra revela 
que no se tiene una precisión clara sobre el nú¬ 
mero de afectados directos por grandes presas en 
el mundo, pero además, queda reflejado que no 
hay un estudio serio que revele el número de per¬ 
sonas afectadas directamente, así como aquellos 
pueblos afectados de manera indirecta, es decir, 
los que no aparecen en los reportes oficiales, pero 
que de alguna manera ven trastornado su entor¬ 
no y su vida. 

A los impactos directos e indirectos también se le 
debe agregar lo que significa el endeudamiento 
económico que en la mayoría de los casos implica 
la construcción de una presa, así como los costos, 
el desplazamiento y empobrecimiento de perso¬ 
nas, la destrucción de importantes ecosistemas y 
recursos pesqueros y la inequitativa distribución 
de costes y beneficios. Las poblaciones que viven 
río abajo de las represas, ven sus medios de sub¬ 
sistencia seriamente dañados y en riesgo la pro¬ 
ductividad futura de sus recursos. 

En cuanto al daño en los ecosistemas las presas 
han provocado la pérdida de bosques y de hᬠ
bitats naturales, de poblaciones de especies y la 
degradación de las cuencas río arriba debido a 
la inundación de la zona embalsada. La pérdi¬ 
da de la biodiversidad acuática, de la pesquería 
río arriba y abajo, los servicios de los humedales, 
deltas y estuarios. La CMR evalúo que en general 


Año 2012 • 97 



Anahí Copitzy Gómez Fuentes 


los impactos sobre los ecosistemas son más nega¬ 
tivos que positivos y han provocado en muchos 
casos pérdidas significativas e irreversibles. 

La CMR explica que las represas, a menudo, no 
han cumplido con las expectativas y los benefi¬ 
cios proyectados. Respecto a la producción de 
energía, el 55% de los proyectos hidroeléctricos 
han generado menos de lo programado. El abas¬ 
tecimiento de agua se ha cumplido en un 30%. 
En materia de regadíos tan sólo se ha irrigado el 
50% de la superficie prevista. Las presas para el 
control de inundaciones ciertamente han dado 
beneficios, pero al tiempo, paradójicamente han 
llevado a una mayor vulnerabilidad de las pobla¬ 
ciones aguas abajo. Desde este marco valorati- 
vo, se deriva un cuestionamiento de las estrate¬ 
gias tradicionales basadas en grandes presas, al 
tiempo que resulta evidente su insostenibilidad. 
Dentro de este marco de datos, se hace evidente 
la intransigencia y la falta de sensibilidad social, 
económica y política, de los Estados, que a pesar 
de tales resultados siguen presentando a las pre¬ 
sas como una de las mejores alternativas en la 
gestión del agua y como una de las herramientas 
de desarrollo más importantes y necesarias para 
un país. 

Entre las recomendaciones que hace la CMR, se 
pide que se realice una evaluación exhaustiva de 
otras opciones técnicas alternativas a la construc¬ 
ción de grandes presas; se propone evaluar y dar 
seguimiento a las presas ya existentes, contras¬ 
tando su estado y sus potencialidades. De igual 
manera, la CMR enfatiza que los aspectos sociales 
y ambientales deben recibir tanta atención como 
los factores técnicos y económicos en los proyec¬ 
tos de presas. Junto con esto se recomienda la 
reparación de daños y la mitigación de impactos 
asociados a las represas actuales. 

Por otro lado, la CMR enfatiza la importancia de 
la aceptación social de los proyectos, lo cual im¬ 
plica la consulta y aprobación de las comunidades 


afectadas, sin lo cual, los proyectos no deberían 
ir adelante. Se plantea por tanto la necesidad de 
realizar una consulta efectiva en las comunidades 
afectadas, llegar a acuerdos negociados, con la 
implementación de verdaderos planes de reasen¬ 
tamiento, compensación y desarrollo de las co¬ 
munidades, así como de mitigación de impactos 
asociados directa e indirectamente a la construc¬ 
ción de la presa. 

Como opciones a la construcción de presas, la 
CMR recomienda que los gobiernos desarrollen 
planes de reducción de la demanda de energía y 
agua; mejoren la eficiencia y productividad de las 
presas y sistemas hidráulicos existentes; optimicen 
los sistemas de distribución y la eficiencia en los di¬ 
ferentes usos, así como el saneamiento de retornos 
en las ciudades con la implementación de plan¬ 
tas de tratamiento de aguas residuales; desarrollen 
otras tecnologías limpias y amigables con el medio 
ambiente; impulsen la recolección de agua de llu¬ 
via y la recarga de acuíferos, que al fin y al cabo 
son enormes embalses subterráneos, que a menu¬ 
do representan una alternativa razonable y barata 
a la construcción de grandes presas. 

De acuerdo con esta perspectiva, las minorías, 
las zonas rurales, o los lugares más pobres, no 
son tomados en cuenta al momento de decidir la 
construcción de una presa. En diversas ocasiones 
las decisiones son tomadas a costa de importantes 
desplazamientos de población, con la inundación 
de pueblos y zonas rurales que poco interesan, 
ponderando el supuesto beneficio para las mayo¬ 
rías. La cuestión aquí es hacer un balance entre 
todos aquellos factores que deben ser tomados 
en cuenta, teniendo una política de igualdad, sin 
importar únicamente el supuesto beneficio de las 
mayorías a costa de las minorías, así como el su¬ 
puesto beneficio a las ciudades en detrimento de 
las zonas rurales. 

A nivel internacional ha habido un cuestiona¬ 
miento a la construcción de grandes presas, con 


98 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Asunto: Defensa del pueblo Temacapulín, Jalisco 


una movilización social importante en contra de 
este tipo de proyectos. Además, desde algunos 
gobiernos se ha estado cuestionando la viabili¬ 
dad económica de la construcción de presas. Se 
ha comenzado ha considerar que la construcción 
de presas no es económicamente rentable, sobre 
todo si se hace con dinero público. Sin embargo, 
otros gobiernos continúan haciendo proyectos 
de presas, muchas veces asociados con empre¬ 
sas trasnacionales que siguen viendo el beneficio 
económico de construir presas, a costa de fuertes 
prestamos que los países, sobre todos los subde¬ 
sarrollados, tienen que gestionar ante organismos 
financieros internacionales, lo cual significa un 
endeudamiento importante. 

Los movimientos sociales de oposición a la cons¬ 
trucción de presas están directamente relaciona¬ 
dos con la lucha por defender el territorio del que 
depende la comunidad y la supervivencia mate¬ 
rial, cultural, histórica, pero también espiritual y 
subjetiva. Prácticamente todas las luchas nacen 
de la necesidad de defender la tierra, la forma 
de vida, la cultura, las raíces y la historia. Suelen 
ser pueblos y comunidades que luchan por no 
desaparecer como colectivo y como individuos, 
defendiendo su derecho a existir en su territorio. 
Junto con este tipo de lucha, los movimientos 
sociales de oposición a las presas, cada vez más 
asimilan y reconocen que su lucha también es 
por la defensa y el respeto a la naturaleza y a 
los recursos naturales de ecosistemas de los que 
dependen y de los que forman parte. 

La defensa de los ríos y de su salud ecológica, 
forma parte de lo que los movimientos sociales 
de oposición a las presas reconocen como defen¬ 
sa de la naturaleza, la lucha por los “ríos para la 
vida, no para la muerte”. Los afectados han reco¬ 
nocido que defender un río y proteger la natura¬ 
leza, es defenderse a ellos mismos y a su cultura. 
Desde esta perspectiva la lucha de los opositores 
a las presas va más allá de la defensa del terri¬ 
torio como simple espacio de asentamiento. Se 


comprende que el problema va más allá del te¬ 
rritorio propio, pues las grandes presas impactan 
sobre la funcionalidad y los servicios ambientales 
generados por ríos, lagos y humedales, afectan 
las pesquerías y otros bienes necesarios para la 
vida de los pueblos del entorno directo e incluso 
de otros que viven lejos, aguas abajo, hermana¬ 
dos por un río. 

Frente a una situación que no es justificable social 
y ambientalmente, la gente se está oponiendo a la 
construcción de presas. Desde un punto de vista 
social, las presas ya no se justifican. Actualmente 
existen razones importantes para oponerse como 
son la injusticia, la violación a derechos sociales, 
culturales, económicos, ambientales y en general, 
la violación a derechos humanos. En la época 
actual y de acuerdo con las luchas sociales por 
la defensa de los derechos humanos, la construc¬ 
ción de presas con altos grados de impunidad y 
corrupción, no se pueden dejar pasar por alto. 

Los impactos personales, sociales y culturales, 
casi siempre quedan invisibles en los estudios de 
impacto, que en dado caso, se realizan previa¬ 
mente a la construcción de una presa. Por un 
lado, se ha tomado como un hecho que los estu¬ 
dios de impacto ambiental contemplan una par¬ 
te de impactos sociales e incluso patrimoniales. 
Sin embargo, los estudios de impacto ambiental 
no contemplan, ni la ley prevé que contemplen, 
los factores psicosociales de las afectaciones que 
produce una presa. Por tanto, deberán hacerse 
estudios independientes con un énfasis particu¬ 
lar en lo social, pues dentro de los estudios de 
impacto ambiental puede pesar más la existen¬ 
cia de especies endémicas, que la vida, la salud 
y el buen estado emocional y social de las per¬ 
sonas. De igual manera, es importante resaltar 
que cuando se llevan a cabo estudios de corte 
social, que en ocasiones sirven como argumen¬ 
tos periciales, los resultados tienen poco peso y 
no son factores de decisión para desestimar los 
proyectos. 


Año 2012 • 99 



Anahí Copitzy Gómez Fuentes 


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ATENTAMENTE 

Dra. Anahí Copitzy Gómez Fuentes. 
Perita en Antropología Social 


100 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



PERITAJE 


Asunto: Acusación por Delito Ambiental en la 
modalidad de corte, arranque, tala de árboles 
contra un campesino y un indígena Rarámuri del 

estado de Chihuahua. 

Presentado ante el Juez de Distrito del Estado de Chihuahua, 

Presentado en junio de 2010 

Víctor Hugo Villanueva 

victorvillanueva79@gmail. com 
(Maestría ENAH-Chihuahua-CIESAS) 


LIC. Z 

JUEZ VIII DE DISTRITO EN EL ESTADO 

DE CHIHUAHUA 

PRESENTE.- 

Comparezco ante Ud. con el debido respeto y 
expongo: 

1. Respondo ante el requerimiento expresa¬ 
do por Ud., en fecha once de junio del 
año en curso y en relación a la Causa Pe¬ 
nal 48/2010 que se instruye en contra de 
los C. Y y C.X, por delito ambiental, en 
la modalidad de corte, arranque, tala de 
algún o algunos árboles. 

2. Fundo el presente informe en el Artículo 
2 o , apartado A, fracciones II y VIII de la 
Constitución Política de los Estados Uni¬ 
dos Mexicanos; en el Capítulo II, Artículo 
8 o de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Chihuahua vigen¬ 


te; 54°, párrafo II, del Código Civil del 
Estado; 8 o , 9 o y 10° del Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Tra¬ 
bajo (OIT) Sobre Poblaciones Indígenas 
y Tribales en Países Independientes, sig¬ 
nado por el Senado y el Presidente de la 
República Mexicana que lo hacen valido 
como Ley Suprema de la Nación de con¬ 
formidad al Artículo 133° de la ya citada 
Constitución Política de los Estados Uni¬ 
dos Mexicanos; en la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas; en el artículo 2 o , 
apartado III de la Ley de Fomento para el 
Desarrollo Forestal Sustentable, así como 
de las demás disposiciones legales vigentes 
y aplicables al presente caso. 

3. Para la realización de esta pericial antro¬ 
pológica se revisó el expediente propio de 
la Causa Penal citada. Se acudió a una 
audiencia con los presuntos responsables, 


Año 2012 • 101 



Víctor Hugo Villanueva 



A. Zirión. Calcuta 


en las instalaciones del Juzga¬ 
do VIII de Distrito en el Esta¬ 
do; asimismo, se llevó a cabo 
una entrevista con el C. X en 
las instalaciones del CERESO 
ubicado en el municipio de 
Aquiles Serdán. Y se llevó a 
cabo la inspección en campo 
de la localidad de Rosabíchi, 
en el Mpio. de Bocoyna. 

4. Hago constar que el C. Y, ori¬ 
ginario de la ranchería Rosa¬ 
bíchi, Mpio. de Bocoyna, 
de padre y madre mestizos, 
no pertenece a grupo étnico 
alguno tal como consta en 
la declaración del presunto 
responsable hecha el día 30 de junio del 
presente en las instalaciones del Juzgado 
VIII de Distrito en el Estado. 

Que el C. X, originario de la ranchería 
Aguatos, ejido de La Laguna, en el Mpio. 
de Bocoyna, de padre y madre rarámurí, 
es de origen RARAMURI o Tarahumara, 
tal como consta en la declaración del pre¬ 
sunto responsable hecha el día primero de 
julio del presente en las instalaciones del 
CERESO, ubicado en el Mpio. de Aquiles 
Serdán, Chihuahua siendo esto corrobo¬ 
rado por las autoridades consuetudinarias 
de Rosabíchi y la Laguna. 1 


1 El principal criterio para la definición de la identidad étnica del 
individuo es la autoadscripción del individuo y la adscripción de 
otros individuos, tanto de su grupo étnico como de quienes no lo 
son. Para dicha aseveración me he basado en las propuestas del 
antropólogo Cardoso de Oliveira “[...] el aspecto crítico en la 
definición de grupo étnico pasa a ser aquel que se relaciona di¬ 
rectamente con la identificación étnica, es decir, la característica 
de auto atribución y atribución por los otros” (1992: 21). Aunque 
el antropólogo Miguel A. Bartolomé coincide con Cardoso en 
cuanto al aspecto crítico de la identidad étnica, menciona que 
para el caso de los grupos étnicos en México la identidad étnica 


5. Que para la población habitante de 
Rosabíchi, 2 localidad ubicada en la región 
denominada Alta Sierra Tarahumara, es 
común el empleo de cercas para proteger 
las áreas de cultivo del asecho de animales 
silvestres o de crianza, así como para pro¬ 
teger al ganado mayor y caballar, pertene¬ 
ciente a todos los comuneros, del transito 
del ferrocarril (Chihuahua-Pacífico) ya que 
este atraviesa diariamente por uno de los 
costados de dicha localidad. Generalmen¬ 
te el material con el que son elaborados 


puede aparecer basada en componentes culturales privilegiados, 
“comportándose como signos emblemáticos de la identidad” que 
se comparan, como rasgos distintivos fundamentales de la filia¬ 
ción étnica, con los paralelos de otro guipo étnico: religión, len¬ 
gua, modo de vida, indumentaria, dieta, sistema político, lógica 
económica, etcétera (Bartolomé, 1997:78). 

Asimismo, véase el Párrafo II, del Artículo 54°, del CCE que a 
letra dice: “[■■•] la ley reconoce a las autoridades indígenas tra¬ 
dicionales como fedatarias, para acreditar hechos de filiación y 
residencia de los indígenas [...]”. 

2 Segéin el testimonio de pobladores de la localidad, Rosabíchi 
proviene de la conjunción del nombre personal Rosa y del voca¬ 
blo Bíchi que en lengua rarámurí significa desnudo(a). Esto alude 
a la leyenda que aún se conserva por la comunidad, según la 
cual, hace años, una mujer de nombre Rosa se bañaba desnuda 
en el arroyo que atraviesa la localidad. También véase Peritaje 
Antropológico de Mayra Meza (2007:7). 


102 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Asunto: Acusación por Delito Ambiental en la modalidad de corte... 


los postes de los cercos corresponde a un 
tipo de abietácea denominada awarlí (tás¬ 
cate) o wiyóko (pino seco tipo ayacahuite o 
americano), los cuales ya colocados tienen 
una altura aproximada a los 1.70m y con 
un ancho de 4 pulgadas aproximadamen¬ 
te. La distancia entre los postes puede va¬ 
riar según la disponibilidad del material, 
el tipo y tamaño de animales a los que 
requiere rechazar o encerrar, así como el 
tipo de terreno en el que son instalados, 
pero comúnmente puede observarse que 
va de los 1.50m a los 2m. 

En este sentido Bennett y Zingg describen 
que para los hombres tarahumaras ( sic ), 
aparte de otras labores, ésta es una de las 
actividades principales en el cuidado de 
sus ranchos “[...] Usando un hacha, un 
mazo de encina, mitcónala, y algunas cu¬ 
ñas de encina, hace tablas, vigas y canoas 
para su casa y para el granero, así como 
también corrales y postes para sus cercas 
[...]” (1986:112). 

6. Que para el caso que nos ocupa, y con la 
intención de precisar respecto a si el cortar 
postes de madera para la elaboración de un 
cerco fonna parte del catálogo de conductas 
consideradas como delito dentro de las cul¬ 
turas distintas de los procesados, habrá que 
considerarse lo planteado por los autores 
arriba citados quienes evidencian que: “[...] 
Sin otros medios que pinos y su hacha, el 
tarahumara hace, él mismo, una cerca para 
rodear su rancho. La cerca típica es simple 
pero útil. Generalmente se hace mediante el 
trabajo cooperativo. Se talan pequeños pinos 
y se les quitan las ramas y la corteza [...]” 
(Ibícl: 126), lo que fue corroborado por el C. 
A y la C. B, ambos originarios de Rosabíchi 
e integrantes del grupo étnico Rarámuri. En 
cuanto a la manera en que la cultura de la 
población mestiza de la localidad resuelve la 


elaboración de este tipo de trabajo se obtu¬ 
vo que ellos la sostienen con la retribución 
o pago de un monto económico como es el 
caso, en el que el C. X afirma haber recibido 
del C. Y la cantidad de $60.00 M.N. por día 
de labor al emplearse, entre otras cosas, para 
la colocación de los postes que constituyen el 
cerco que se extendió por aproximadamente 
2has en el paraje Sitanápuchi o Tierra Co¬ 
lorada y el cual es causa de este litigio, y por 
lo que el C. X ya había sido advertido de 
su conducta impropia al emplearse para una 
persona que hace años (sic) había dejado de 
pertenecer a la comunidad de Rosabíchi y 
quien sin derecho alguno insiste en la apro¬ 
piación y uso del paraje en cuestión. 3 
Otro de los elementos a considerar y que 
plantea la pertinencia y contexto cultural 
diversos es que el paraje que fue seleccio¬ 
nado unipersonalmente por el C. Y para 
su labor (agricultura de temporal) es en 
buena medida lugar de Uso Común para 
los posesionados de Rosabíchi, por ello, 
a este espacio le han asignado de mane¬ 
ra consensual tres usos distintos: lugar 
de transito hacia el poblado de Creel o 
Camino Real; 4 de recolección de plantas 
medicinales; 5 y de pastoreo para ganado. 11 

Ele aquí las características profundas de 
la verdadera controversia entre sistemas 


3 Véase Anexo 3: Documentos de Archivo Comunitario. Documento 
de solicitud, con fecha de 02 de abril de 1998, dirigido a la Procu¬ 
raduría Agraria, con residencia en San Juanito, para que actúe en 
contra del C. Y por invasión de propiedad. Comisaría de Policía. 

4 Véase Anexo 2: Relación de plantas medicinales existentes en el 
paraje de Sitanápuchi o Tierra Colorada. 

5 Véase Anexo 3: Documentos de Archivo Comunitario. Acta de 
audiencia de conciliación, con fecha de 23 de marzo de 1998, en 
la que se alude al acuerdo signado el 13 de diciembre de 1995 con 
referencia al uso de “pasteadero de Uso Común” del paraje en 
cuestión. Procuraduría Agraria, Residencia San Juanito. 

6 Véase Anexo 3: Documentos de Archivo Comunitario. Docu¬ 
mento de denuncia, con fecha de 04 de junio de 2003, en el que 
se exige la expulsión del rijoso. Comisaría de Policía. 


Año 2012 • 103 



Víctor Hugo Villanueva 


de valores diversos: mientras que para los 
rarámuri el hecho de contar con el común 
acuerdo entre los posesiónanos, indígenas 
o no, de Rosabíchi condiciona el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales 
existentes en la localidad, el C. Y, fuera de 
toda instancia organizativa consuetudina¬ 
ria o civil propia de la comunidad referi¬ 
da, recurre a emplear a personas -no sólo 
al C. X- provenientes de otras localidades 
con la intención de aprovechar tierras que 
no son de su propiedad ubicadas en una 
localidad en la que, para él, ya ha roto 
toda relación comunitaria. Lo que ha que¬ 
dado plenamente registrado en sendos do¬ 
cumentos anexados a esta pericial, incluso 
en ellos evidenciándose los destrozos pro¬ 
vocados por él, a cercos, siembras y trin¬ 
cheras levantadas por los posesionarios. 

CONCLUSIÓN 

El uso y aprovechamiento del recurso maderable 
para la elaboración de postes para cercos o cercas 
se sustenta culturalmente en el sistema construc¬ 
tivo del pueblo Rarámuri y en las prácticas con¬ 
comitantes que por costumbre se llevan a cabo 
con la intención de proteger las áreas de cultivo 
o los animales de crianza, siempre y cuando sean 
los integrantes de la comunidad de referencia 
quienes hagan dicho uso y aprovechamiento y 
estos cuenten con la aprobación colectiva enun¬ 
ciada por los integrantes de las instancias organi¬ 
zativas consuetudinaria o civil, y con ello, aplicar 
las normas propias de una sociedad diferenciada 


culturalmente del resto de la sociedad nacional 
o mestiza. 

Por lo mismo, en relación al C. Y, la controver¬ 
sia estriba en la negativa que este mostró al no 
sujetarse a los acuerdos colectivos tomados por 
los posesionarios de Rosabíchi y así hacer uso de 
los recursos maderables existentes en el paraje de 
Sitanápuchi o Tierra Colorada. Mientras que, en 
relación al C. X, de origen rarámuri, las autorida¬ 
des consuetudinarias de Rosabíchi han dictamina¬ 
do que por haber sido empleado, por el primero, 
para la colocación de los postes -no para el corte 
de uno o algunos árboles- se vio involucrado de 
manera indirecta en los hechos constitutivos del 
delito y que dichas autoridades recuren a tipos de 
sanción distintos al encarcelamiento. 

Finalmente considero que esta solicitud ha sido 
apropiada y correcta para la circunstancia que 
aqueja, lo cual celebro esperando que se vuelva 
una práctica jurídica constante. 

Por lo anterior expuesto y en espera de que estas 
consideraciones coadyuven a la autoridad a to¬ 
mar las resoluciones pertinentes del caso, 

ATENTAMENTE 

ANTROP. VÍCTOR HUGO VILLANUEVA 
GUTIÉRREZ 

CENTRO I.N.A.H. CHIHUAHUA 


104 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Asunto: Acusación por Delito Ambiental en la modalidad de corte... 


ANEXO 2: Relación de plantas medicinales encontradas en el paraje de Sitanápuchi o Tierra Colorada 


PLANTA 

REMEDIO 

Manzanilla 

Auxiliar en el combate a 
las nauseas 

Gordolobo 

Auxiliar en la fiebre, el 
resfrío común, la gripe 

Verbena 

Antiséptico y auxiliar en la 
cicatrización 

Chukaka 

Auxiliar en los padeci¬ 
mientos del riñón, mal del 
riñón 

Epazote 

Auxiliar en el alivio 
del empacho, dolor de 
estomago 

Chuchupate 

Auxiliar para la evacu¬ 
ación o disminución de 
flemas 

Matariki 

Laxante 

Coronilla 

Auxiliar en los padecimientos 
de la circulación 


Bibliografía 


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Año 2012 • 105 




PERITAJE 


Asunto: Vigencia del sistema de impartición de 
justicia en el ejido Nueva Vida, municipio de 
Calakmul, Campeche, 
sustentado en su Reglamento Interno. 

Presentado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

4 de agosto de 2009 

Ana Hilda Ramírez Contreras 

haxxida@gmail.com 

(Posgrado en Antropología Social, ENAH) 


EXP. DE QUEJA 118/2009-VG 

MTRA. ANA PATRICIA LARA GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ESTATAL 
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
PRESENTE 

Etnohistoriadora Ana Hilda Ramírez Contreras, 
en mi carácter de perito en materia de Antro¬ 
pología, designada por la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para 
atender su solicitud que atañe al expediente de 
queja al rubro citado, iniciado a instancia del 
C. Guillermo Mendoza López en contra del H. 
Ayuntamiento de Calakmul, Campeche, especí¬ 
ficamente del C. Rosendo Reyes Rueda, Agen¬ 
te Municipal del Ejido Nueva Vida, expediente 
que se encuentra en fase de investigación , me 
permito presentar ante usted el Peritaje Antro¬ 
pológico, donde se responden a los siguientes 
puntos periciales: 


1. ¿La población que habita el ejido de Nueva 
Vida pertenece a una etnia indígena? 

2. ¿Cuáles son sus usos y costumbres? 

3. ¿Existe alguna normatividad que regule la 
convivencia de la comunidad? 4. ¿Cuál es? 

5. ¿Dentro de esa normatividad se prevé la posi¬ 
bilidad de aplicar multas por la comisión de faltas 
como las ocurridas en el caso que nos ocupa? 

6. ¿Existe la posibilidad de ordenar la expulsión 
de un integrante de la comunidad indígena que 
ha incurrido en las faltas referidas? 

7. ¿Quién es la instancia facultada por la comu¬ 
nidad indígena para sancionar al transgresor? 

A. Metodología 

La metodología empleada para desarrollar el 
presente estudio parte del enfoque teórico, me¬ 
todológico de la Antropología Jurídica, como 
ámbito interdisciplinario de estudio se basa en 
la entrevista directa realizada a las autorida¬ 
des comunitarias y ejidales de Nueva Vida, en 


106 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Asunto: Vigencia del sistema de impartición de justicia en el ejido Nueva Vida 


el trabajo de campo en el ejido de Nueva Vida, 
municipio de Calakmul, lugar de residencia de los 
involucrados en este asunto, en donde además se 
realizaron entrevistas directas y abiertas a varios 
vecinos, quienes nos ofrecieron información res¬ 
pecto al asunto que nos ocupa, también se realizó 
trabajo de investigación documental y estadística. 

B. Desarrollo 

1.- En respuesta al primer punto le comento que 
antes de hablar del Ejido Nuevo Vida, lugar de 
residencia de los CC. Guillermo Mendoza López 
y Rosendo Reyes Rueda, para entender mejor la 
dinámica de población y la diversidad cultural 
que prevalece en dicho lugar, es necesario con¬ 
siderar como antecedente la constitución formal 
del propio municipio; que fue creado en el año 
de 1996, quedando integrado con un total de 
24,922 habitantes; de los cuales el 52.7% corres¬ 
ponden a hombres y el 47.3% a mujeres. Con la 
creación del nuevo municipio libre y soberano de 
Calakmul se realiza un reordenamiento territorial 
quedando dentro de su jurisdicción el ejido de La 
Nueva Vida, que antes pertenecía al municipio 
de Hopelchen. De acuerdo a los resultados que 
presento el II Conteo de Población y Vivienda 
en el 2005, en el municipio habitan un total de 
6,566 personas que hablan alguna lengua indíge¬ 
na, predominando, los pueblos indígenas: mayas, 
choles, tzeltales, chontales, tzotziles, y otros en 
menor escala. 

En cuanto a la información estadística del Ejido 
La Nueva Vida podemos señalar que tiene una 
población total de 212 individuos de los cuales 74 
son población indígena: 65 hablantes de tzeltal, 5 
chol y 4 mayas. 

Ahora bien una vez hecha esa precisión le co¬ 
mento también que la conciencia de la identidad 
indígena, se determina siguiendo los criterios de 
autoadscripción lo cual significa que una perso¬ 
na se considere así mismo como miembro de un 


grupo y el grupo lo acepte como tal. Este criterio 
tiene su fundamento en el artículo I o del Conve¬ 
nio 169 de la OIT que a la letra dice: 

Artículo 1 

1. - El presente Convenio se aplica: 

a) a los pueblos tribales en países independien¬ 
tes, cuyas condiciones sociales, culturales y 
económicas les distingan de otros sectores de la 
colectividad nacional, y que estén regidos total 
o parcialmente por sus propias costumbres o 
tradiciones o por una legislación especial; 

b) a los pueblos en países independientes, con¬ 
siderados indígenas por el hecho de descen¬ 
der de poblaciones que habitaban en el país 
o en una región geográfica a la que pertenece 
el país en la época de la conquista o la colo¬ 
nización o del establecimiento de las actuales 
fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 
situación jurídica, conservan todas sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas o parte de ellas. 

2. - La conciencia de su identidad indígena o 
tribal deberá considerarse un criterio funda¬ 
mental para determinar los grupos a los que 
se aplican las disposiciones del presente Con¬ 
venio. 

Así como el Artículo 2 o de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
sus párrafos primero y segundo, que a la letra 
dice: 

Art. 2 

“La Nación Mexicana es única e indivisible. 
La Nación tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos indíge¬ 
nas que son aquellos que descienden de pobla¬ 
ciones que habitaban en el territorio actual del 


Año 2012 • 107 



Ana Hilda Ramírez Contreras 


país al iniciarse la colonización y que conservan 
sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas. 

La conciencia de su identidad indígena debe¬ 
rá ser criterio fundamental para determinar a 
quienes se aplican las disposiciones sobre pue¬ 
blos indígenas.” 

Por lo que al preguntárseles a las autoridades eji- 
dales y municipales de La Nueva Vida acerca de 
su pertenencia cultural, manifestaron de manera 
categórica que son indígenas, dando sustento a 
su identidad cultural con la vigencia de sus insti¬ 
tuciones socioculturales, como son: participación 
colectiva en rituales, trabajo colectivo y un siste¬ 
ma normativo por medio del cual se resuelven 
conflictos. Las que se han ido adaptando a las 
circunstancias actuales que les impone la nación, 
situación que además les permite mantener su 
cohesión social y el respeto a la diversidad cul¬ 
tural prevaleciente, precisando que son pertene¬ 
cientes a los pueblos totonacos, mixtéeos, zapote¬ 
cos, choles y purépechas, entre otros. 

Considerando lo anterior, podemos arribar a 
la afirmación de que el C. Guillermo Mendoza 
López, de origen chol y el C. Rosendo Reyes 
Rueda, de origen nrixteco, y los demás miem¬ 
bros de la comunidad son indígenas y pertenecen 



A. Zirión. Niños tayrona 


al Ejido de La Nueva Vida, ya que la Asamblea 
de Ciudadanos así los reconoce y se reconocen 
como tales. 

2. - Respecto a su segunda pregunta le respondo 
que en el ejido de Nueva Vida si hay Usos y Cos¬ 
tumbres o, más propiamente dicho, un Sistema 
Normativo, que sustenta la vida cotidiana de los 
habitantes de La Nueva Vida, en donde la parti¬ 
cipación, colaboración o cooperación en los tra¬ 
bajos comunitarios realizados en beneficio de la 
comunidad, legitiman y validan la pertenencia de 
los individuos dentro de ésta, establecen derechos 
y obligaciones en el marco de los compromisos 
asumidos por los miembros de la comunidad e 
instaura valores de pertenencia e identidad. Sien¬ 
do las Asambleas, tanto ejidal como de ciudada¬ 
nos, la máxima autoridad para los integrantes del 
Ejido Nueva Vida. 

De estos usos y costumbres podemos identificar 
los más representativos y que tienen que ver con 
la vigencia de sus instituciones socioculturales 
tradicionales en la Asamblea General de Ciu¬ 
dadanos es la máxima autoridad, en ella es en 
donde se toman las decisiones colectivamente, 
estructuralmente le sigue en importancia la re¬ 
presentación municipal y la representación agra¬ 
ria, en ambas se ha privilegiado la participación 
de los jóvenes, dentro de los puestos de mayor 
responsabilidad, apoyados por personas de más 
edad quienes comparten su sabiduría con ellos. 

Considerando la diversidad cultural que prevale¬ 
ce entre los habitantes del Ejido La Nuevo Vida, 
se dieron a la tarea de dejar plasmado en su Re¬ 
glamento Interno del Ejido, instrumento que ha 
sido la base para regular el orden y cohesión so¬ 
cial entre los ciudadanos. 

3. - Como le mencionaba en la respuesta anterior, 
un instrumento vigente y de aplicabilidad gene¬ 
ral es el Reglamento Interno del Ejido, en donde 
se estipulan los derechos y obligaciones de los eji- 


108 • Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 


Asunto: Vigencia del sistema de impartición de justicia en el ejido Nueva Vida 


datarios y los ciudadanos, para una convivencia 
pacífica y respetuosa: “El presente reglamento 
Interno, se encarga de regular la vida al interior 
del ejido “la Nueva Vida”, perteneciente al mu¬ 
nicipio de Calakmul, en el estado de Campeche, 
estableciéndose las alternativas para un buen de¬ 
sarrollo del mismo, apegándose al marco legal de 
la Ley Agraria vigente y de los principios básicos 
de libertad y justicia” “Dicho Reglamento fue 
elaborado tomando en cuenta usos y costumbres 
del ejido “La Nueva Vida...”. 

4.- Si, en el reglamento Interno del ejido La Nue¬ 
va Vida, se prevé la aplicación de multas, en el 
Capítulo Séptimo “De las sanciones”, específica¬ 
mente en sus artículos 48 a 51 de dicho regla¬ 
mento interno: 

“Art. 48.- Cuando un ejidatario o poblador le 
falte al respeto a otro compañero se le privará de 
la voz y voto en la Asamblea, en el caso de los 
ejidatarios y en el caso de los pobladores, se hará 
una llamada de atención en la Asamblea. Una 
falta de respeto en el ejido puede ser aquella que 
dañe la integridad física o moral o en los bienes 
de cualquier persona, por ejemplo: allanamiento 
de morada, amenazas, robo, o cualquiera que 
atente contra la persona agraviada”. 

Art. 49.- El Ejidatario o poblador que se pre¬ 
sente a la Asamblea en estado de ebriedad 
será acreedor a una multa de 200 pesos, al no 
pagar la multa no pasará lista de asistencia en 
la siguiente Asamblea, así mismo si algún eji¬ 
datario o poblador asiste con alguna clase de 
arma, será despojado de la misma y turnado a 
las autoridades correspondientes. 

Art. 50.- El ejidatario o poblador que no asista 
a las fajinas será sancionado con la cantidad 
que destine la Asamblea. 

Art. 51.- Se sancionará de acuerdo a la Asam¬ 
blea a los ejidatarios o pobladores por medio 


de las Asambleas por los siguientes motivos: 

A) Vender bebidas embriagantes 

B) Al que se sorprenda consumiendo droga, 
será sancionado del ejido y será turnado a la 
autoridad correspondiente; y C) Todo ejidata¬ 
rio tiene la obligación de dar acceso cuando 
en su parcela económica exista algún callejón 
ejidal de acceso para parcelas. 

Art. 52.- Es causa de destitución o separación 
del ejido y del núcleo de población, previo 
aviso en la Asamblea, si un ejidatario o pobla¬ 
dor es soiprendido cometiendo ilícitos graves, 
como son: quitar la vida a otra persona, abuso 
físico o sexual a una mujer o menor de edad, o 
cualquier otro que atente contra una persona 
agraviada en el ejido. Además las autoridades 
del ejido se harán cargo de dar aviso a las au¬ 
toridades municipales correspondientes y ha¬ 
cer la denuncia”. 

5.- Como se mencionó en líneas que anteceden 
a la presente, el reglamento Interno del Ejido de 
La Nueva Vida contempla la separación o des¬ 
titución de un miembro del ejido o de la pobla¬ 
ción. Se señala específicamente en el artículo 52 
que a la letra dice: 

Art. 52.- Es causa de destitución o separación 
del ejido y del núcleo de población, previo 
aviso en la Asamblea, si un ejidatario o pobla¬ 
dor es soiprendido cometiendo ilícitos graves, 
como son: quitar la vida a otra persona, abuso 
físico o sexual a una mujer o menor de edad, o 
cualquier otro que atente contra una persona 
agraviada en el ejido. Además las autoridades 
del ejido se harán cargo de dar aviso a las au¬ 
toridades municipales correspondientes y ha¬ 
cer la denuncia”. 

En el caso que nos ocupa y que involucra al C. 
Guillermo Mendoza López, le fue llamada la 
atención en por los menos tres ocasiones ante¬ 
riores a que se procediera a la imposición de la 


Año 2012 • 109 



Ana H¡Ida Ramírez Contreras 


sanción monetaria y a la separación del ejido. 
Cabe mencionarse que dichas resolución se to¬ 
maron en el marco de las respectivas Asambleas 
Generales. 

6.- Como ya lo mencione líneas arriba, la máxi¬ 
ma autoridad en la toma de decisiones es la 
Asamblea Comunitaria y quienes ejecutan sus 
resoluciones son el Comisariado Ejidal o el Co¬ 
misario Municipal, es necesario mencionar que 
dichos funcionarios públicos son nombrados por 
la Asamblea Comunitaria, que sesiona cada tres 
meses y esta designación se hace pensando en 
el bienestar social de todos los ciudadanos, del 
colectivo, por lo que la responsabilidad que les 
atañe a dichos funcionarios debe responder con 
su conducta y de sus acciones ante la comunidad. 
También es importante mencionar que el sentido 
de autoridad en el Ejido La Nueva Vida significa 
llevar a cabo, al pie de la letra, las decisiones de 
la Asamblea General de Ciudadanos, quien es 
quien determina, y ejecuta, en su caso el Presi¬ 
dente del Comisariado Ejidal o el Municipal. 

C. Conclusiones 

1. En el Ejido de La Nueva Vida la población 
que lo conforma son indígenas pertenecientes a 
las culturas totonacas, choles, mixtéeos, zapote¬ 
cos, entre otros, correspondiendo a los involucra¬ 
dos en el asunto que nos ocupa una identidad 
chol para Guillermo Mendoza López y mixteco 
para Rosendo Reyes Rueda. 

2. En el Ejido La Nueva Vida, la dinámica co¬ 
munitaria se sustenta en un Sistema Normativo 
Vigente, el que regula y sanciona las activida¬ 
des sociales, entre sus habitantes, en dónde la 
máxima autoridad es la Asamblea Comunitaria 
y quien ejecuta las acciones son el Comisariado 
Ejidal o el Comisariado Municipal. 

3. En el Ejido La Nueva vida, si existe un instru¬ 
mento normativo que regula la vida cotidiana y 


las relaciones sociales entre los habitantes y ejida- 
tarios de dicho lugar, siendo éste el reglamento 
interno de dicho ejido. 

4. Si, en el reglamento interno del ejido La Nueva 
Vida, si se prevé la aplicación de multas, específi¬ 
camente en el Título Séptimo. De las Sanciones, 
específicamente en sus artículos del 48 al 52. 

5. En el reglamento interno del ejido La Nueva 
vida si se prevé la destitución o separación de un 
ejidatario o poblador, cuando se hayan agotado 
las particularidades del caso. Esto se sustenta es¬ 
pecíficamente en el contenido del art. 52 de di¬ 
cho instrumento formal. 

6. En el Ejido La Nueva Vida, la máxima auto¬ 
ridad de la toma de decisiones es la Asamblea, 
ya sea ejidal o comunitaria, recayendo en el pre¬ 
sidente del ejido o en el delegado municipal, la 
responsabilidad de ejecutar dichas decisiones. En 
el caso que nos ocupa, la responsabilidad recayó 
en el C. Rosendo Reyes Rueda, autoridad muni¬ 
cipal del ejido La Nueva Vida. 

7. Las conclusiones expuestas se sustentan a lo 
largo del presente trabajo ubicado en el contex¬ 
to sociocultural, el cual influye preponderante- 
mente en las circunstancias en que el presunto 
responsable se vio inmerso. El C. Rosendo Re¬ 
yes Rueda siempre actuó en apego al sistema 
normativo que rige al interior de la comunidad, 
tal y como lo establece el reglamento Interno, 
como parte del procedimiento de vigilancia del 
orden interno y convivencia pacífica, las sancio¬ 
nes monetarias y en caso extremo la expulsión 
de alguno de sus miembros que realice una con¬ 
ducta inadecuada. 

ATENTAMENTE 

ETNOH. ANA HIEDA RAMÍREZ CONTRERAS 
San Francisco Campeche a 04 de agosto de 2009. 


110» Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



NOTA 


Tribunal Permanente de los 
Pueblos Indígenas (TPP) 
Capítulo México, se reúne en México 


Carmen Cariño Trujillo 

carmencarinot@hotmail. com 
(Doctorado en Ciencias Antropológicas UAM-I) 

“Estamos luchando juntas, queremos que se acabe la \iolencia contra las mujeres” 


Durante los días 7 y 8 de marzo de 2012, se rea¬ 
lizó en Chiapas, la audiencia temática: Feminici- 
dios y violencia contra las mujeres, en el marco 
del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) 
capítulo México. El TPP es un tribunal ético y 
de conciencia, nace en 1979, en Bolonia, Italia, 
con la finalidad de visibilizar y juzgar los hechos 
denunciados como crímenes contra la humani¬ 
dad. Así mismo tiene como finalidad convertir 
en permanente la función desempeñada por los 
tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y 
sobre las dictaduras en América Latina (1974- 
1976). Desde entonces el tribunal se ha reunido 
en distintos países con la finalidad de ser una tri¬ 
buna permanente para dar la palabra y visibili¬ 
zar a los pueblos que han sufrido violaciones a 
sus derechos fundamentales. 

En México, desde 2009, diversas organizaciones 
sociales, civiles, defensores y defensoras de dere¬ 
chos humanos, académicos(as) y personas en lo 
individual impulsan la sesión del TPP en colabo¬ 


ración con la Fundación Lelio Basso, de Italia, 
que tienen a su cargo la continuidad el TPP en 
cualquier parte del mundo. 

Para el caso del capítulo México, el TPP tiene 
como finalidad visibilizar la situación de violen¬ 
cia estructural imperante nuestro país, así como 
sus múltiples expresiones. Lo importante en este 
tipo de tribuna no sólo es la exigencia final de 
justicia, sino también “el proceso de progresivo 
empoderamiento jurídico de las víctimas como 
sujetos vulnerados que tienen la capacidad de re¬ 
construir su propio tejido social”. 

En esta pre-audiencia realizada en Chiapas, 
las juezas que la presidieron son feministas con 
una importante trayectoria en la defensa de los 
derechos de las mujeres a nivel internacional: 
Alda Fació, Edda Gavióla, Jules Falquet, Pilar 
Noriega, Sara Dalila Mux Mux. Ellas escucha¬ 
ron junto con las y los asistentes, las denuncias 
que ante este tribunal de conciencia presenta- 


Año 2012 «111 



Carmen CariñoTrujillo 


ron mujeres indígenas y mestizas chiapanecas 
en torno a cuatro ejes: Feminicidios y contrain- 
surgencia; violación al debido proceso; violen¬ 
cia feminicida, sexual y doméstica, y violencia 
estructural. 

El feminicidio se define como la muerte de muje¬ 
res por el sólo hecho de ser mujeres; la violencia 
de género hace referencia a los múltiples tipos de 
violencia en el que las mujeres son objeto debido 
también al hecho de ser mujeres y se expresa en 
formas específicas como la violación sexual, el 
negarles su derecho a ser propietarias, quitarles 
a sus hijos, el acoso sexual, la feminización de 
la pobreza, etc. Estas violencias presentes en la 
sociedad mexicana se profundizan aún más en 
razón del género, clase y etnia, es decir si se trata 
de mujeres, pobres y además indígenas. 

En el Teatro de la Ciudad en San Cristóbal de las 
Casas, y frente a hombres y mujeres provenientes 
de distintas regiones del Estado, las denunciantes 
levantaron su voz para evidenciar la violencia de 
la que han sido objeto. Entre los casos presentados 
se encuentran el de las hermanas González, indí¬ 
genas tzeltales que fueron violadas por miembros 
del Ejército Mexicano en 1994, en el marco de 
la guerra de baja intensidad tras el levantamien¬ 
to del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. 
Frente a otras mujeres Celia González, que a los 
12 años fue violada, denunció que: “después de 
17 años por fin podía desahogarse y denunciar 
juntas lo que está ocurriendo”. Los efectos en 
sus cuerpos y sus corazones permanecen 17 años 
después y se expresan en enfermedades, miedo, 
estigmatización, dolor, angustia, aislamiento. Así 
las mujeres señalaron: “Queremos que salgan los 
militares y paramilitares de nuestros pueblos por¬ 
que somos las mujeres las que más corremos peli¬ 
gro cuando ellos ocupan nuestros territorios”. 

La violación al debido proceso legal es otra forma 
en la que se han violentado los derechos de las 
mujeres, más aún cuando se trata de mujeres indí¬ 


genas, pobres, monolingües y analfabetas, que sin 
traductor ni abogado defensor han sido condena¬ 
das a prisión siendo inocentes, obligadas a fumar 
y declararse culpables. Es el caso de Rosa López, 
indígena tzotzil, condenada a 27 años, seis meses 
y 17 días de prisión por el delito de secuestro que 
no cometió y en el que declara, desde prisión: “me 
torturaron para que me dijera culpable”. 

La violencia feminicida, sexual y doméstica pre¬ 
valece y atenta gravemente contra los derechos 
de las mujeres. De tal forma que las mujeres son 
agredidas física, psicológica y moralmente, al 
grado de ser violadas y asesinadas por algún in¬ 
tegrante de la familia o por redes de prostitución 
y trata. Frente a esto las autoridades, por acción 
u omisión, no han sido capaces de garantizar los 
derechos de las mujeres y el castigo a los agreso¬ 
res, permitiendo de esta forma un ambiente pro¬ 
picio para las agresiones. 

Las mujeres también han sido despojadas de su de¬ 
recho a la tierra, como señalaron campesinas de 
Frontera Comapala, a partir de la negación al de¬ 
recho a poseer un pedazo de tierra, la cual deman¬ 
dan en voz de Amalia Vázquez: “Como mujeres 
tenemos derecho a poseer un pedazo de tierra para 
trabajar y para darles de comer a nuestros hijos”. 

La violencia hacia las mujeres tiene, pues, un origen 
estructural. Por lo que “todos los casos presentados 
demuestran la persistencia de fuertes estereotipos 
y estigmatizaciones de género, racistas y clasistas y 
dejan claro que la violencia contra las mujeres ope¬ 
ra de manera articulada y fonna parte del sistema 
discriminatorio patriarcal, racista y capitalista neo¬ 
liberal, por lo que debe visibilizarse la interdepen¬ 
dencia, tanto del conjunto de los derechos humanos 
de las mujeres, como de sus violaciones”. 

Frente a las denuncias presentadas, las juezas 
concluyeron: 

1. Sobre feminicidio y contrainsurgencia en 
Chiapas: Las políticas contrainsurgentes 


112» Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Tribunal Permanente de los Pueblos Indígenas (TPP) Capítulo México 


generan violencia militar y paramilitar, 
como práctica habitual y sistemática. Exis¬ 
te una estrategia deliberada y planificada 
que usa la violencia contra las mujeres, in¬ 
cluyendo a la violencia sexual y a la tortura 
sistemática, como un instrumento central 
para aterrorizar a la población, destruir el 
tejido social y limitar la movilidad, la vida y 
el acceso a los elementos materiales, socia¬ 
les y espirituales necesarios para la vida de 
las mujeres, individual y colectivamente. 

2. Sobre las violaciones al debido proceso: Se 
observó que las mujeres chiapanecas viven 
una situación de inacceso a la justicia para las 
mujeres indígenas y mestizas (que implica la 
debida averiguación, detención yjuicio); agra¬ 
vada por la situación de exclusión, pobreza y 
racismo. La falta de procuración de justicia, 
la discriminación de las mujeres indígenas, la 
utilización facciosa de la ley y el encarcela¬ 
miento injusto, son lastres que se acarrean de 
siglos atrás y que se ven incrementados en un 
contexto de supuesta lucha contra el crimen 
organizado, donde apremia elevar el número 
de detenciones y sentencias. 

3. La violencia sexual y doméstica ocurre como 
consecuencia de condiciones estructurales y 
situaciones específicas derivadas de la des¬ 
igualdad de género. En la mayoría de los 
casos vemos que esta violencia es reiterada 
y alimentada por la impunidad, desde los 
aparatos de justicia, las costumbres machis- 
tas que minimizan las fomras de violencia 
contra las mujeres o las justifican con argu¬ 
mentos que desacreditan la “buena moral” 
y conducta de las mujeres violentadas. 

4. Sobre la violencia estructural: El TLCAN, 
las políticas públicas y las consecuencias 
políticas del Estado, no garantizan a las 
mujeres una vida digna, al contrario, las 
colocan en condiciones de aguda y cre¬ 


ciente pobreza (especialmente a las mu¬ 
jeres indígenas), viviendo con miedo, sin 
voz y teniendo que trabajar más, sin la 
posibilidad de desarrollar sus potenciali¬ 
dades y hasta despojándolas a ellas y a sus 
familiares de sus territorios tradicionales. 

Eloy en día el contexto en México, en general, 
y en particular en Chiapas, se caracteriza por la 
mezcla entre “guerra de baja intensidad” y lucha 
contra la delincuencia organizada. De esta com¬ 
binación surgen y se acentúan nuevas formas de 
violencia contra las mujeres en el que se incluyen 
la creación de nuevos delitos, violencias policia- 
cas-carcelarias, desplazamiento y migración for¬ 
zada, todo en el marco de un contexto de grave 
impunidad, señalaron las juezas. 

Con base en los testimonios y sus respectivos expe¬ 
dientes, las juezas afirmaron que: El Estado mexi¬ 
cano, como parte de la comunidad internacional, es 
omiso en sus obligaciones de garantizar el respeto, 
goce y ejercicio de los Derechos Elunranos de las 
mujeres, en especial de las mujeres de los pueblos 
originarios. Recomendaron que: Los tres niveles de 
gobierno tomen medidas eficaces, tanto jurídicas 
como progresivas, para garantizar a las mujeres una 
vida digna. En ese sentido las mujeres ahí presentes 
demandaron que: “El Estado debe garantizar que 
nunca más se presentarán hechos que afecten a la 
dignidad e integridad de las mujeres”. 

Margarita, originaria de Mitontic y presa duran¬ 
te 4 años, acusada injustamente por homicidio de 
su cónyuge, con una voz suave, segura y digna, 
exigió: “Que se revisen los expedientes de todas 
las mujeres presas, porque yo no soy la única que 
está viviendo todo esto”. 

El TPP ha sido, en este caso, un ejercicio importante 
contra la desmemoria, la denuncia pública y un es¬ 
pacio en el que las mujeres, que han vivido las múlti¬ 
ples formas de la violencia, se encuentran, se herma¬ 
nan y se dicen así mismas: “no estamos solas”. 


Año 2012 • 113 



Eventos de Antropología en 2012-2013 


2012 

ENERO 

Evento: C ONFERENCIAINTERC ONTINEN- 
TAL DE LA SOCIETY FOR AMERICAN AR- 
CHAEOLOGY 
(SAA) 

Lugar: Ciudad de Panamá, Panamá 
Fecha: 13 a 15 de enero de 2012 
Web: http://www.saa.org/ConferenciaInterconti- 
nental/tabid/1438/Default.aspx 

FEBRERO 

Evento: CONGRESO INTERNACIONAL 
IAIE 2012. “TAPALEWILIS PARA LA EDU¬ 
CACIÓN INTERCULTURAL: COMPAR¬ 
TIENDO EXPERIENCIAS, CONSTRUYEN¬ 
DO ALTERNATIVAS” 

Lugar: Xalapa, Veracruz, México 
Fecha: 15 a 17 de febrero de 2012 
Web: http://www.iaieveracruz.org/ 

MARZO 

Evento: DIPLOMADO EN JUSTICIA Y PLU¬ 
RALISMO. VI PROMOCIÓN 
Fecha: 8 de marzo al 25 de octubre de 2012. 
Jueves de 17:00 a 21:00 hrs. 

Sede: Programa México Nación Multicultural- 
UNAM. 

Web: http://justiciaypluralidad.wordpress.com y 

justiciaypluralismo@gmail.com 

Tel: 5616 0020 y 5616 1045Ext. 214 


Evento: COLOQUIO INTERNACIONAL: 
REFLEXIONES SOBRE EL TRABAJO DE 
CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA, AYER Y HOY 
Lugar: Ciudad Universitaria, México D.F. 
Fecha: 14 al 16 de marzo de 2012 
Sede: Instituto de Investigaciones Antropológi¬ 
cas 

WEB: http://www.iia.unam.mx/ 

Evento: 2DO. CONGRESO DE LA RED DE 
INVESTIGADORES SOCIALES SOBRE EL 
AGUA (R-ISSA). 

Lugar: Hotel Villa Montecarlo en Chapala, Gua- 

dalajara, Jalisco, México 

Fecha: 21 al 23 de marzo de 2012. 

Informes: 2do.congresolarissa@gmail.com 

Evento: XVIII CONGRESO INTERNACIO¬ 
NAL DE ANTROPOLOGÍA IBEROAMERI¬ 
CANA “ESTÉTICA, CULTURA Y PODER: 
CONVERGENCIAS BAJO UN ENFOQUE 
TRANSDISCIPLINARIO” 

Lugar: San Luis Potosí, México 
Fecha: 29 a 31 de marzo de 2012 
Web: http://ciai.uaslp.mx/ 

Evento: XV JORNADAS ANKULEGI DE AN¬ 
TROPOLOGÍA. CUESTIONES CONTEM¬ 
PORÁNEAS SOBRE PARENTESCO 
Lugar: Donosti, San Sebastián (España) 

Fecha: 16/03/2012 hasta el día: 16/03/2012 
Web: http://www.ankulegi.org/aldizkaria-revista- 
revue/ankulegi-normas.pdf 


114» Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Evento: REUNION BIENAL DEL CONSEJO 
MUNDIAL DE ASOCIACIONES DE AN¬ 
TROPOLOGÍA (WORLD COUNCIL OF 
ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATIONS- 
WCAA) 

Lugar: Nueva Delhi, India 

Fecha: 31 de marzo al 3 de abril de 2012 

Web: www.caanet.org 

ABRIL 

Evento: DIPLOMADO EN CIENCIAS AN¬ 
TROPOLÓGICAS, VI PROMOCIÓN 
Lugar: Sala 1 Coordinación Nacional de Antro¬ 
pología INAH/Tuxtla Gutiérrez Chiapas, México 
Fecha: 19 de abril al 13 de diciembre, jueves de 
16:00 a 20:00 hrs. 


Web: www.antropologia.inah.gob.mx, capaci- 
tacion2@yahoo.com y tel: (55) 4040 54 00 exts. 
4251 y 4252. 

Evento: DIPLOMADO EN ANÁLISIS DE LA 
CULTURA 

Lugar: Sala 1 Coordinación Nacional de Antro¬ 
pología INAH 

Fecha: 17 de abril al 11 de diciembre, martes de 
16:00 a 20:00 hrs. 

Web: www.antropologia.inah.gob.mx, 

capacitacion2@yahoo.com y tel: (55) 4040 54 00 
exts. 4251 y 4252. 

Evento: SEMINARIO “GESTIÓN DEL AGUA: 
DE LO LOCAL A LO INTERNACIONAL” 
Centro de Formación de la Coopera¬ 
ción Española, La Antigua Guatema¬ 
la, Guatemala 
Lugar: Antigua Guatemala. 

Fecha: 25-27 de abril 2012 
Informes: Dra. Edith F. Kauffer Mi- 
chel. (CIESAS)-Sureste risaí2010@ 
gmail.com 

Ing. Agr. Adalberto Rodríguez Gar¬ 
cía. Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC) adalhuehue@ 
yahoo.com.mx 

Ing. Agr. M.Sc. Tomas Padilla C. 
Universidad de San Carlos de Gua¬ 
temala (USAC) tpadillacambara@ 
hotmail.com 



A. Zirión. Niños tayrona 


Año 2012 • 115 



Evento: V CONGRESO DE ARQUEOLOGÍA 
HISTÓRICA ARGENTINA 
Lugar: Buenos Aires, Argentina 
Fecha: 26 a 28 de abril de 2012 
Web: http://www.vconarqhist.com.ar/ 

MAYO 

Evento: XXXIV CONGRESO INTERNACIO¬ 
NAL DE AMERICANÍSTICA 
Lugar: Perugia, Italia 
Fecha: 3 a 10 de mayo de 2012 
Web: www.amerindiano.org 

Evento: SIMPOSIO “PAISAJES ARQUEOLÓ¬ 
GICOS DEL HOLOCENO TARDÍO: INTE¬ 
RACCIONES ENTRE SERES HUMANOS Y 
ENTORNOS” 


A. Zirión. Serie segundo piso 


Lugar: Rosario, Argentina 
Fecha: 12 a 14 de mayo de 2012 
Web:http://www.naya.org.ar/eventos/simposio_ 
paisajes_arqueologicos_holoceno_tardio.htm 

Evento: XXX CONGRESO INTERNACIO¬ 
NAL DE LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS 
LATINOAMERICANOS (LASA). “HACIA EL 
TERCER SIGLO DE INDEPENDENCIA EN 
AMÉRICA LATINA”. 

Lugar: San Francisco, California, EUA 
Fecha: 23 al 26 de mayo de 2012. 
http://lasa.international.pitt.edu/esp/congress/in- 
dex.asp 

Evento: II ENCUENTRO LATINOAMERI¬ 
CANO DE ZOOARQUEOLOGÍA (ELAZ) 
Lugar: Santiago de Chile 
Fecha: 29 de mayo a 1 de junio de 
2012 

Web: http://www.naya.org.ar/ 

eventos/2elz.htm 

Evento: CONGRESO Y PRE-ALAS 
“INTERCULTURALIDAD, CON¬ 
FLICTOS, PAZ Y DEMOCRACIA 
EN MÉXICO Y AMÉRICA LATI¬ 
NA” 

Lugar: Unidad Los Mochis, Sinaloa 
Universidad Autónoma Indígena de 
México 

Fecha: 28 Y 29 DE MAYO DE 2012 
Web: http://www.uaim.edu.mx/alas/ 



116» Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



JUNIO 

Evento: CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ARQUEOLOGÍA Y ARTE RUPESTRE 25 
AÑOS 
SIARB 

Lugar: La Paz, Bolivia 

Fecha: 25 a 29 de junio de 2012 

Web: http://www.siarbcongress.org/ 

JULIO 

Evento: 28° REUNIÓN BRASILEÑA DE AN¬ 
TROPOLOGÍA. “DESAFIOS ANTROPOLÓ¬ 
GICOS CONTEMPORÁNEOS” 

Local: PUC-Sao Pablo, Brasil 
Fecha: 02 a 05 de Julio de 2012 
Web: http://www.abant.org.br/ Site: http:// 
www. 2 8rba. abant. org.br/ 

Evento: 54 CONGRESO INTERNACIONAL 
DE AMERICANISTAS - ICA 54 - “CONS¬ 
TRUYENDO DIÁLOGOS EN LAS AMÉRI- 
CAS 

Lugar: Viena, Austria 
Fecha: 15 a 20 de julio de 2012 
Web: https://ica2012.univie.ac.at/ 

Evento: XIX FORO ESTUDIANTIL LATI¬ 
NOAMERICANO DE ANTROPOLOGÍA Y 
ARQUEOLOGÍA 
FELAA-MÉXICO 2012 
Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana- 
Iztapalapa (UAM-I). Ciudad de México, México 


Fecha: 23 a 27 de julio de 2012 
Web: http://felaamexico20 12.com/ 

AGOSTO 

Evento: XIV JORNADAS INTERNACIONA¬ 
LES SOBRE LAS MISIONES JESUÍTICAS 
Lugar: San Ignacio de Velasco, Bolivia 
Fecha: 7 al 10 de agosto de 2012 
Web: http://www.naya.org.ar/eventos/ 14_jorna- 
das_misiones_jesuiticas.htm 

Evento: I CONGRESO INTERNACIONAL 
SOBRE ARTE, ARQUITECTURA Y CON¬ 
SERVACIÓN DEL PATRIMONIO JESUÍTI¬ 
CO EN AMÉRICA. ÚLTIMOS APORTES E 
INVESTIGACIÓN 
Lugar: Buenos Aires, Argentina 
Fecha: 8 a 10 de agosto de 2012 
Web: http://www.congresojesuiticoam.com.ar/ 

Evento: II CONGRESO DE FOLKLORE Y 

TRADICIÓN ORAL EN ARQUEOLOGÍA 

Lugar: Ciudad de México 

Fecha: 20 a 24 de agosto de 2012 

Web: http://j ornadasfolklorearqueologia. blogs- 

pot.com/ 

SEPTIEMBRE 

Evento: VI REUNIÓN INTERNACIONAL 
DE TEORÍA ARQUEOLÓGICA DE AMÉRI¬ 
CA DEL SUR (VI TAAS) 

Lugar: Goiania, Brasil 

Fecha: 17 a 21 de septiembre de 2012 

Web: http://vitaas.blogspot.com/ 


Año 2012 • 11 7 



Evento: II CONGRESO NACIONAL DE AN¬ 
TROPOLOGÍA SOCIAL Y ETNOLOGÍA 
“SOBERANÍAS NEGOCIADAS EN LAS CO¬ 
TIDIANIDADES DEL SIGLO XXI” 

Lugar: Morelia, Michoacán 
Fecha: 26 al 28 de septiembre de 2012 
Web: http://www.ceas.org.mx/ 
http://www.congresoantropologialO.com/ 

OCTUBRE 

Evento: XIX CONGRESO NACIONAL DE 
ARQUEOLOGÍA CHILENA 
Lugar: Arica, Chile 
Fecha: octubre de 2012 

Web: http://www.scha.cl/congreso_nacionales. 
php 

Evento: VI CONGRESO NACIONAL DE IN¬ 
VESTIGACIONES EN ANTROPOLOGÍA 
DEL PERÚ - CNIAP 2012 
Lugar: Puno, Perú 
Fecha: 2 a 5 de octubre de 2012 
Web: http://www.scha.cl/congreso_nacionales. 
php 

Evento: XXXV ENCUENTRO INTERNA¬ 
CIONAL RNIU 2010, PAISAJE URBANO: 
DEBATE, DESAFÍOS Y SUSTENTABILI- 
DAD, (Red Nacional de Investigación Urbana. 
10, 11 y 12 de octubre, San Luis Potosí, Méxi¬ 
co. 

WEB: www.miu.uaslp.mx 


Evento: II ENCUENTRO REGIONAL SOBRE 

EL PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 

Y COSTERO 

Lugar: Rosario, Argentina 

Fecha: 17 a 19 de octubre de 2012 

Web: http://www.facebook.com/note.php2note_ 

id=160284487332848 

Evento: I ENCUENTRO REGIONAL Y PA¬ 
TAGÓNICO EN GESTIÓN SOCIOCULTU- 
RAL. “PRÁCTICAS, REFLEXIONES Y DE¬ 
SAFÍOS EN NUESTRA REGIÓN” 

Lugar: Ushuaia, Tierra del Fuego Argentina 

Fecha: 26 y 27 de octubre de 2012 

Web: http://www.naya.org.ar/eventos/leipgs.htm 

NOVIEMBRE 

Evento: III CONGRESO LATINOAMERICA¬ 
NO DE ANTROPOLOGÍA (ALA) “ANTRO¬ 
POLOGÍAS EN MOVIMIENTO. IDEAS 
DESDE UN SUR CONTEMPORÁNEO” 
Lugar: Santiago de Chile y Temuco 
Fechas: 5 al 9 de noviembre de 2012 
Web: www.facso.uchile.cl/antropologia/ala2012 

Evento: XV JORNADAS DE LENGUA Y LI¬ 
TERATURA MAPUCHE Y IV CONGRESO 
INTERNACIONAL DE LENGUAS Y LITE¬ 
RATURAS INDOAMERI CANAS. 

Lugar: Temuco, Chile 

Fecha: 14 a 16 de noviembre de 2012 

Web: htp://www.lenguasyliteratura.cl/index.html 


118» Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 



Evento: VI SIMPOSIO INTERNACIONAL 
“EL HOMBRE TEMPRANO EN AMÉRICA: 
MODELOS DE POBLAMIENTO Y APOR¬ 
TES DESDE LAS TERRITORIALIDADES 
TROPICALES” 

Lugar: Pereira-Armenia-Manizales, Colombia 
Fecha: 20 a 23 de noviembre de 2012 
Web:http://www.naya.org.ar/eventos/6simposio_ 
hombre_temprano_en_america.htm 


2013 

Evento: IX CONGRESO DE LA ASOCIA¬ 
CIÓN DE ESTUDIOS RURALES A.C. 
(AMER). “CRISIS CIVILIZATORIA EN EL 
MÉXICO RURAL: ESCENARIOS Y RES¬ 
PUESTAS LOCALES, REGIONALES Y NA¬ 
CIONALES” 

Lugar: Centro Universitario de Ciencias. Guada- 
lajara, Jalisco, México. 

Fecha: 5 al 8 de marzo de 2013. 

Web: http://www.amer.org.mx/ 

congreso_9Guada/index.html 


Evento: XIX CONGRESO DE LA UNIÓN 
INTERNACIONAL DE CIENCIAS ANTRO¬ 
POLÓGICAS (UIAES) 

Lugar: Manchester, Reino Unido 
Fecha: 5 al 10 de agosto de 2013. 

Web: http://www.iuaes2013.Org/#, http://www. 
iuaes.org/ 



n CONGRESO NACIONAL 
DE ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL Y ETNOLOGÍA 

“Soberanías negociadas en las cotidianidades del siglo XXI” 



SEDE DEL CONGRESO